En conversación exclusiva con elmaipo.cl, Yerko Ljubetic sinceró su crítica visión por la manera como se validó el Consejo Constitucional: lleno de bordes, límites y amarres. Decidió participar como candidato porque aquí se va a discutir el marco institucional de Chile para los tiempos que vienen y eso para alguien con responsabilidad política, que además pertenece a un partido y coalición de gobierno, es algo que no se puede eludir.
Su candidatura es consistente con su trayectoria de lucha desde el plebiscito fraudulento del 80 para instaurar la constitución pinochetista, hasta su actual su participación en el partido Convergencia Social y el Frente Amplio. Como abogado de la Universidad de Chile, ex presidente de la FECH, académico, especialista en derecho del trabajo y derechos humanos, cree que son importantes derechos sociales.
Piensa que el Consejo Constitucional es el depositario de la voluntad popular y no los paneles de expertos: “Ellos cumplirán un rol subordinado al debate político de la Comisión Constitucional; que, por ser elegida por el pueblo, es la llamada a llegar a un acuerdo de texto que se hará llegar como propuesta plebiscitaria a la ciudadanía”, dice.
¿Por qué es candidato de un partido compuesto mayoritariamente por menores de 35 años?
En el partido Convergencia Social, del cual soy fundador, y en el Frente Amplio, se ha producido una creciente valoración de la riqueza intergeneracional. La legítima aspiración de una generación de reemplazar a otra ha sido superada por el reconocimiento a la diversidad generacional. Aspectos que antes se criticaban, ahora cobran relevancia, como el imperativo de lograr una más amplia articulación de las fuerzas transformadoras. La experiencia de quienes fuimos parte de los gobiernos de la Concertación o que luchamos contra la dictadura, pasa a ser atractiva para tener una alianza más amplia que Frente Amplio y Apruebo Dignidad.
¿Cómo evalúa a la Convención Constitucional?
Más allá de los errores cometidos en la Convención, de la actitud de algunos convencionales, de la campaña de desinformación impulsada por sectores conservadores y de la derrota del 4 de setiembre de 2022, debemos reconocer que no hubo antes en Chile una experiencia política tan democrática como aquella. El sistema eleccionario fue íntegramente representativo, a diferencia del actual, que está formulado sobre la base del modelo electoral del Senado, que produce distorsiones en la representación. También hubo inclusión de pueblos originarios e independientes, lo que permitió ampliar la representatividad del proceso.
¿Cómo se debe retomar la discusión sobre los pueblos originarios?
El lugar de los pueblos indígenas en la Constitución fue objeto de una contra campaña dura en el periodo anterior, cuando se llegó a decir que íbamos a terminar de ser una sola nación chilena. Pienso que debemos volver con seriedad y rigor a discutir distintas alternativas dentro del contexto de una nación única y un estado unitario, reconociendo lo más amplia y eficazmente posible la existencia y derechos de los pueblos originarios; para asegurar lo que les corresponde según tratados internacionales suscritos por Chile a la identidad cultural o a ser consultados sobre asuntos que les atañen. Sería muy deseable la Constitución dispusiera un marco mínimo para dar solución efectiva, pacífica y fraternal al conflicto de Walmapu. Llevamos 150 años de un incordio entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche y es necesario que la nueva Constitución disponga de normas que abran espacio a procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos entre el Estado y el pueblo mapuche para una solución.
¿Cómo ve los 12 puntos que constituyen los límites del actual Consejo Constitucional?
Los bordes son definiciones amplias que permiten debates e interpretaciones diversas. El mejor ejemplo es el concepto de Estado Democrático de Derechos, que asume tanto un candidato de derecha como uno de izquierda y, por lo tanto, es un contenido incompleto y por definir. Espero contribuir a que Estado sea garante de derechos sociales fundamentales a una vida digna para el conjunto de habitantes de Chile y eso significa dejar atrás el Estado subsidiario, para que prime el interés colectivo sobre intereses individuales.
¿Cuáles debieran ser los pilares de la nueva Constitución?
El ángulo de los derechos humanos permite establecer un amplio nivel de acuerdos. Pretendo impulsar con fuerza la concreción de las obligaciones internacionales del Estado de Chile por haber suscrito un conjunto muy rico y diverso de tratados internacionales, cuyo solo cumplimiento resolvería gran parte de los desafíos planteados.
Estado de Bienestar
En primer lugar, debe existir una robusta definición del Estado Social y Democrático de Derechos: laborales, a la educación, la salud, la vivienda o la previsión; como para dotar al Estado de las atribuciones que le permitan asegurar derechos sociales fundamentales para una vida digna. La libertad, que la derecha ha comenzado a levantar como discurso, es imposible de concebir para la inmensa mayoría de las personas si no tienen asegurados previamente estos derechos básicos.
Mejora del sistema político
Un segundo punto es aproximarse al perfeccionamiento del sistema de gobierno, porque el proceso anterior estuvo marcado por opciones académicas o doctrinarias sobre el presidencialismo o parlamentarismo. Hoy existe un sentido común compartido de que este es un país más cargado al presidencialismo, pero haciéndose cargo de la profunda distancia existente entre la sociedad y el sistema político. Parte de la tarea será acercar esos mundos y generar mecanismos de participación ciudadana, con iniciativas populares de ley o espacios para definir mediante plebiscitos o referéndum aspectos que requieren pronunciamiento de la ciudadanía.
Mayor colaboración entre Gobierno y Congreso Nacional
Es necesario perfeccionar el vínculo entre los poderes ejecutivo y legislativo, para concretar ideas que se conversaron en debates públicos, con innovaciones como la creación de un jefe de gobierno, distinto a un jefe de Estado, que tenga una relación cercana con el Congreso Nacional. Habrá debate sobre la fragmentación del sistema de partidos, y tendremos que hacer ajustes, pero bajo ninguna circunstancia volver al modelo binominal, porque sería un suicidio en lo que se refiere a acercar la política a las personas.
Más descentralización
Es necesario además volver a discutir los niveles de descentralización del país. Somos un Estado unitario, pero eso no significa que nos resignemos a una excesiva centralización política, administrativa e institucional, con una visión centralista distorsionada. El Estado central debe ceder poder a las regiones y sobre todo a las comunas, para que por esta vía se cierre la brecha existente entre la sociedad y el Estado. Acercar las decisiones a las personas tienen que ver también con una dimensión de descentralización.
Eliminación de discriminaciones
Debemos proscribir cualquier forma de discriminación, dado que la desigualdad estructural del país ha profundizado diversas situaciones discriminatorias. La Constitución debiera poseer los elementos necesarios como para que el futuro marco normativo termine con exclusiones de género, de origen social, de orientación sexual, nacionalidad o etnia.
Temas de futuro
También deben considerarse algunos temas de futuro como los neuro derechos, conectados con la preocupación que debemos tener sobre el desarrollo científico y tecnológico. En la medida en que la tecnología experimenta un prodigioso avance, ofrece posibilidades, pero también riesgos de que ciertos derechos, como los que se refieren a la privacidad o intimidad, sean afectados. Entonces debemos definir un marco constitucional que posibilite que el desarrollo de las tecnologías ocurra con pleno respeto a las personas.
Catástrofes naturales
Estamos experimentando cada vez con mayor frecuencia catástrofes naturales y se requiere un Estado en condiciones de acudir de manera oportuna en auxilio de las personas afectadas, pensando en una institucionalidad completa que sea eficaz para proteger a personas afectadas por catástrofes naturales, como: incendios forestales, aluviones, terremotos u otras situaciones parecidas, que cada vez serán más parte de nuestra vida cotidiana.
¿Cómo se debe encarar la eco sustentabilidad?
Uno de los méritos del proceso constitucional anterior fue sensibilizar al país sobre temas asimilados naturalmente por la ciudadanía como prioridades, como: la paridad de género o la preocupación por el cuidado del medioambiente. Es necesario conciliar la actividad de las empresas públicas o privadas con el bienestar integral de la sociedad. Las empresas deben evitar que sus actividades vulneren los derechos de terceros y que dañen el medioambiente. Solo en las regiones del Biobío o la Araucanía las empresas forestales tienen mas de un millón y medio de hectáreas de monocultivos y se sabe que las plantaciones de pino o eucaliptus son altamente combustibles.
Considerando el cambio climático y el aumento de la temperatura terrestre es indispensable evaluar preventivamente los efectos que su actividad productiva puede tener sobre las personas y poblados, incendiados porque los cultivos llegan hasta esos mismos pueblos. También estoy pensando en Puchuncaví o Quintero, en el Norte con las mineras y el agua, en las salmoneras y la contaminación de los mares interiores o lagos del Sur. La Constitución debe obligar a las empresas a desarrollar sus actividades acreditando previamente que han tomado las medidas necesarias para impedir, mitigar y reparar los efectos que su actividad tenga sobre las comunidades y la naturaleza.
¿Debe intervenir el gobierno en esta fase del proceso constituyente?
Aunque tenemos clara cuál es la opinión del presidente y del Gobierno, el Ejecutivo no debiera tomar partido en las diversas tesis que se plantean; aunque el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para que este proceso se desarrolle con la mayor eficacia y eficiencia posibles, pero sin involucrarse en el alguna de las tesis, estimulando solo la participación de la ciudadanía para recibir información veraz y oportuna, o en acciones que animen el contexto de un debate constituyente que debiera motivar el interés de las personas en opinar y participar en la resolución de asuntos que son relevantes para su existencia.
¿Cómo encarar la ruralidad en el nuevo texto constitucional?
Algunos piensan que la identidad chilena está vinculada con el rodeo y vestirse como Los Quincheros, pero esa era la identidad de los dueños de fundo. El mundo rural es mucho más diverso y tiene hoy variados problemas, que se agudizan porque hay una tendencia economicista, que se relacionan con un país exportador de materias primas y que desecha otras posibilidades de industrialización vinculadas por ejemplo con el turismo rural o agricultura sustentable y empleos basados en el conocimiento y las nuevas tecnologías.
Somos testigos además del desplazamiento de cultivos tradicionales que servían para alimentar mejor a la mayoría de la población, reemplazados por monocultivos de alta demanda en el exterior, con un riego enorme en cuanto a la pérdida de diversidad no solo biológica, sino también de identidades culturales y conocimientos ancestrales. Los municipios rurales tienen particularidades sobre las que hay que hacerse cargo y naturalmente, cuando se encara la ruralidad no se puede omitir el vínculo con el agua y su administración vital para la existencia de las personas, la naturaleza y la agricultura. La debilidad en las regulaciones y de la capacidad fiscalizadora del Estado sobre el uso del agua tras una radical privatización en favor de las grandes industrias y en desmedro de las comunidades campesinas, es un asunto crucial en el debate constitucional que viene.
Por Rubén Andino Maldonado, Periodista. Colaborador de elmaipo.cl
