Por Sebastián Ochoa
El país sudamericano lleva tres semanas de bloqueos de carreteras y manifestaciones callejeras encabezadas por organizaciones sociales. Ante la falta de diálogo y la continuidad del conflicto, ¿hacia dónde puede derivar el futuro político de Bolivia?
La nación sudamericana continúa con protestas y cierres viales, sin que haya acercamientos para iniciar el diálogo entre el Gobierno y los sectores sociales que piden su renuncia.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, no enfrenta solamente las manifestaciones: también debe lidiar con la falta de respaldo de los políticos conservadores y liberales que lo acompañaron al asumir el poder, seis meses atrás.
Además ¿qué pasaría si realmente el Gobierno decidiera renunciar ante las protestas? Analistas consultados por Sputnik evidenciaron que el movimiento popular, aunque demuestra su fuerza en calles y carreteras, carece de una dirigencia y liderazgo claro, no tiene una organización o un partido consolidado y tampoco cuenta con un plan en caso de acceder al poder.
De todos modos, el Gobierno nacional dejó en claro que se mantendrá firme en la Casa Grande del Pueblo. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que “el país no puede seguir paralizado por las acciones de pequeños grupos con intereses propios”, en referencia a la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de La Paz y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que lideran las movilizaciones.
Al día siguiente de los violentos enfrentamientos en la ciudad de La Paz (oeste), el Gobierno nacional optó por bajar el tono al conflicto. El mandatario no habló sobre el tema. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, descartó la posibilidad de que se declare el estado de excepción, como solicitaron desde sectores que rechazan las movilizaciones. Consideró que las protestas no tienen la magnitud necesaria para justificar esa medida.
“No hay posibilidad de [que se declare] un estado de excepción. No lo vamos a hacer, porque además este problema está focalizado acá en La Paz. Por lo tanto, vamos a tomar medidas duras, estrictas, se va a incrementar la presencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas en la ciudad y parte de El Alto”, dijo el ministro a la radio Panamericana.
Ante este contexto, el Gobierno de Estados Unidos transmitió su apoyo al presidente Paz. Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU, publicó en su cuenta de X: “Que no haya ninguna duda: quienes perdieron de manera abrumadora en las urnas en Bolivia el año pasado están intentando derrocar al presidente Rodrigo Paz mediante la organización de disturbios y bloqueos con el apoyo del crimen organizado y de narcotraficantes”.
“Hablé esta tarde con mi amigo, el presidente Paz, y le aseguré que EEUU respalda firmemente al Gobierno constitucional y legítimo de Bolivia, y rechaza este intento de sustituir el orden institucional por el Gobierno de las turbas”, añadió.
Segundo llamado
En diálogo con Sputnik, el analista Hugo Moldiz recordó que este es “un segundo llamado de atención y un duro cuestionamiento a la gestión del Gobierno”. El primero fue en enero de este año, cuando las mismas organizaciones también bloquearon las principales carreteras del país en rechazo al decreto 5503, el cual daba facilidades a empresas para la explotación de recursos naturales de Bolivia.
Finalmente, Paz tuvo que dar marcha atrás con esta medida. Lo mismo tuvo que hacer al abrogar la ley 1720, que modificaba el régimen de propiedad de la tierra para familias campesinas, lo cual provocó la movilización de este sector junto a organizaciones indígenas.
Moldiz consideró que, “esta vez, Paz enfrenta a una heterogeneidad de sectores”. Y mencionó a organizaciones campesinas, maestros, obreros, mineros, transportistas y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).
El analista comentó que estos grupos “tienen agendas dispersas; hay ausencia de un mando único y cada una tiene tiempos políticos distintos. Esto hace prever que no van a poder cristalizar sus demandas”. Además, que “no todos estos actores piden la renuncia de Paz”. Por ello, “es muy difícil que pueda haber un desenlace político como el que pretende la COB”.
En este sentido, Moldiz analizó las protestas en La Paz del 18 de mayo: “La rebelión campesina ha sido muy fuerte. Pero ante la ausencia de conducción, acompañó algunas acciones que, en vez de sumar adeptos en las ciudades, le restaron apoyo”.
Campesinos entrevistados por Sputnik coincidieron en que pedían la renuncia de Paz porque no había cumplido con sus compromisos previos a su llegada a la Presidencia. Aseguraron que, con sus votos, el actual presidente entró a la Casa Grande del Pueblo.
Según Moldiz, ahí hubo “otro error político de Paz, que ganó por el voto popular, pero que terminó inclinándose absolutamente al bloque empresarial cruceño. Se alejó del sector que le dio el [sufragio]”.
Y observó que el Gobierno “a veces tiene un accionar bonapartista, más inclinado a las posiciones conservadoras, pero no termina de tener ni estructura propia ni la plena confianza de las élites y los sectores poderosos asentados sobre todo en Santa Cruz (sureste)”.
Profundización del conflicto
El 18 de mayo, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB; y Justino Apaza, presidente de la FEJUVE.
En una charla para este medio, el analista Gabriel Campero señaló que es un desacierto del Gobierno impulsar estas denuncias. “Criminalizar las organizaciones sociales, calificar a los dirigentes de narcotraficantes, de gente corrupta, solamente contribuye a ahondar el conflicto”, dijo.
Campero observó “un desgaste en el Gobierno por la distribución de gasolina de mala calidad, por el incumplimiento de compromisos de campaña, por la falta de un incremento salarial para los maestros, así como el reclamo por la ley 1720. Hay un cúmulo de protestas que han desencadenado el malestar en la población”.
Para el analista, “teniendo presentes estos escenarios, en los próximos días va a crecer el conflicto, mientras no se depongan las posturas y no se actúe como lo exige este momento histórico. El presidente tiene que hablar con todas las organizaciones, tiene que coordinar mesas de trabajo para exponer seriamente todo lo que ha estado desarrollando hasta el momento”.
La posibilidad del revocatorio
La Constitución vigente desde 2009 incorporó un mecanismo ideal para dirimir este tipo de conflicto: el referéndum revocatorio. Pero puede activarse solamente a partir de los dos años de gestión. De pronunciarse la protesta social, una opción sería “forzar la realización de elecciones nuevamente”, indicó Campero.
“Pero hay algo que es real: por más que renuncie Rodrigo Paz, la gasolina no va a aparecer de la noche a la mañana, no mejorará el problema con la inflación, no estarán ahí los dólares, ya que el plan que estaba orientado a cumplir estas dinámicas y garantizar los combustibles pasaba por su industrialización, por darle valor agregado a la materia prima nacional y una serie de aspectos que fueron truncados lógicamente porque el bloque popular perdió las elecciones” en 2025, expuso.
Aunque se siga el camino institucional e –hipotéticamente– asuma la presidencia el actual vicepresidente Edmand Lara, o sean designados el presidente de la Cámara de Diputados o el Senado, ante un eventual llamado a elecciones “el bloque popular todavía sigue muy fracturado”, comentó el analista.
Ante este panorama, para Campero “lo peor que se puede hacer es generar una fractura en la polarización nacional que se está orientando. Lamentablemente, están resurgiendo las consignas racistas, las consignas en contra del indígena que protesta por su derecho. Nuevamente se están alzando grupos paramilitares, personas reaccionarias que piden Estado de Sitio para que los militares salgan”.
Con la debilidad de la organización popular y con los desaciertos del Gobierno nacional, si potencialmente se cumpliera el reclamo de renuncia del Ejecutivo se verían beneficiadas dos figuras políticas que se mantienen en bambalinas: el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y el empresario Samuel Doria Medina. Lideran la Alianza Libre y la Alianza Unidad, respectivamente, la segunda y la tercera fuerza con mayor presencia en la Asamblea.
“Tuto Quiroga representa el alineamiento con la Embajada de EEUU, hay que decirlo con nombre y apellido. Doria Medina, por su parte, tiene un interés de carácter económico, que pasa por vender las empresas estatales y sacar rédito de la privatización de lo estatal”, dijo Campero.
“Lavándose las manos, ambos son copartícipes de este desgaste del Gobierno de Paz, quien lógicamente, sin una Asamblea que lo apoye, sin una base social que lo sostenga, enfrenta un destino muy difícil y muy oscuro”, conluyó.
El Maipo/Sputnik
