Por Samatha Arias
En medio de la crisis energética más severa de las últimas décadas de Ecuador, el sistema eléctrico enfrenta una problemática institucional tras revelarse una presunta red de corrupción vinculada a la empresa estadounidense PROGEN.
El allanamiento a las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), liderado por el presidente Daniel Noboa, ha dejado en evidencia que, bajo la sombra de la emergencia, se desembolsaron 104 millones de dólares por equipos que hoy son considerados inservibles.
Noboa anunció que el Estado ecuatoriano, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), presentó una demanda civil en una corte de Estados Unidos contra la empresa Progen Industries.
El presidente resaltó que busca una reparación integral tras el fraude y el perjuicio económico derivado de los contratos fallidos para la generación eléctrica.
🔎💰💻 Corrupción y "chatarra eléctrica": el escándalo de una empresa estadounidense que golpea a Ecuador
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 20, 2026
En medio de la crisis energética más severa de las últimas décadas de Ecuador, el sistema eléctrico enfrenta una problemática institucional tras revelarse una presunta red… pic.twitter.com/Xa7lMXOvmc
Campo de cultivo para la corrupción
La infraestructura eléctrica de Ecuador sufrió en 2024 el estiaje más prolongado por más de 60 años, una sequía que no solo dejó al descubierto la fragilidad de las hidroeléctricas, sino también la vulnerabilidad institucional.
Bajo el manto de la emergencia, se firmaron contratos de Progen Industries, compañía estadounidense que fue contratada en ese año por un monto de 149 millones de dólares para la provisión de motores capaces de generar 150 megavatios, que hoy son objeto de juicios por peculado.
Para Leonardo Stagg, abogado defensor del exministro de Energía Antonio Gonçalves, la génesis del problema radica en la fragilidad estructural que se agravó durante el estiaje: “La relevancia es sobre la emergencia transcurrida, justamente en el 2024 y reveló sobre todo las fallas estructurales que había, sobre todo en las hidroeléctricas, y que el país no está preparado para poder soportar este tipo de eventualidades en la naturaleza,” evidencia para Sputnik.
El abogado sostiene que fue bajo esta presión que se dio paso al contrato con la firma norteamericana.
“Estamos en un proceso porque una empresa llamada Progen ha estafado al Estado ecuatoriano mediante la venta de generadores que no sirven, que son chatarras, y se le realizó un pago de 104 millones de dólares. La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) con autonomía administrativa, financiera, jurídica, contrató con una empresa, valiéndose justamente de la declaratoria de emergencia,” explica.
Un contrato atípico
La forma en que se estructuraron los pagos ha encendido las alarmas de los analistas. Sebastián Tipán, docente y abogado especializado en delitos económicos, califica la relación contractual como sumamente sospechosa debido a la celeridad y falta de garantías en el desembolso de fondos públicos: “Aprovechándose de esta situación de emergencia, se empieza a buscar proveedores directos y nos encontramos que las autoridades en ese momento, a cargo de esto y empiezan a mantener una relación comercial, contractual con esta empresa norteamericana [Progen],” cuestiona Tipán en charla para este medio.
El experto detalla que la entrega de anticipos fue inusual; entre el 60% y 70% de los anticipos se dotó con la salida del puerto en Estados Unidos de los generadores hacia Ecuador. Es decir, ni siquiera llegaban y ya se había desembolsado un porcentaje bastante significativo.
¿Justicia o “bombas de humo”?
El allanamiento encabezado por el presidente Noboa ha sido recibido con escepticismo por algunos sectores jurídicos. Tipán advierte sobre la naturaleza de estas acciones y aclara que la denuncia que hace el presidente desde su ejercicio y conocimiento es acertada. Pero, por otra parte, lo define como bombas de humo mediático.
“Cuando no existen las condiciones necesarias en el gobierno para la población en general, se tiene que sacar un nuevo titular. Y este nuevo titular hace que lleve todo un equipo de comunicación a las instalaciones de CELEC, policías y él mismo vaya a ser un allanamiento teóricamente cuando realmente no tiene que estar ahí”, enfatiza Tipán.
Por su parte, Stagg critica la ligereza con la que se ha manejado el daño patrimonial desde la Fiscalía del Estado.
“Es penoso que se hayan perdido 104 millones de dólares en chatarra. Que se haya aprovechado ese declaratorio de emergencia para cometer un acto de corrupción que genera una pérdida (…) a un país que no tiene recursos o que tiene recursos limitados, nos termina afectando a todos,” explica el experto.
Afectaciones a nivel nacional
El sector eléctrico nacional opera con márgenes de reserva muy estrechos. La corrupción durante el periodo de estiaje de 2024 (el peor en 61 años) tuvo consecuencias operativas tangibles. La promesa de los generadores de PROGEN era dotar de potencia firme para cubrir el déficit.
El Estado se vio obligado a incrementar la importación de energía desde Colombia (a precios mucho más elevados) y aplicar racionamientos eléctricos (apagones) que, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Quito, generaron pérdidas económicas al sector productivo aproximadamente 12 millones de dólares por cada día.
La falta de esos generadores afectó notablemente la productividad del país, que se contrajo un 2,0% en 2024 debido a los apagones de hasta 14 horas diarias. Durante los primeros meses del 2025 el sector productivo sufrió caídas en ventas de hasta un 20%.
Hacia la búsqueda de responsables
Ante la gravedad del perjuicio, la defensa ha optado por escalar el caso a instancias internacionales, buscando la trazabilidad de los fondos en territorio estadounidense.
“Nosotros, por nuestro lado, hemos solicitado también, hemos presentado también una denuncia en tal FBI, porque una vez que los recursos financieros ingresaron a jurisdicción americana, entra la competencia también del Departamento de Justicia. Hemos solicitado también a la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, FinCEN, que revise la trazabilidad de los fondos, justamente para que se llegue a los responsables,” advierte Stagg.
Mientras el proceso judicial avanza, la realidad operativa es cruda: estos generadores “chatarra” ocupan espacio político, mediático y económico cuando el país demanda potencia energética y soluciones tangibles.
Bajo el amparo de declaratorias de emergencia, empresas extranjeras capitalizan las carencias presupuestarias de economías con recursos limitados.
El Maipo/Sputnik
