El proyecto presupuestario contempla un aumento superior al 36% para Subpesca y un incremento para Sernapesca, mientras el programa de fiscalización ambiental de la SMA registra una caída real de 19,2%. El contraste reabre el debate sobre las prioridades ambientales del Gobierno de José Antonio Kast.
El proyecto de Presupuesto 2027 vuelve a poner en el centro del debate la relación entre crecimiento productivo, permisos sectoriales y protección ambiental. Mientras el Gobierno apuesta por fortalecer los organismos vinculados al sector pesquero y acuícola, el programa de fiscalización ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) enfrenta una reducción real de 19,2%.
El contraste adquiere especial relevancia para la industria salmonera, debido a que el presupuesto contempla recursos adicionales para Subpesca y Sernapesca, junto con medidas destinadas a agilizar procedimientos y entregar mayor certeza regulatoria al sector.
Según los antecedentes presupuestarios difundidos este miércoles, Subpesca pasaría de $37.755 millones en 2026 a $52.915 millones en 2027, un incremento superior al 36%. Entre los objetivos planteados se encuentra avanzar en la simplificación de procedimientos y en la gestión de autorizaciones sectoriales.
En el caso de Sernapesca, el presupuesto también aumenta. El organismo contempla recursos para fortalecer funciones de fiscalización, entre ellas la adquisición de equipos para medir ácido sulfhídrico, vehículos y herramientas informáticas. Al mismo tiempo, sus objetivos para 2027 consideran ampliar la digitalización de trámites y reducir brechas de cumplimiento normativo en la acuicultura.
“Dar certezas” a la industria acuícola
El propio sector salmonero ha destacado que los lineamientos presupuestarios apuntan a “otorgar certezas” a la industria acuícola, incluyendo la aceleración de permisos sectoriales y modificaciones a la denominada Ley Lafkenche.
El proyecto contempla además $514 millones para una consulta indígena relacionada con la reforma de esta normativa, que regula los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios y que durante los últimos años ha generado tensiones entre comunidades, organizaciones indígenas y sectores productivos.
La orientación coincide con una agenda que Subpesca ya había planteado durante 2026, vinculada a la reducción de trabas administrativas, mayor certeza regulatoria y promoción de inversiones y empleo en la acuicultura. Desde el organismo, sin embargo, se ha sostenido que la modernización regulatoria debería avanzar sin disminuir los estándares ambientales y sanitarios.
El punto de controversia aparece al comparar este impulso con los recursos destinados a la institucionalidad encargada de controlar el cumplimiento ambiental.
La otra cara del Presupuesto 2027
De acuerdo con el análisis del proyecto presupuestario, el presupuesto total de la SMA disminuye 0,2% nominalmente, pero el recorte alcanza al 19,2% real cuando se observa específicamente su programa de fiscalización ambiental. Además, se contempla una reducción de 14 cargos de planta y dos cargos a honorarios.
La SMA cumple un papel central en la fiscalización de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y en la detección y sanción de incumplimientos de las condiciones ambientales establecidas para las actividades productivas.
En materia acuícola, además, la fiscalización no depende de un solo organismo. Sernapesca también desarrolla labores de control ambiental, incluyendo inspecciones relacionadas con proyectos sujetos al SEIA, informes ambientales y protección de reservas y parques marinos. La SMA, por su parte, coordina la Red Nacional de Fiscalización Ambiental, que articula a distintos organismos con competencias ambientales.
Por ello, el debate no pasa simplemente por contraponer a Sernapesca con la SMA. La pregunta es si el fortalecimiento de las instituciones sectoriales y la agilización de permisos está acompañado por una capacidad equivalente para controlar los impactos ambientales de las actividades autorizadas.
¿Modernización o debilitamiento del control?
La incorporación de tecnología a los procesos de fiscalización puede representar un avance. Digitalizar trámites, mejorar los sistemas de información y contar con mejores instrumentos de monitoreo pueden hacer más eficiente la labor del Estado.
Pero la modernización tecnológica no reemplaza la capacidad institucional. Una fiscalización efectiva requiere funcionarios, presencia territorial, inspecciones, capacidad de análisis y herramientas para investigar y sancionar incumplimientos.
El propio programa plurianual de la SMA para 2025-2027 plantea como objetivos fortalecer las capacidades técnicas, mejorar la coordinación entre organismos y desarrollar nuevas herramientas para la fiscalización ambiental.
En ese escenario, una reducción real de los recursos destinados específicamente a fiscalizar plantea una interrogante sobre la coherencia entre ambas prioridades.
Porque si el Estado busca acelerar permisos, reducir trabas administrativas y entregar certezas a las inversiones, también debe garantizar que existan instituciones suficientemente robustas para verificar que los proyectos cumplan las condiciones ambientales bajo las cuales fueron autorizados.
Una discusión que va más allá de la salmonicultura
El debate presupuestario no se limita a la industria del salmón. Los antecedentes disponibles muestran reducciones en otras áreas ambientales, entre ellas el programa de Desarrollo Sostenible, que pasaría de $8.109 millones a $4.555 millones, y el Fondo de Protección Ambiental, que disminuiría cerca de 29,4%.
Al mismo tiempo, una parte importante del crecimiento dentro del Ministerio del Medio Ambiente se concentra en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuya implementación constituye una nueva etapa de la institucionalidad ambiental chilena.
El problema, por tanto, no es solamente cuánto dinero se asigna al área ambiental, sino qué funciones se fortalecen y cuáles pierden capacidad presupuestaria.
El Presupuesto 2027 instala así una discusión política de fondo: mientras el Gobierno busca impulsar la inversión y acelerar la actividad productiva, particularmente en sectores como la acuicultura, la protección ambiental necesita contar con contrapesos institucionales capaces de fiscalizar los impactos de ese crecimiento.
La sostenibilidad no puede reducirse a incorporar tecnología o agilizar procedimientos. También implica asegurar que, una vez entregado un permiso, exista un Estado con capacidad suficiente para vigilar, exigir cumplimiento y sancionar cuando corresponda.
La pregunta queda abierta: ¿el Presupuesto 2027 está equilibrando adecuadamente el impulso productivo con la protección de los ecosistemas, o está priorizando la velocidad de la inversión por sobre la capacidad de fiscalización ambiental?
El Maipo
