El proceso de inmigración masiva que ha vivido nuestro país en las últimas décadas, coinciden los expertos, seguirá adelante a pesar de las dificultades crecientes para hacerlo de manera regular y segura. Esto, por el match entre la necesidad de muchas personas que ven en la migración internacional una oportunidad para mejorar su futuro, y un país que requiere progresivamente de población migrante para cubrir sus necesidades de crecimiento y desarrollo.
Por lo tanto, las políticas públicas asociadas a la migración deberían apuntar a que las personas que llegan a nuestro país lo hagan de manera segura, administrativamente regular y socialmente protegidas en sus derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Si bien en la actualidad existen muchas dificultades para que la migración a nuestro país se dé en esos términos, es en el mundo rural dónde se tiene menos información de lo que está sucediendo y en dónde los medios de protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias tiene menos capacidad de concretarse.
Así, problemas como la trata de personas en el mercado laboral ha dado señales de ser una práctica instalada en nuestro país hace décadas. No existen medios eficientes ni siquiera para reaccionar ante vulneraciones tan graves, menos para generar prácticas de prevención y protección activa de derechos.
Si por un lado, existe una sobre exposición de la migración irregular en la frontera norte, y una estigmatización de los inmigrantes en las ciudades del Norte y en la ciudad de Santiago, se produce una invisibilización de las personas que llegan a trabajar al campo en tareas agrícolas en diversas regiones del país; no se sabe cuántos son, en qué condiciones desarrollan sus actividades laborales, dónde y cómo viven en los territorios rurales, cómo se desarrolla su vida cotidiana y la de sus familias.
Todo ello en un contexto en que la fuerza de trabajo autóctona está lejos de tener una tasa de reemplazo que pueda satisfacer la demanda de trabajadores del sector agrícola. Es decir, si algo se tiene claro es que seguirán llegando extranjeros, de diversos países de Latino América y el Caribe, a responder a la demanda de trabajadores de las empresas agrícolas de nuestro país.
Hoy ese flujo migratorio ingresa al país en condiciones desmedradas, sea por temas asociados a las dificultades por acceder a una condición de regularidad estable, sea por las dificultades para poner en valor el capital humano que acumularon en sus países de origen, o por el daño sufrido en sus procesos de desarraigo y reubicación en un nuevo contexto socio-cultural, entre otras situaciones.
Es esta vulnerabilidad socio-laboral la que se aprecia con especial intensidad en el mundo rural y que facilita que las personas sean super explotadas y sean potenciales víctimas de vulneración de sus derechos, la que urge conocer, intervenir y mejorar.
Las Naciones Unidas a través de sus agencias FAO, OIT y OIM, realizó el estudio “Inserción laboral de los trabajadores migrantes en el sector rural en Chile” (2020), el cual indaga sobre estos fenómenos y los factores que explican los altos índices de trabajo informal y empleo precario en el sector agrícola.
El Estudio, realizado por Mario Velásquez Pinto, Leopoldo Yáñez Betancourt y Fredy Molina Castro, identificó que desde hace años el campo chileno presenta mayores condiciones de precariedad laboral, lo que ha convertido a la ciudad en un destino mucho más atractivo para las y los trabajadores locales. La constatación básica es que los trabajadores inmigrantes están desarrollando las tareas que los chilenos de sectores rurales ya no quieren desarrollar. Entonces, a pesar de las oportunidades de trabajo en el campo, lo frecuente es que éste se asocie a remuneraciones más bajas, estando sujetos los trabajadores a mayores riesgos para la salud, trabajo informal y subempleo.
En este escenario, el Estudio enfatiza en la necesidad de que el Estado asegure una entrega oportuna de visas, desarrolle una coordinación interinstitucional, que oriente permanentemente en el uso de los servicios públicos y asegurar la provisión de información y asesoría. Todos aspectos claves para regularizar la situación de las personas migrantes y para apoyarles en su inserción productiva.
También se enfatiza en poder resolver las graves carencias de trabajo decente de los trabajadores migrantes del sector agrícola, a través de políticas públicas que den cuenta de la diversidad de realidades que deben enfrentar los inmigrantes en el campo chileno.
Políticas que apunten a una mejor información a los trabajadores migrantes, a la reducción de las discriminaciones, al aprovechamiento de sus potencialidades y al mejoramiento en el funcionamiento de las instituciones públicas, junto a una mayor fiscalización de las condiciones laborales de la población migrante en Chile.
Por último, los expertos señalan que urge la necesidad de desarrollar protocolos para garantizar la seguridad y la salud laboral de las y los trabajadores del sector, tanto nacionales como migrantes; lo anterior, de la mano con el reforzamiento institucional que garantice tanto el cumplimiento de las normas laborales, como el acceso de los trabajadores del sector a las protecciones y prestaciones de las instituciones laborales y de la seguridad social, como el seguro de cesantía.
En medio de una ola xenofóbica y racista, empujada por la ultraderecha chilena, nuestro país parece alejarse de estos desafíos que parecían tomar vientos de cola al inicio de este Gobierno.
A pesar de ser parte del Programa de Gobierno, parece cada vez más lejana la firma del Pacto de Marrakech para una Migración Segura, Ordenada y Regular, instrumento que favorecería un proceso de revisión de las actuales normativas en Chile para adecuarlas a dicho instrumento y no retroceder criminalizando la migración irregular o relativizando los derechos, incluso de niños, niñas y adolescentes, favoreciendo la súper explotación de los y las trabajadoras extranjeras, sufrida con particular intensidad en nuestros campos.
Miguel Jara Gómez. Antropólogo Social, Magister en Educación y Comunicador Social, colaborador de El Maipo.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
