El caso del presidente estadounidense y el sistema de crédito social chino exponen la doble moral que Chile también reproduce: impunidad para los ricos, sanción para los pobres.
Estamos en medio de un debate sobre justicia y desigualdad, a partir de la impunidad por los pagos de SQM y la fallida remoción el Juez Ulloa. En respuesta a estas crisis solemos mirar hacia Estados Unidos y Europa en busca de referentes institucionales. Pero casi nunca dirigimos la mirada hacia Asia, y cuando lo hacemos, repetimos los prejuicios difundidos por los medios occidentales. Así, el sistema de crédito social chino suele presentarse como una distopía orwelliana, cuando en realidad su funcionamiento parte de un principio básico: la confianza pública debe basarse en la responsabilidad individual.
La comparación con Estados Unidos se vuelve inevitable. Donald Trump se convirtió en mayo de 2024 en el primer presidente estadounidense condenado por cargos penales, al ser hallado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos de “hush money” antes de las elecciones de 2016 en Nueva York; sin embargo, recibió una descarga incondicional, sin prisión ni multa, por lo que la condena fue simbólica. Además, enfrenta varios procesos abiertos, entre ellos por el manejo de documentos clasificados en Mar‑a‑Lago y por supuestos intentos de revertir las elecciones de 2020 en Georgia, cuyos resultados y sanciones finales dependerán de los tribunales. Esto evidencia una situación donde, a pesar de la condena histórica, gran parte de la rendición de cuentas legal aún está en desarrollo.
En China, alguien con ese historial no podría siquiera postular a un cargo público: sería inscrito en la “Lista Shixin”, el registro de personas deshonrosas que impide viajar en primera clase, adquirir bienes de lujo o realizar inversiones mientras existan deudas impagas.
La pregunta es inevitable: ¿dónde se ubica Chile en este contraste? Nuestra historia reciente ofrece ejemplos elocuentes. Casos como SQM, La Polar, las colusiones del papel tissue o los pollos, las facturas falsas del caso Penta o las millonarias elusiones tributarias reveladas por los “Pandora Papers” muestran un patrón: empresarios que dañaron la confianza pública y aun así conservan su prestigio, sus negocios y su movilidad internacional intactos.
¿Cuántos de esos ejecutivos enfrentaron consecuencias reales? ¿Cuántos siguen viajando a Miami en primera clase mientras deben millones al fisco o a sus trabajadores? En cambio, un microempresario que cae en morosidad ve embargada su cuenta, su vehículo y hasta su reputación crediticia.
El sistema chino, con todos sus matices, parte de una lógica sencilla: si tienes dinero para un auto de lujo, tienes dinero para pagar tus deudas. No castiga la pobreza, castiga la mala fe. Un empresario que oculta activos o simula quiebra para evadir pagos entra en esa lista pública de morosos. No hay privilegios, y la sanción social es tan clara como la financiera.
Chile ya opera con sistemas de “crédito social”, pero dirigidos hacia abajo. Cuando un trabajador no paga una deuda, se le embarga el sueldo, se le bloquea el acceso a créditos y se le estigmatiza en DICOM. Pero cuando un gran empresario evade impuestos o defrauda al Estado, suele negociar discretamente, apelar al “error contable” o ser defendido por abogados que invocan su “aporte al país”.
Más paradójico aún: nos escandalizamos con el sistema chino mientras aceptamos que los bancos y el retail nieguen créditos usando algoritmos de scoring similares, solo que privados y opacos. La diferencia es que el sistema chino al menos es transparente y aplica sus reglas tanto al magnate como al obrero.
No se trata de copiar el modelo chino, sino de asumir su principio esencial: la rendición de cuentas debe crecer en proporción al poder económico. En un país como Chile, marcado por la desigualdad y la desconfianza institucional, necesitamos restaurar ese equilibrio entre derechos y responsabilidades.
Vale la pena preguntarse por qué seguimos tolerando la impunidad de los evasores de cuello y corbata. El caso Trump muestra el riesgo de un sistema donde la estafa no solo queda impune, sino que se recompensa con poder político.
China, en cambio, ofrece una lección incómoda: no hay desarrollo sin responsabilidad. Tal vez, en nuestro empeño por construir un país más justo, deberíamos dejar de mirar solo hacia el Norte y empezar a aprender también de Oriente.
Porque la verdadera libertad no consiste en estafar sin consecuencias, sino en vivir en una sociedad donde las reglas valen igual para todos. Esa es la lección que hoy, desde lados opuestos del planeta, nos entregan China y Trump.
Para El Maipo, Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
