Hay una prueba vieja y bastante simple para saber si algo es una ley o un privilegio con buenos modales. Consiste en preguntarse si uno aceptaría esa misma norma, con el mismo texto y las mismas atribuciones, cuando la aplique el adversario. Nada más que eso.
La reforma constitucional de seguridad del gobierno reprobó esa prueba la semana pasada. No la reprobó por culpa de sus críticos. La reprobó por boca de sus partidarios.
Al senador Cristián Vial le preguntaron en televisión cómo habría votado el proyecto si lo hubiese presentado Jeannette Jara. Contestó que en contra. Explicó que la propuesta tiene “ADN republicano conservador” y que eso la hace distinta de cualquier cosa que venga de la izquierda. Arturo Squella, presidente de su partido, salió a respaldarlo: una reforma firmada por una comunista genera desconfianza. Nadie del sector lo desmintió. Andrea Balladares, desde RN, sí marcó distancia y dijo lo obvio, que las reformas se evalúan por su contenido. Que haya tenido que decirlo, y que su declaración haya sido noticia, dice bastante.
Vale la pena mirar el contenido, porque la confesión pesa en proporción a lo que se está entregando.
El proyecto crea un estado de excepción constitucional nuevo, de seguridad pública, con causales de activación mucho más anchas que las del estado de sitio o el de emergencia. Habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas en orden interno con menos restricciones que hoy. Alarga los plazos. Afloja los controles. Y agrega un artículo 9° bis con un régimen de inhabilidades políticas asociado a delitos de terrorismo y crimen organizado, con efecto sobre el derecho a ser electo.
Resumido: más poder para suspender garantías, militares en la calle con menos frenos, y una puerta constitucional para sacar gente de la competencia electoral. Cualquiera de esas tres cosas exige redacción quirúrgica. Las tres juntas, escritas en términos abiertos a propósito, arman algo cuya extensión real no la define el texto sino quien lo interpreta.
Lo llamativo es que el oficialismo presenta esa vaguedad como una virtud. Se explicó que el Ejecutivo mandó una redacción amplia precisamente para que los contrapesos se discutan después, en la tramitación. O sea, el poder ahora y los límites en el camino. El propio senador Ignacio Urrutia, republicano, dijo tener reparos con el despliegue militar y con la extensión del estado de excepción, aunque los dio por corregibles sobre la marcha. Confianza tiene.
Ahora bien. Si el nuevo estado de excepción fuera lo que dicen que es, una herramienta técnica contra el crimen organizado, debería dar exactamente lo mismo quién la usa. Un extintor no cambia de naturaleza según quién lo descuelga de la pared. Cuando un sector entero declara que el mismo texto le resultaría intolerable en manos ajenas, ya no está evaluando una herramienta. Está midiendo una ventaja.
Y el detalle es que hablamos de la Constitución. Estas normas no rigen un trienio: rigen para todos los gobiernos que vengan, incluidos aquellos cuya sola posibilidad le quita el sueño al senador Vial. Quien redacta una atribución de excepción imaginándose solo del lado del que la ejerce, y nunca del lado del que la padece, está escribiendo mal. Aunque su bancada aplauda.
Ahí está lo hipócrita del asunto. El miedo al delito es real, no es un invento comunicacional, y está pésimo repartido: lo pagan más caro las comunas que reciben menos presupuesto por habitante, menos policías, menos de todo. Ese miedo es el capital que la reforma moviliza. Pero lo que se construye con él no es capacidad estatal para perseguir al crimen organizado. Para eso hacen falta inteligencia financiera, fiscalías especializadas, trazabilidad de armas, control de fronteras, cosas caras y poco fotogénicas. Lo que se construye es mando extraordinario y un mecanismo de exclusión política. La gente que tiene miedo pone el medio; el fin lo pone otro.
El Presidente Kast, sin nombrar a Vial, dijo algo impecable: no importa quién lo diga, importa que se haga. Es el criterio correcto. Es, además, el criterio que su propio proyecto desmiente en tiempo real.
Que la reforma sea de derecha no es el problema. Las mayorías legislan, para eso se eligen. El problema es que sus promotores admitieron en voz alta que no la escribieron para todos, sino para ellos. Una norma que solo se acepta cuando la firman los propios no es una norma. Es una prerrogativa a la que le pusieron corbata.
Al gobierno le faltan votos en el Senado; necesita 29 y no los tiene. Antes de entregarlos, cada senador debería hacerse una sola pregunta, y hacérsela en serio: ¿aprobaría este mismo texto sabiendo que quien va a ejercer estas atribuciones es aquel en quien menos confía? El que no pueda responder que sí, ya sabe cómo votar. Y el que responda que no, como hizo Vial con una franqueza que su sector debería agradecerle bastante menos, acaba de admitir que esto nunca se trató de seguridad pública.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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