El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue condenado este jueves a cadena perpetua por un tribunal de Seúl, tras ser declarado culpable del delito de insurrección por la fallida declaración de ley marcial a fines de 2024, episodio que desencadenó una de las crisis políticas más severas desde el retorno democrático del país.
La sentencia fue dictada por el Tribunal del Distrito Central de la capital, instancia que concluyó que el exmandatario intentó alterar el orden constitucional al desplegar militares y fuerzas antidisturbios en el Parlamento con el objetivo de frenar el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Aunque el estado de excepción se extendió solo por cerca de seis horas antes de ser bloqueado por los legisladores, el tribunal estimó que la medida buscaba socavar las bases del sistema democrático.
Pese a que la Fiscalía había solicitado la pena de muerte, los jueces optaron por la prisión perpetua, en un país donde existe una moratoria de facto sobre las ejecuciones.
La resolución también alcanzó a otras exautoridades. El exministro de Defensa Kim Yong-hyun recibió una condena de 30 años de cárcel por su participación en los hechos. A ellos se suman sentencias anteriores contra el ex primer ministro Han Duck-soo, condenado a 23 años, y el exministro del Interior Lee Sang-min, quien deberá cumplir siete años de prisión.
Yoon había decretado la ley marcial la noche del 3 de diciembre de 2024, decisión que fue revertida por el Parlamento pocas horas después. Meses más tarde, en abril, el Tribunal Constitucional ratificó su destitución al considerar que no existían fundamentos suficientes para declarar una situación de emergencia.
Además de la pena conocida hoy, el exjefe de Estado ya había sido sentenciado en enero a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia, en el marco de las causas abiertas por el mismo episodio.
La lectura del fallo estuvo acompañada de manifestaciones en las inmediaciones del tribunal. Simpatizantes y detractores del exmandatario se congregaron bajo estrictas medidas de seguridad, ante el temor de disturbios como los ocurridos en enero pasado, cuando seguidores del expresidente irrumpieron en otra sede judicial para protestar por la prolongación de su detención.
El Maipo
