El plan económico anunciado por el gobierno de Kast promete empleo y crecimiento, pero sus pilares —rebajas tributarias, subsidios al capital y ajustes al gasto social— podrían consolidar exactamente lo contrario: una economía más desigual, menos productiva y con empleo más precario.
El mercado laboral chileno no está mejorando: está resistiendo. Y en ese contexto, el “Plan de Reconstrucción Nacional” anunciado por el gobierno de José Antonio Kast irrumpe con una promesa ambiciosa —crecer al 4% y bajar el desempleo al 6,5%— que contrasta con la evidencia disponible y con la propia estructura económica del país.
Más que un plan de transformación productiva, lo presentado parece la reedición de una receta conocida: reducir impuestos al capital, flexibilizar regulaciones y esperar que la inversión “derrame” hacia el empleo. El problema es que esa promesa ya fue probada —y fallida— en múltiples contextos.
Rebaja del impuesto corporativo: más utilidades, no necesariamente más empleo
El eje central del plan —bajar el impuesto corporativo del 27% al 23%— se justifica en la idea de que mayores utilidades retenidas se traducirán en inversión y contratación. Sin embargo, la evidencia internacional contradice esa relación automática.
Experiencias como la reforma tributaria de Donald Trump (Tax Cuts and Jobs Act, TCJA, de diciembre de 2017, con reducción de la tasa del impuesto de sociedades del 35% al 21%) para fomentar la inversión, terminó en que gran parte de este ahorro se destinó a la recompra récord de acciones y dividendos, con un impacto limitado en inversión productiva y empleo. Es decir, los recortes de impuestos sirvieron principalmente para incentivar la recompra de acciones y los dividendos, con efectos acotados en inversión y empleo. Organismos como la Organisation for Economic Co-operation and Development y el International Monetary Fund han sido consistentes: no existe evidencia robusta de que reducir impuestos corporativos genere aumentos sostenidos del empleo.
En el caso chileno, el problema es aún más profundo: una economía con baja productividad estructural difícilmente transformará mayores utilidades en innovación o expansión productiva. Es más probable que esas ganancias se canalicen hacia distribución de utilidades o inversión financiera, no hacia empleo de calidad.
“Seguro” a inversionistas: socialización de pérdidas, privatización de ganancias
Una de las medidas más reveladoras —y menos discutidas— es la creación de un mecanismo de compensación estatal a empresas cuyos proyectos sean anulados tras haber sido aprobados ambientalmente.
En términos económicos, esto equivale a transferir riesgo desde el sector privado al Estado. Es decir: si el proyecto resulta inviable (por razones legales, sociales o ambientales), el costo lo asume el fisco. ¿Quién gana? Grandes inversionistas en sectores como minería, energía o infraestructura. ¿Quién pierde? El Estado y, en última instancia, los contribuyentes.
Desde la perspectiva del empleo, el efecto es ambiguo y potencialmente negativo: se incentivan proyectos de alto impacto y baja intensidad laboral, sin asegurar encadenamientos productivos ni empleo sostenible.
Fondos de reconstrucción: impulso transitorio, no transformación estructural
El plan contempla inyecciones relevantes de recursos públicos para reconstrucción y reactivación, del orden de cientos de miles de millones de pesos. Estas medidas pueden tener efectos positivos en el corto plazo, especialmente en construcción.
Pero la pregunta clave es otra: ¿qué tipo de empleo generan? Históricamente, estos impulsos fiscales se traducen en empleo temporal, de baja productividad y altamente cíclico. Sin una estrategia de diversificación productiva, el efecto desaparece tan rápido como llega.
Exenciones y beneficios focalizados: ¿política social o segmentación regresiva?
La eliminación de contribuciones para adultos mayores propietarios de su primera vivienda puede parecer progresiva, pero en la práctica beneficia principalmente a quienes ya poseen activos inmobiliarios. No impacta a los sectores más vulnerables ni a quienes están fuera del mercado formal de vivienda.
Algo similar ocurre con la regularización de capitales con una tasa preferencial cercana al 10%. Este tipo de medidas históricamente favorece a contribuyentes de altos ingresos con activos en el exterior. El argumento de aumentar la recaudación es válido en el corto plazo, pero el mensaje de fondo es problemático: incumplir puede terminar siendo premiado.
Gratuidad congelada: impacto indirecto sobre el empleo futuro
La decisión de congelar por cuatro años el ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad tiene implicancias que van más allá de la educación. Limitar el acceso de estudiantes vulnerables a la educación superior restringe, en el mediano plazo, la formación de capital humano.
En un país con baja productividad, esta medida no solo es socialmente regresiva: es económicamente contraproducente. Menos acceso a educación implica menos movilidad laboral, menor innovación y un mercado del trabajo más segmentado.
Flexibilización y “permisología”: el viejo dilema
La reducción de plazos regulatorios y la flexibilización de permisos buscan acelerar la inversión. Pero aquí también aparece una tensión clásica: rapidez versus calidad.
Sin mejoras institucionales profundas, la simplificación regulatoria puede derivar en proyectos de baja calidad, conflictos socioambientales y judicialización posterior. El resultado: incertidumbre, no certeza; y, por ende, menos inversión real.
El problema de fondo: empleo sin modelo productivo
Más allá de cada medida específica, el problema es sistémico. El plan no aborda los nudos estructurales del empleo en Chile:
- Persistencia de un modelo primario-exportador
- Productividad estancada (documentada por la Comisión Nacional de Productividad)
- Baja incorporación laboral femenina
- Débil sofisticación productiva
En ese contexto, apostar a rebajas tributarias y subsidios al capital no corrige el problema: lo profundiza.
Pronóstico: más crecimiento para algunos, más precariedad para muchos
El efecto agregado del plan podría ser paradójico. En el corto plazo, es posible observar cierta reactivación —especialmente en construcción y sectores intensivos en capital—. Pero en el mediano plazo, el riesgo es claro:
- Mayor concentración del ingreso
- Empleo más precario y menos sofisticado
- Menor capacidad fiscal del Estado
- Persistencia del estancamiento productivo
En otras palabras, crecimiento sin transformación.
El problema no es que el plan sea ideológico. Es que responde a una ideología económica cuya evidencia empírica ha sido, una y otra vez, cuestionada.
Chile no enfrenta solo una crisis de empleo. Enfrenta algo más profundo: la persistencia de un modelo que ya no genera desarrollo, pero que sigue siendo defendido como si aún lo hiciera.
Y ese, más que un error técnico, es un problema político.
Referencias (selección)
- Organisation for Economic Co-operation and Development, estudios sobre impuestos y crecimiento.
- International Monetary Fund (2020), efectos de recortes tributarios.
- Congressional Research Service (2019), efectos de la reforma tributaria en EE.UU.
- Comisión Nacional de Productividad (2023), Productividad en Chile.
Para El Maipo, Aldo Siri Frites, Psicólogo, Lic. En Psicología, Mg. en Innovación, Gerente de Personas/RRHH, profesor MBA Industria Minera UCH, Mg. Personas y Organización UAH, Consultor de Empresas, especializado en Industria Minera, Habilidades Directivas, Desarrollo Humano y Negociación.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
