Hoy, que no es cualquier día
Amada Mantina, te escribo estos versos
Hoy, que no es cualquier día, sino óxido del tiempo
que gotea en nuestras vidas
su gota inevitable de olvido.
Moro, Valparaíso.
El óxido es una referencia constante para anticipar y constatar degradación. Pero la noble madera no se degrada de esa forma. La oxidación pertenece a ciertos metales y depende tanto de las características del material como del medio con el cual interactúa. Tampoco todos los metales reaccionan igual. Una antigua denominación, con cierto resabio monárquico, llamó “nobles” a aquellos especialmente resistentes a la corrosión. Preferiríamos llamarlos metales dignos. Existen, además, materiales y aleaciones cuya composición limita o retarda ese deterioro.
La imagen puede servirnos para pensar la corrupción de la institucionalidad pública.
Imaginemos al Estado como una gran máquina que contiene muchas otras máquinas. Su resistencia a la corrosión depende, a lo menos, de dos factores: de quienes ocupan posiciones en la gestión pública y de las reglas —formales e informales— que organizan, limitan y controlan su comportamiento.
La corrupción, desde esta perspectiva, no puede explicarse solamente por la existencia de individuos dispuestos a corromperse. Depende también del medio institucional que permite, dificulta, descubre, sanciona o incluso normaliza determinadas conductas.
En toda población habrá probablemente personas con distinta disposición frente a la posibilidad de obtener beneficios indebidos. Algunas estarán permanentemente disponibles para ello; otras resistirán incluso pagando costos personales. Pero la proporción entre unas y otras tampoco es ajena a la cultura en que se forman y actúan.
Una cultura que degrada el significado de las normas y promueve el “sálvese quien pueda” aumenta la posibilidad de engendrar hábitos que reducen la carga moral de transgredir y defraudar la fe pública. Allí aparece la valoración del “pillo”: aquel que descubre una debilidad normativa o de fiscalización y la utiliza en beneficio propio, en vez de contribuir a corregirla.
Asimismo, la evidencia de un trato diferencial entre quienes alteran la génesis de las normas en procura de intereses particulares, quienes pagan por esos servicios y quienes sufren todo el rigor de la ley reduce la adhesión colectiva a esas mismas normas y disminuye la capacidad disuasiva de la fiscalización.
Dicho simplemente: hay quienes dejan de otorgar sentido a la norma y, por tanto, no sienten obligación de cumplirla. Otros podrían inhibirse, pero calculan que la probabilidad de ser descubiertos es pequeña o que, aun descubiertos, cuentan con recursos suficientes para disminuir las consecuencias.
Cuando la igualdad ante la ley comienza a depender de la posición social, del dinero o de la capacidad de influencia, se deteriora una de las condiciones esenciales de la república. El individualismo y la pérdida de confianza en el Estado de derecho crean entonces un ambiente favorable para que aumenten las personas vulnerables a la corrupción o directamente dispuestas a aprovechar una posición pública en beneficio particular.
Pero llegar a una posición de poder supone atravesar mecanismos de selección.
Muchos de esos procesos se encuentran profesionalizados y cuentan con empresas, comisiones o instituciones especializadas destinadas, al menos en principio, a garantizar que el perfil de una persona corresponda a las exigencias del cargo.
Uno de ellos es el sistema de Alta Dirección Pública, que combina procesos técnicos iniciales con decisiones posteriores de consejos y autoridades políticas. Otro corresponde a aquellos sistemas en que pares eligen o preparan la selección de nuevos integrantes, con participación de instancias políticas destinadas a asegurar determinados equilibrios. Un tercero lo constituyen los concursos internos para cargos de menor denominación administrativa, aunque no necesariamente de menor importancia práctica.
Cada uno presenta riesgos distintos.
Una de las debilidades más significativas aparece cuando la decisión de seleccionar a una persona queda separada de la responsabilidad por los resultados posteriores de esa selección.
Nadie podría sostener razonablemente que quien dirige un equipo no debe intervenir en su composición. Esa capacidad es una condición para responder por los resultados. Pero precisamente por ello la selección debería ir acompañada de responsabilidad.
Si mis resultados dependen del desempeño de mi equipo, una mala selección debe tener consecuencias también para quien decidió incorporarlo. Cuando esa relación desaparece, el nepotismo, el amiguismo y otras perversiones encuentran terreno fértil. Se produce entonces una suerte de Fuenteovejuna institucional: mal para todos, responsabilidad de nadie.
La debilidad de los mecanismos de selección puede provocar incluso un fenómeno de selección adversa: procedimientos diseñados para escoger a los mejores terminan favoreciendo aquello que pretendían evitar.
Si esto ocurre durante un período prolongado, una institución puede comenzar a acumular una masa crítica de personas vulnerables a prácticas corruptas. Siguiendo nuestra metáfora, el espesor del metal disminuye y se reduce también el tiempo necesario para que la corrosión comprometa el funcionamiento de la máquina.
La cultura mexicana lo ha sintetizado con humor brutal: “No pido que me den. Pónganme donde haiga”.
Pero llegar a “donde hay” todavía no basta.
La expresión de los impulsos corruptos —aceptar, solicitar u ofrecer beneficios— requiere también una distensión de los mecanismos destinados a prevenirlos y controlarlos. La corrupción rara vez es estrictamente individual. Necesita acuerdos, silencios, intermediaciones o complicidades. Aun cuando existan dos interesados directos, muchas veces otros deben callar, facilitar, firmar, omitir o mirar hacia otro lado.
Por eso, como el óxido, suele comenzar en un punto y extenderse hacia el interior de las instituciones y más allá de ellas.
Esto nos obliga a mirar el segundo componente del riesgo: la existencia de debilidades en las normas o en su fiscalización, es decir, la forma en que hemos diseñado la máquina.
Aquí aparecen dos aproximaciones diferentes al problema público.
Una de ellas es el diseño tecnocrático, asociado a cierta visión de la economía neoclásica y de las políticas públicas que tiende a comprender la acción del Estado como una definición fundamentalmente técnica: para cada problema existiría una solución óptima y la política aparecería como una perturbación que, en el mejor de los casos, valida esa solución y, en el peor, la degrada.
En su versión extrema, la tecnocracia tolera la democracia como procedimiento de legitimación de las decisiones, pero desconfía de ella como mecanismo de formación de la voluntad pública.
Prefiere concentrar las decisiones en equipos técnicos y reducir la apertura de los procesos hacia la ciudadanía, argumentando que una mayor participación puede disminuir la calidad de las decisiones.
Como considera además que los asuntos técnicos son demasiado complejos para ser comprendidos por gran parte de la población, tiende a aceptar ciertos grados de opacidad. La ciudadanía queda así convertida, paradójicamente, de soberana en observadora de decisiones adoptadas en su nombre.
Y la opacidad, aunque no produzca por sí misma corrupción, crea condiciones extraordinariamente favorables para ella.
Esto adquiere especial importancia cuando observamos otro aspecto del diseño contemporáneo del Estado: su creciente relación contractual con actores privados.
Conviene aquí distinguir dos discusiones. Una es acerca de quién debe desarrollar determinadas actividades económicas. Otra, diferente, es acerca de la manera en que el Estado deja de producir directamente ciertos bienes o servicios y pasa a comprarlos, encargarlos o concesionarlos.
Cada vez que el Estado se convierte en comprador de bienes y servicios o concesor de operaciones, aumenta la superficie de contacto entre intereses públicos y privados.
En términos de nuestra metáfora, aumenta la superficie del metal expuesta al medio corrosivo.
Esto no significa que toda relación público-privada produzca corrupción. Significa que cada nueva interfaz exige capacidades equivalentes de regulación, fiscalización, transparencia y control. Y no resulta evidente que nuestras capacidades de gobierno hayan crecido al mismo ritmo que esa expansión.
Frente a la concepción tecnocrática existe otra tradición, vinculada a las técnicas de gobierno y a autores como Carlos Matus, exministro de Salvador Allende y uno de los más importantes especialistas latinoamericanos en planificación estratégica.
Desde esta perspectiva, la racionalidad no pertenece exclusivamente a una disciplina ni a un grupo de expertos. Surge también de procesos deliberativos capaces de incorporar la información dispersa que poseen actores distintos.
Un equipo suficientemente diverso puede ver dimensiones del problema que permanecen ocultas para un grupo homogéneo, por altamente especializado que sea.
La deliberación adquiere entonces un papel decisivo y la participación deja de ser un obstáculo que hay que tolerar para convertirse en una fuente de información, legitimidad y control.
Una consecuencia importante aparece en la producción de las normas.
Quienes padecerán sus efectos o sufren ya las consecuencias de su incumplimiento deberían participar, de distintas formas, en su elaboración y también en el control de su aplicación. No solamente porque ello aumenta la legitimidad de la decisión, sino porque permite incorporar información que difícilmente llegará por otros canales.
Lo mismo ocurre con la fiscalización.
Para cada problema no basta crear una nueva comisión o superintendencia. El conocimiento especializado debe combinarse con una ciudadanía activa e informada, provista de mecanismos claros y seguros para ejercer vigilancia.
Esto supone mejorar radicalmente los procesos de información pública: permitir que las personas sepan qué debería ocurrir, cuándo debería ocurrir y bajo qué estándares observables.
Supone también crear puntos de contacto físicos y electrónicos que permitan denunciar irregularidades con seguridad, proteger al informante y, al mismo tiempo, hacer posible la evaluación responsable de la información recibida.
Podemos entonces reunir varias condiciones de una política democrática contra la corrupción.
La primera es ampliar el número de personas e instituciones que intervienen o supervisan las decisiones, reduciendo la rentabilidad de corromper a un solo actor.
La segunda es aumentar radicalmente la publicidad de los actos públicos. Sebastián Piñera sostuvo muchas veces que el mejor desinfectante contra la corrupción es la luz del sol. Más allá de cuánto haya sido aplicado ese principio por quienes lo proclamaron, la imagen conserva toda su fuerza: aquello que debe permanecer oculto encuentra mayores dificultades cuando las decisiones están expuestas al escrutinio.
La tercera es hacer de las penalizaciones un factor efectivamente disuasivo. La sanción debe ser suficientemente probable y suficientemente significativa para modificar el cálculo de quien contempla la posibilidad de corromper o dejarse corromper.
La cuarta, y quizás la más importante, consiste en devolver a la ciudadanía un papel efectivo en la decisión y en el control.
Aquí aparece la relación profunda entre democracia y corrupción.
La democracia no es solamente un procedimiento para elegir periódicamente autoridades. Es también una forma de distribuir poder, multiplicar miradas, hacer públicas las decisiones y exigir responsabilidad a quienes las adoptan.
Mientras más se concentra una decisión, mientras menos personas conocen sus fundamentos, mientras más difícil resulta reconstruir quién decidió qué y por qué, mayor es el espacio disponible para la apropiación privada de aquello que pertenece a todos.
La corrupción puede entenderse, en ese sentido, como una privatización clandestina de la soberanía. Una decisión que debía responder al interés general es capturada por unos pocos y orientada hacia un beneficio particular.
Por ello corrupción y democracia mantienen una relación inversa.
Menos democracia produce más opacidad, mayor concentración del poder y menos control ciudadano. Todo ello aumenta el riesgo de corrupción.
Pero el movimiento ocurre también en sentido contrario.
Cuando la ciudadanía percibe que las normas pueden comprarse, que los cargos pueden capturarse, que la influencia permite alterar decisiones y que las penas dependen de la posición social, disminuye su confianza en las instituciones y en la igualdad ante la ley.
La corrupción comienza entonces a corroer la democracia que permitió su aparición.
Se establece así un círculo peligroso:
menos democracia, más opacidad; más opacidad, mayor corrupción; más corrupción, menor confianza pública; menor confianza, menor capacidad ciudadana de control.
Romper ese círculo requiere algo más que perfeccionar los procedimientos técnicos de fiscalización.
La fórmula exclusivamente tecnocrática ha mostrado sus límites. Muchos de los casos de corrupción que conocemos han salido a la luz gracias al periodismo de investigación antes que por el funcionamiento preventivo de las instituciones encargadas de detectarlos.
Necesitamos rediseñar las instituciones sobre premisas democráticas: responsabilidad política identificable, transparencia efectiva, participación ciudadana, fiscalización especializada, protección a quienes denuncian y periodismo autónomo.
Una democracia profunda no combate la corrupción solamente castigando al corrupto después de descubierto. Reduce las condiciones que hacen rentable corromper, disminuye los lugares donde puede ocultarse una decisión y aumenta el número de ojos capaces de verla.
Tal vez esa sea finalmente la mejor protección contra el óxido.
No construir una máquina condenada a depender de la virtud excepcional de quienes la manejan, sino una institucionalidad cuya composición, diseño y vigilancia colectiva hagan mucho más difícil que la corrosión alcance su estructura.
Y conservar, cuando todo lo demás falle y el metal de la máquina comience a sonar mal, una voz suficientemente libre para escucharlo, hacerlo público y provocar todavía indignación.
*Jaime Bravo es presidente de la Corporación Encuentro Ciudadano. Economista con formación en técnicas de gobierno y estudios en psicología. Asesor de instituciones públicas y privadas en Chile y a nivel internacional en planificación situacional y desarrollo de organizaciones. Escritor y ensayista en áreas de pensamiento crítico, economía, estrategia y análisis de distintas dimensiones de la realidad nacional.
*Jorge Coulon es músico, escritor y gestor cultural. Miembro fundador del grupo Inti Illimani. Ha publicado Al vuelo (1989); La sonrisa de Víctor Jara (2009); Flores de mall (2011) y recientemente En las cuerdas del tiempo. Una historia de Inti Illimani (2024).
El Maipo/Le Monde Diplomatique
