La situación de los medios de comunicación en Chile sigue siendo lamentable: falta de pluralismo, control por parte de unos pocos y complicidades inexplicables.
Hace medio siglo, en tiempos de la Unidad Popular, los medios fueron un terreno de áspera disputa, pero existían diarios, revistas y radioemisoras de distinto color político. La televisión estaba a cargo de las universidades, que garantizaban una mayor posibilidad de pluralismo que la ofrecida por los grandes capitales. Por eso, aunque parezca sorprendente, es válido señalar que en materia de comunicaciones el gobierno del presidente Boric ha estado más cercado que el del presidente Allende.
El fin de una estructura de medios mínimamente representativa de las sensibilidades de nuestra sociedad es una herencia de la dictadura, que quiso suprimir toda voz que no le fuera afín. Aun así, en los últimos años del gobierno despótico de la alianza militar-empresarial-derechista que sostuvo a Pinochet, sectores democráticos osaron levantar nuevos medios impresos, a menudo censurados. Por desgracia esos proyectos sucumbieron, durante la compleja transición, a los inclementes avatares del mercado, al peso de la publicidad comercial y de sus patrocinadores y, también, a cierta resignación de los gobiernos electos por voto popular y de los partidos que los sustentaron, que poco hicieron por modificar la estructura del sistema de medios.
La situación actual sería pavorosa si no fuera por el tesón de quienes, desde perspectivas democráticas, sostienen nuevos medios impresos o digitales y de quienes utilizan, con el mismo sentido, las redes sociales, hoy influyentes como nunca antes. No obstante, el diagnóstico severo de los expertos es coincidente: la concentración de la propiedad de los medios es altísima y letal para la existencia de pluralismo.
Los datos son contundentes y no deben olvidarse. Dos conglomerados, El Mercurio S.A.P. y Copesa, concentran la mayor parte de los diarios impresos de circulación nacional y regional. En Chile hay solo un diario nacional que se imprime en papel todos los días. Apenas dos diarios regionales se mantienen independientes de estos dos poderosos conglomerados. Aunque en menor medida, las emisoras de radio también están afectadas por el fenómeno de la concentración. El Consejo Nacional de Televisión, diversos informes de la UNESCO, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y una multiplicidad de estudios académicos han advertido que Chile presenta en este ámbito uno de los mayores —si no los mayores— índices de concentración de América Latina.
Barreras de entrada
La concentración se perpetúa porque existen barreras de entrada difíciles de superar.
Una de ellas es la fuerte dependencia de los medios respecto del flujo de publicidad privada, asignada principalmente por las compañías más poderosas, integrantes de un gremio empresarial con clara identificación con la derecha y, en muchos casos, con lo que fue la dictadura de Pinochet.
Otras barreras son la falta de políticas públicas que procuren un avisaje fiscal más transparente y favorable a un mayor pluralismo, las dificultades legales y regulatorias que hacen casi imposible la apertura de nuevos proyectos impresos, de radio y televisión, así como la asimetría para acceder a canales de distribución y financiamiento.
El caso extremo de Clarín
Quizá el ejemplo más extremo de las dificultades para renovar el ámbito mediático chileno sea el caso del diario Clarín, el medio de mayor circulación a comienzos de los años setenta.
Su propietario, Víctor Pey, ciudadano español llegado a Chile en el barco Winnipeg luego de la derrota republicana en la Guerra Civil Española —ya fallecido— demandó al Estado de Chile ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Su diario había sido desmantelado y expropiado, sin compensación ni base legal, por la dictadura, pocos días después del golpe de 1973. El tribunal falló a su favor en 2008, pero el laudo aún no se cumple.
Son muchos los episodios reprobables ocurridos en este caso. A fines del siglo pasado y comienzos del actual, con complicidad de los gobiernos de entonces, se intentó atribuir la propiedad de Clarín a personas que no eran sus legítimos dueños. El CIADI desestimó totalmente estas maniobras en sus fallos.
Otro episodio sospechoso fue que la defensa del Estado de Chile fue asumida sin costo para el fisco por el estudio Carey, seguramente el principal bufete empresarial del país, cuyo dueño principal justificó su generosidad alegando que había sido compañero de estudios del presidente Lagos.
La Fundación Presidente Allende, de España, dueña del 90% de las acciones de Clarín y responsable del juicio ante el CIADI, ha demandado la ejecución del fallo ante un tribunal de Madrid, donde este tiene efecto equivalente a una sentencia de juez español.
El fallo es ejecutable, en virtud del tratado internacional que creó el CIADI, en cualquiera de los cerca de 150 países que lo suscribieron. El Estado chileno paga sumas millonarias a abogados españoles para que dilaten por todos los medios el juicio sobre Clarín, entre ellos influir en el Ministerio de Relaciones Exteriores español para que se reconozca la inmunidad de jurisdicción del Estado chileno. Es decir, ya no se discute el fondo —zanjado por el CIADI—, sino una tesis jurídica supuestamente protectora de inmunidad que, de aceptarse, dejaría prácticamente sin aplicación el tratado que creó el CIADI.
A tal punto llegan las barreras establecidas para Clarín que nuestras autoridades han rechazado, hasta hoy, el planteamiento de sus dueños para iniciar un diálogo que permita fijar de común acuerdo una indemnización razonable por los daños evidentes causados por la dictadura a esa empresa periodística.
Espacios de pluralismo
En este penoso panorama, la supervivencia y desarrollo de medios pequeños, críticos y de espíritu democrático cobra una importancia decisiva. Revistas, portales digitales y proyectos comunitarios han mantenido, con enorme esfuerzo, espacios de pluralismo que de otro modo no existirían. Son medios que resisten la precariedad económica y tecnológica, pero que sostienen una valiosa diversidad de voces y merecen todo el apoyo que se les pueda entregar.
Entre ellos destaca la edición chilena de Le Monde Diplomatique, que cumple ya 25 años de circulación. Con su revista impresa mensual, su sitio digital, su librería y su editorial, LMD ha consolidado un espacio que combina rigor intelectual, independencia crítica y compromiso con el pensamiento libre. No solo ha sobrevivido en un entorno adverso: se ha convertido en una referencia imprescindible para comprender el Chile contemporáneo desde una perspectiva distinta a la de los grandes conglomerados.
Celebrar estos 25 años no es un simple gesto hacia una revista, sino reconocer que, sin proyectos como Le Monde Diplomatique, la democracia chilena sería aún más pobre. Y es también un recordatorio de que urge una política pública que asegure pluralismo mediático, transparencia en el avisaje fiscal y cumplimiento de fallos internacionales como el del caso Clarín. Porque sin diversidad en la información, no hay democracia real.
Jorge Arrate, Abogado, escritor y excandidato presidencial. Colaborador de elmaipo.cl
El Maipo/Le Monde Diplomatique
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
