(La Paz) El presidente de Bolivia Rodrigo Paz, transita hoy por su primer año de mandato en un escenario marcado por severos ajustes económicos, tensiones políticas y un complejo balance de su gestión, opinan analistas.
Por Oscar Bravo Font
En medio de una constante reestructuración ministerial y persistentes desacuerdos con su vicepresidente, Edmand Lara, el quehacer anual del mandatario deja a muchos insatisfechos, ya que, según una encuesta, en ese lapso la desaprobación a su desempeño ascendió al 59 por ciento.
De acuerdo con un reciente sondeo de opinión de la consultora Ipsos Ciesmori, aprobó su gestión sólo el 25 porciento de unos 400 entrevistados en varias ciudades, en tanto otro 16 manifestó que no tiene una posición definida.
Tal panorama de inconformidad se fundamenta en la existencia de una elevada inflación, carestía de los productos de la canasta básica y de los combustibles, corrupción en esferas gubernamentales y falta de suficiente transparencia institucional, apuntaron reconocidos analistas.
Más allá de los datos, pese a que el gobierno defiende que logra estabilización macroeconómica, no pocos, sobre todo los ciudadanos de a pie, consideran que la misma no se traduce hasta la fecha en resultados concretos.
A través de un informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que en 2026 el país proyecta una contracción económica del tres por ciento, en tanto para 2027 se estima en 1,5.
Los referidos vaticinios avalan el insuficiente desempeño de la economía de este territorio, rico en recursos naturales como gas, hidrocarburos y litio.
Ante interlocutores internacionales, el propio mandatario Paz, enfatizó en que su gobierno busca convertir los avances de la estabilización en potenciación de inversiones, sobre todo en el ramo privado, y creación de fuentes de empleo, con el objetivo de reactivar el ramo productivo.
Relacionado con un escenario de acentuada crisis económica, en los últimos meses, por otra parte, ocurrieron protestas de sectores sociales, en las que cuestionaron el retiro parcial por el Ejecutivo de la subvención de los combustibles, sobre todo el diésel.
La decisión, sostienen economistas, provocó el alza de los precios de ese elemento y de la canasta básica.
También, el gobierno estableció como parte de su política económica el paso de un régimen cambiario fijo a uno flexible, y suscribió un acuerdo financiero con el FMI por valor de mil 900 millones de dólares, con un primer monto entregado ya a las autoridades nacionales.
El préstamo global de la entidad resultó cuestionado por organizaciones sociales y sindicales que alegaron este país altiplánico se endeudará aún más, y se harán por el organismo financiero nuevas exigencias de recortes sociales e impondrán medidas económicas restrictivas.
La entidad bancaria, como condición para facilitar sus préstamos, demandó en principio que Bolivia elimine todo tipo de subvenciones de los combustibles hasta el año 2027.
Como ejemplo de los efectos negativos de algunas políticas gubernamentales baste señalar que entre los ramos más afectados por la carestía del diésel se encuentran los pequeños productores agropecuarios y del ramo transportista.
Este primer año de gestión del gobernante Paz es “completamente negativo” para el sector del autotransporte, expresó el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, quien denunció además la paralización del ramo.
Como otros representantes del ente, Gómez alegó que en el ámbito transportista se observa falta de pasajeros, reducción del comercio y otras dificultades para generar ingresos, difundió el portal digital La Razón.
En opinión de especialistas, por otro lado, la imagen del actual Ejecutivo se vio empañada a lo largo de este año por sonados escándalos políticos como el del caso del consultor argentino, Fernando Cerimedo, quien, según denuncias, manejaba en la sombra las decisiones del gobierno.
Cerimedo, conocido por su papel en fraudulentas campañas presidenciales de países de derecha en la región, se encuentra en detención preventiva en un penal de Bolivia por supuesto enriquecimiento ilícito, corrupción y tráfico de sustancias controladas, entre otros cargos.
Al operador político, manipulador de redes sociales, se le atribuye además que sostuvo estrechos vínculos con ministros y personas del entorno del Jefe de Estado, Paz, a quienes supervisaba, acorde con audios revelados.
Durante este mandato tampoco pasa desapercibida la destitución y arresto de connotadas figuras de la justicia, entre ellos el exfiscal general del Estado Roger Mariaca, quien, junto a otros altos cargos, cumple prisión preventiva por seis meses.
Mariaca fue acusado por la Fiscalía de liderar una organización criminal vinculada al “narcoterrorismo”. El exfiscal en su defensa alegó que fue objeto de detención y persecución política precisamente por exponer a la luz pública los graves delitos de Cerimedo, con nexos oficiales.
Al calor de los problemas referidos, a los que se unen las olas de violencia desatadas por bandas criminales en el departamento de Santa Cruz y otras localidades, el Ejecutivo apuesta por fortalecer la seguridad en el territorio nacional.
Para supuestamente combatir a los grupos delincuenciales, en ese sentido, este Estado se afilió al denominado Escudo de Las Américas, coalición multinacional para la cooperación en seguridad impulsada desde marzo de 2026 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Aparte de la realización de entrenamientos de fuerzas policiales locales por asesores militares norteamericanos, en el territorio nacional también fueron desplegados agentes de la Administración para el Control de las Drogas (DEA), mostraron imágenes de medios televisivos.
Tras un año de severos ajustes económicos, reorganización de esa esfera y protestas sociales, el gobierno del primer mandatario, Paz, se propone en los próximos 12 meses, entre otros objetivos, cerrar empresas estatales consideradas irrentables y recuperar la economía en beneficio de toda la sociedad.
Arropada por un nuevo Estado de Excepción de tres meses, vigente hasta mediados de diciembre próximo, Bolivia, como expresara recientemente el propio gobernante, enarbola el principio de priorizar el desarrollo y la cooperación por encima de las diferencias ideológicas.
El Maipo/PL
