La instancia eligió como presidente al diputado Jaime Mulet y acordó celebrar sus sesiones de audiencia de invitados desde este miércoles 29 de octubre.
La Cámara de Diputados constituyó formalmente la comisión encargada de informar sobre la procedencia de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Energía, Diego Pardow. La instancia se reunió este miércoles para acordar los lineamientos que seguirá, conforme al mandato otorgado por la Sala.
En la sesión inaugural, la comisión determinó que será el diputado Jaime Mulet quien dirigirá las labores del grupo parlamentario. La instancia está integrada, además, por los diputados Ericka Ñanco, Carmen Hertz, Sergio Bobadilla y Mauro González, informo la sala de prensa de la Cámara.
Calendario de audiencias
Las sesiones se realizarán de forma presencial a partir de este miércoles 29 de octubre, desde las 10:30 horas, en paralelo a la actividad de la Sala en Valparaíso.
Para la próxima semana, la comisión sesionará el lunes 3 de noviembre en la sede Santiago del Congreso Nacional, desde las 14:00 horas. Los días martes y miércoles las reuniones se llevarán a cabo en Valparaíso, en conjunto con la actividad de la Sala de sesiones.
El objetivo será recibir la mayor cantidad de invitados posible, adoptando un criterio de flexibilidad para realizar las audiencias. En ese marco, el grupo parlamentario invitará, en primer término, al actual ministro de Energía, Álvaro García, para que aborde la situación actual respecto del acuerdo para devolver los montos cobrados en exceso en las cuentas de luz.
Los fundamentos de la acusación
La acusación constitucional fue ingresada el pasado lunes 27 de octubre, suscrita por los diputados Pamela Jiles, Carla Morales, Cristián Araya, Juan Antonio Coloma, Eduardo Durán, Juan Fuenzalida, Juan Irarrázaval, Henry Leal, Jorge Saffirio, Frank Sauerbaum y Francisco Undurraga.
El libelo acusatorio sostiene que Pardow infringió la Constitución al no resguardar el principio de probidad. Además, señala que se han vulnerado los principios de eficiencia y eficacia, ocultándose información de cara a la ciudadanía.
Los fundamentos se enmarcan en el escándalo por los abultados cobros en las cuentas de electricidad. Tras la salida del cargo del exsecretario de Estado, se conoció que la empresa transmisora Transelec ya se había autodenunciado hace un año por estos cobros en exceso, los cuales no fueron transparentados oportunamente.
El documento de dos capítulos precisa que la exautoridad vulneró el principio de probidad administrativa con ocasión de la fijación de los precios del sistema eléctrico nacional, vigentes desde el 1 de enero de 2024, y de la emisión de documentos de pago erróneamente calculados.
Las normas que rigen este procedimiento están contenidas en el artículo 52 de la Constitución Política, el título IV de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el título VI del Reglamento de la Cámara.
El Maipo
