Miércoles, Mayo 22, 2024

No sigamos quemando nuestro futuro. Por Carolina Vilches y Manuela Royo MODATIMA.

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El calentamiento global es un proceso natural y cíclico del aumento de la temperatura a nivel geológico, y ha sucedido en la extensa edad de la Tierra en más de una ocasión. Hoy se vive nuevamente una crisis climática mundial, pero esta vez provocada por el propio comportamiento humano que tiende a desequilibrar la vida natural. A partir de la revolución industrial y la emisión masiva de gases de efecto invernadero desde el siglo XVI en adelante, el calentamiento global se acelera, provocando el llamado cambio climático.

La consecuencia es la vida en todas sus formas en nuestra tierra dañada y amenazada cada vez más por la crisis climática global. Actualmente, se observan una serie de emergencias, riesgos y desastres naturales que ponen en peligro la vida de las comunidades y ecosistemas; daños profundos en la naturaleza, climas extremos, inundaciones, escasez hídrica, extinción masiva de especies de flora y fauna, nuevas enfermedades, migración forzada, afectaciones sobre nuestras comunidades, entre otros efectos.

La causa ineludible es el modo de producción capitalista mundial que se ha sostenido en el desarrollismo industrial, uso de combustibles fósiles, extractivismo de los bienes comunes naturales, explotación de la naturaleza y despojo sobre nuestras comunidades. Un modelo que no conoce límites.

En nuestro país, el modelo neoliberal depende del capitalismo global, lo que se refleja claramente en la economía primaria – extractivista que se inserta en la cadenas globales de valor, con actividades económicas como forestales, agroindustria y mineras que dañan y contaminan nuestros territorios, provocando agudos efectos como escasez hídrica, afectando la salud de nuestras comunidades.

En las últimas semanas el cielo de las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía ha amanecido rojo y lleno de cenizas. Los incendios forestales desatados en múltiples focos en el centro sur de Chile han puesto en jaque la vida de miles de personas, cobrándose vidas, hogares y ecosistemas a su paso. Sin más, solo el día 7 de febrero se identificaron al menos 80 focos activos de forma simultánea.

Lamentablemente, este ha sido el panorama constante en los últimos años en nuestro país. Según los datos estadísticos disponibles en CONAF, en los últimos 10 años, Chile ha sufrido 126.423 incendios, concentrados mayoritariamente entre Valparaíso y Araucanía en los meses de más calor. De estos, cerca de un 45% son intencionales, cifra que ha ido en aumento desde que este fenómeno se volvió cotidiano.

En términos históricos, la mayor cantidad de superficie quemada corresponde a bosque nativo, el cual ha sido rápidamente desplazado por un modelo que privilegia el avance del monocultivo forestal en el centro sur. Segùn Heilmayr, R., Echeverría, C. & Lambin, E.F., quienes publicaron en la revista Nature del año 2020 el estudio denominado “Impacts of Chilean forest subsidies on forest cover, carbon and biodiversity”, indican que el subsidio forestal DL 701 y su aplicación, entre los años 1986 y 2011, implicó la expansión de 1.266.000 hectáreas de plantaciones de monocultivos en el país, de las cuales aproximadamente 337.000 eran de bosque nativo antes de la instalación. Así, por ejemplo, según indica la Alcaldesa de Santa Juana, el 80% de su comuna hoy es forestal de pino y eucalipto, y son precisamente este tipo de plantaciones las que han sido foco de incendios en los últimos años.

El desplazamiento del bosque nativo, fuente natural de agua y humedad, es un peligro que se ha instalado en las localidades rurales y periurbanas de estas regiones, ya que la agudización de la crisis climática mundial se ve acrecentada por este tipo de plantaciones, que secan los suelos y napas, dejando con menos disponibilidad de agua a comunidades y entornos naturales.

Re pensar el modelo forestal y la regulación de los monocultivos de pinos y eucaliptos, tanto como de paltos y frutales, hoy es una necesidad país en materia de seguridad frente a la crisis climática mundial, puesto que sus consecuencias son de extrema gravedad para las comunidades, ya que las plantaciones forestales son emisoras netas de CO2 y altamente inflamables.

DECRETO DE LEY 701: EL INICIO DE ESTE PELIGROSO NEGOCIO

El modelo forestal imperante inicia en el año 1974 en dictadura militar a través del Decreto de Ley 701 enfocado en subsidiar la actividad forestal, a través de la bonificación de la plantación de pinos y eucalipto un 100% y desde 1998 desciende el monto del subsidio al 70%. Las estimaciones dicen que durante los últimos 40 años, el Estado ha entregado US$875 millones a los empresarios forestales por concepto de plantación y gastos administrativos asociados.

¿Su impulsor? Julio Ponce Lerou, ingeniero forestal y conocido yerno del dictador Agusto Pinochet, hoy millonario, quien también estuvo involucrado en el Caso Cascadas de las AFP. Ponce Lerou estuvo a cargo de la CONAF entre 1974 y 1979, periodo en que se decreta el DL 701 y privatiza los predios expropiados a la Corporación de la Reforma Agraria, impulsando así la concentración de la propiedad de los predios del campo del centro sur de Chile. Esta acción, denominada “contrarreforma agraria” fue el inicio del empobrecimiento del campesinado y de comunidades mapuche de estos territorios, dejando sin tierra a quienes trabajan y producen alimento para Chile. Este escenario tensiona la soberanía alimentaria de los habitantes de nuestro país, ya que esa concentración de tierra fue utilizada para pino, eucalipto y agro negocio, destinados a exportación.

Inicialmente, para abastecer la demanda de la industrial forestal, hasta 1995 se han bonificado 800 mil hectáreas, invirtiendo US$136 millones. Hasta el 2008, el Estado ha otorgado US$284 millones nominales en bonificaciones por concepto de forestación y protección de suelos, financiando con ello la plantación de 475 mil hectáreas y la realización de obras de recuperación de suelos en 175 mil hectáreas.
Las plantaciones forestales del país alcanzan los 2,329 millones de hectáreas a diciembre 2020, lo que implica un incremento en la superficie de plantaciones en pie de 8.264 ha respecto del año anterior.

UN MODELO CON BENEFICIOS PARA UNOS POCOS

El modelo forestal sólo beneficia a los grandes propietarios, generando dependencia de los pequeños productores en su comercialización. Los beneficiados de este modelo fueron los grandes grupos económicos, como es la familia Matte y Angelini, fundamentalmente a través de CMPC, del Grupo Matte y Forestal Arauco que controlan aproximadamente entre el 70% y 75% del mercado forestal. Entre los grupos Angelini y Matte poseen 1,4 millones de las 2,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales de Chile (900 mil y 500 mil hectáreas respectivamente).

Para ser exactos, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y Celulosa Arauco no son empresas, sino que holdings de dichas familias. Esto significa que manejan y direccionan a un conglomerado de empresas, como controladores, al tener la propiedad de todas o la gran mayoría de las acciones. Estos tienen un dominio importante del rubro forestal, ya que tienen apalancado a las empresas más pequeñas del área a su circuito económico de compra y venta. Además, la industria forestal se caracteriza por su alta integración vertical: controla desde el origen hasta el final de la cadena productiva, pasando por viveros, elaboración de trozas, aserraderos, comercialización y propiedad de los puertos. Eso les permite controlar los costos, precios y competencia.
Por otra parte, además de los beneficios del DL 701, en términos de los subsidios a las plantaciones, existen otros subsidios no cuantificados, que son básicamente la exención de impuestos territoriales de los suelos forestados; y la inexpropiabilidad de la tierra y rebaja de impuesto a la renta por concepto de futuros ingresos de las plantaciones establecidas.
El subsidio del Estado Chileno al negocio forestal siguió vigente después de la dictadura. En 1998 el gobierno del presidente Frei-Ruiz Tagle otorgó una prórroga por 15 años. Posteriormente, durante el primer gobierno de Piñera, otra prórroga por dos años en el 2010. A su vez, en el año 2015, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se presentó otra prórroga hasta el 2018. Este negocio privado financiado por el Estado durante décadas, entonces, ha sido perpetrado por todos los gobiernos pasados; y este decreto ha sido reconocido como un instrumento que ha favorecido la concentración de la riqueza.
Al día de hoy, el DFL 701 no ha sido prorrogado desde el 2012, por lo cual, las actividades forestales según la normativa, no son necesariamente susceptibles de ser bonificadas. Sin embargo, a pesar de no estar legalmente vigente se ha seguido aplicando subsidios forestales hasta al menos 2018 según informe de CONAF.

CONSECUENCIAS DEL MODELO: Un desastre para la biodiversidad y prevención contra incendios.

Los impactos del modelo forestal no han sido sólo económicos, sino que también ha tenido un alto impacto en la naturaleza nativa. La presencia de forestales se asocian a la pérdida de la diversidad biológica, ecosistemas, fragmentando el hábitat de la fauna nativa local,y bosques nativos, daños en los suelos y efectos negativos en la disponibilidad de agua, cuya principal secuela impacta directamente a las comunidades locales que habitan esos territorios. ¿Por qué? El uso intensivo del suelo para la plantación de una especie con ejemplares juveniles supone una sobreexigencia al recurso agua por dos razones: Primero, como cualquier ejemplar juvenil, se requiere un extra de energía y recursos para su crecimiento, en este caso el agua. Y segundo, el monocultivo reemplaza el natural equilibrio del bosque nativo, que no es capaz de mantener la natural humedad y reserva de agua que se da con la diversidad de especies del bosque.

Los impactos de la industria forestal también están en el uso del método de cosecha por tala rasa, en grandes extensiones con muy poca o nula regulación en varias regiones del país. Así mismo, es cuestionable cómo se gestiona por parte de la industria forestal el riesgo de los incendios forestales, ya que existe una escasa o nula implementación de medidas efectivas y generación de capacidades para prevenir, enfrentar y gestionar tal amenaza en los territorios mismos.

En estos días hemos visto cómo las empresas destacan su colaboración con el Gobierno en la gestión del desastre, pero ese discurso omite que existe una responsabilidad pública y, por sobre todo, privada en la gestión preventiva de las amenazas de los monocultivos y de los territorios donde se emplazan. Esa prevención hoy no existe o, a todas luces, no está funcionando.

El modelo privado forestal está quemando Chile tal como está constitutido, por ello debe ser urgentemente transformado. La estructura institucional debe propiciar aspectos que se deben reconsiderar hacia una protección de los bienes comunes y la naturaleza y la fuerte regulación de este sector, que ha crecido y enriquecido gracias al aporte del Estado.

Es importante destacar, también, las dimensiones e impactos sociales de este negocio. Si observamos los datos respecto a la pobreza por ingreso de la Casen (2017), podemos observar que las cinco regiones con mayor porcentaje de población en situación de pobreza son; La Araucania con 17,2%, Ñuble con 16,1%, Maule con 12,7%, Bio Bio con 12,3 % y Los Ríos con 12,1%. No es casual que las regiones que presentan mayores porcentajes de pobreza por ingreso sean los territorios en donde el modelo forestal ha prosperado. Esto no significa que esta actividad económica sea la causal directa y exclusiva de la pobreza, pero es claro que cumple un rol en los múltiples factores que inciden.

¿CÓMO AVANZAMOS A UN NUEVO MODELO FORESTAL?

Las soluciones a esta problemática han sido largamente trabajadas y propuestas no sólo por expertos y académicos, si también por las comunidades y organizaciones sociales y medioambientales de Ñuble, Biobio y Araucanía.

Una primera línea de acción se refiere a lo normativo. Se debe constituir un marco jurídico a la altura de las contingencias de la crisis climática y que pueda hacer frente a las amenazas del modelo forestal. Es urgente aprobar la Ley de incendios que hoy está en el Congreso durmiendo en la Comisión de Medio Ambiente. Es necesario prohibir el cambio de uso de suelos en las áreas quemadas por este tipo de siniestros, evitando transformar el bosque nativo para actividades económicas, agrícolas, industriales e inmobiliarias. Esto es una medida de control que posibilita desincentivar la especulación económica sobre nuestros territorios: que no quepa posibilidad de que alguien queme el bosque para transformar ese terreno para su enriquecimiento.Junto con esto, es necesario que el Estado incorpore tecnologìa en sus fiscalizaciones, tales como la geomàtica e imágenes satelitales, entre otros medios para hacer eficiente la acción.

Respecto a avanzar con la normativa vigente, es importante destacar que la derogación del decreto de ley 701 es parte de los compromisos programáticos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y hoy tenemos una oportunidad para poder derogar este amarre de la Dictadura y avanzar a un nuevo modelo forestal. El despliegue del Gobierno en terreno ha sido fuerte, y necesitamos que ese ímpetu se mantenga cuando tengamos que, como país, proyectar una forma de desarrollo económico que no ponga en riesgo la vida de las personas y ecosistemas.

Como segunda cuestión a abordar, debemos modificar e intencionar los instrumentos de planificación territorial, como los Planos Reguladores Comunales, Intercomunales o Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, entre otros, que son parte de la institucionalidad del Estado. Estos tienen un papel central en la construcción presente y futura sobre lo que se hace/no hace en todo nuestro espacio y sus dimensiones geográficas, políticas, económicas y ambientales. Por ello, la necesidad de transformar estratégicamente los instrumentos es una forma efectiva y concreta de incidir sobre la vida en nuestros ecosistemas y comunidades. Dicha intervención debe ir aparejada de un diálogo con la normativa jurídica y acciones comunitarias, y que ellas tengan participación incidente en su diseño.

Sumado a lo anterior, existe en Chile una figura de regulación territorial internacional que no es vinculante en los instrumentos de ordenamiento territorial: las Reservas de la Biosfera, declaradas por la ONU, son grandes áreas de alto valor mundial ricas en biodiversidad. En nuestro país existen 10 Reservas que abarcan cerca 11,4 millones de hectáreas, de las cuales cerca de 3 millones de hectáreas corresponden a áreas marinas. Lo importante de este instrumento es que piensa la protección en tres anillos: el núcleo, con protección legal; el área de amortiguación, que debiera integrar actividades que potencien la protección ecològica: y un área externa de transición, donde se realicen actividades humanas varias con foco sustentable. Este modelo es un ejemplo, pero las 10 Reservas no están del todo integradas a los instrumentos locales y regionales, por lo que la efectiva protección aún está en jaque. Integrarlas y hacerlas vinculantes es un desafío prioritario para la conservación del bosque nativo en Chile.

El foco de armonizar las actividades económicas y sociales con las ecológicas, sobre todo en áreas rurales, permite cuidar nuestros bienes comunes naturales y sociales, y, por tanto, prevenir que las amenazas estén cerca de los asentamientos humanos. Estos Instrumentos deben tener coherencia entre ellos, por lo que establecer criterios o lineamientos que ponga en el centro la protección de los ecosistemas y las comunidades es central. Esta dirección puede posibilitar propuestas en los territorios como establecimiento de ecosistemas de valor paisajístico natural, zonas de protección ambiental, o categorías de espacios de riesgo de desastres, que propicien y protejan el bosque nativo posibilitando acciones concretas para su promoción.

Un tercer elemento dice relación con la normativa ambiental. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un procedimiento de regulación ambiental que está dirigido a la evaluación y proyección de los efectos e impactos ambientales de las actividades económicas, industriales, y toda intervención que pueda tener afectaciones de acuerdo a lo establecido por la normativa. Los proyectos de desarrollo o explotación forestales, tanto como las grandes plantaciones de monocultivo de paltas u otros frutales, hoy no están sometidos a esta normativa, a pesar del grave impacto a la tierra y disponibilidad de agua en su emplazamiento. Urge que este tipo de actividad económica entre al sistema de evaluación ambiental, puesto que la crisis climática no permite que la industria siga creciendo desentendiendose de su impacto al planeta. Y no sólo eso, la normativa hoy también debe estar a la altura de la crisis. No puede ser que existan superficies continuas de kilòmetros y kilòmetros de plantación de monocultivo, por lo que es necesario establecer superficies máximas discontinuas que eviten el avance desmedido del fuego.

Adicional a esto, una lección que nos deja esta catástrofe es que hay que establecer buffers o radios amplios de seguridad alrededor de zonas pobladas, donde el uso de suelo no sea tan combustible como el pino o el eucalipto, poniendo al centro la protección de las comunidades. Por último, hay que poner prioridad en defender y proteger los cursos de agua en las quebradas, por lo que estos cursos debieran tener franjas de protección que permita evitar que los cursos de agua se sequen. La tierra y los cerros secos son un peligro y los corredores biológicos son una forma de prevenir el desastre.

Una cuarta idea a impulsar en este proceso es refocalizar la inversión del Estado. Hoy el financiamiento y las políticas públicas deben apuntar a la recuperación del bosque nativo. Derogar el DL 701 y re pensar el modelo forestal y el uso de los suelos de nuestro país hoy es una urgencia para la seguridad de los y las habitantes de Chile frente a las adversidades de la crisis climática. Y pensar en cómo revertirlo. Si el Estado de Chile fue capaz de desembolsar miles de millones en hacer crecer un sector privado que sólo beneficia a dos familias, estamos a tiempo de impulsar el financiamiento de la regeneración del bosque nativo, y convertirnos en un ejemplo mundial de seguridad ecológica frente al cambio y crisis climática.

Como quinto y último elemento en cuestión, es importante consignar que la responsabilidad de los privados debe tener una mayor preponderancia. Esta catástrofe es sin duda algo horrible para los habitantes del centro sur de Chile,y la empresa privada que perpetúa este peligro no se responsabiliza de los daños ni previene nuevos hitos. Que los grandes propietarios de las forestales Mininco, Arauco y CMPC se pongan a disposición con recursos para controlar estás catástrofes es un mínimo, ya que sus medidas de seguridad son, por lo menos, cuestionables. Así también lo puntualiza el jefe de departamento de prevención de incendios forestales, Rolando Pardo a radio ADN.

“Tenemos condiciones de plantaciones forestales, muchas veces en manos de inversionistas, que simplemente plantan, y se olvidan de la plantación hasta el periodo de cosecha, 20 o 25 años después, y no hacen gestiones de limpieza, poda, no establecen cortafuegos, no hacen limpieza en vías de acceso“

La responsabilidad empresarial es un gran ausente del debate público, y es necesario poner la obligatoriedad de tomar medidas concretas para la prevención de estas catástrofes, donde las voluntades estén en avanzar en un modelo que privilegie la seguridad de las comunidades y ecosistemas por sobre las ganancias de unos pocos.

“LAS COMUNAS CHICAS TAMBIÉN SON CHILE”

“Las comunas chicas también son Chile” Así proclamaba con desesperación la Alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, al ver como el 60% de su comuna se quemaba por el avance descontrolado del incendio forestal en una comuna donde la gran cantidad del suelo es pino y eucalipto. El modelo forestal fomentado en dictadura y financiado por el Estado de Chile en los últimos 50 años empobrece y precariza a los territorios históricamente olvidados de un país altamente centralista, donde las grandes urbes acaparan la atención y foco de las políticas públicas e inversión nacional.

Cuando como MODATIMA hablamos de descentralización, no solo nos referimos a dejar de hablar como si Santiago fuese Chile. Descentralizar también es poner en valor aquellas identidades, actividades económicas y modos de vida que se dan en aquellos lugares que han sido entregados al modelo privatizador de la vida, darle importancia a las comunas rurales del país.

En los campos y costas de Chile la vida se está sosteniendo económicamente del sacrificio ecológico: forestales, agroindustria, termoeléctricas e hidroeléctricas se han transformado en la única forma de subsistencia, destruyendo ecosistemas y poniendo a sus habitantes en jaque. La expulsión de una forestal, foco de riesgo permanente de incendios, por ejemplo, implica dejar sin trabajo a la población de las comunas aledañas donde se emplaza. Un trabajo, dicho sea de paso, precario y mal pagado, que implica la destrucción del lugar donde crecieron.

Hoy, como organización por la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente, reiteramos la urgencia de re pensar el modelo forestal, tanto como la matriz productiva de un país que se sostiene de la explotación de sus bienes comunes naturales. El contexto global demuestra que año a año las catástrofes naturales se acrecientan, por lo que cuidar el agua y el bosque nativo es una necesidad de seguridad pública para todos,todas y todes.

Carolina Vilches y Manuela Royo
Voceras Nacionales
MODATIMA CHILE.

Nota1: Esta columna fue tomada por elmaipo.cl del sitio oficial del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA)

Nota2: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.

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