Sábado, Abril 13, 2024

Hermosilla es sólo un empleado de la clase dominante. Por Roberto Pizarro Hofer

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Cada vez se hace más evidente que las instituciones del Estado se han debilitado por proteger actos de corrupción de políticos y empresarios, con un deterioro manifiesto en la estabilidad política y la seguridad de la sociedad. Tampoco ayuda a recuperar la moral un sistema económico que no regula adecuadamente el accionar del sector privado y lo deja a su libre albedrío.

La corrupción en Chile no se detiene. La perla del momento es el abogado Luis Hermosilla quien, en la comentada arista investigativa de los audios, saluda al recién nombrado Director de la PDI, Sergio Muñoz, con “Un abrazo de felicitaciones. Misión cumplida”.

“Misión cumplida” revelaba las probables gestiones de Hermosilla en las altas esferas del poder para favorecer el nombramiento de Muñoz. El abogado del gobierno del expresidente Sebastián Piñera iniciaba así una fructífera relación con el nuevo Director de la PDI, que le ha servido para obtener documentos judiciales reservados, con información privilegiada de utilidad para la elite. Corrupción en toda la línea.

Sin embargo, Hermosilla no es un caso excepcional en la corrupción creciente que vive el país. En realidad, él es un empleado de la elite económica y política, cuya crisis moral recorre nuestro país hace varios años.

En efecto, generales de las FF.AA. y de Carabineros, jefes policiales, alcaldes y alcaldesas, le roban al Estado y, recientemente, algunos jóvenes de Revolución Democrática, que perdieron el rumbo, intentan emular a los anteriores. Pero, sobre todo los grandes empresarios son los que dan la nota alta, han dado el ejemplo: se coluden para estafar a los consumidores y pagan a políticos para que dicten leyes a su favor.

En realidad, lo más grave en esta transición interminable ha sido la intervención directa de los grupos económicos en la política contingente para conseguir leyes favorables a sus intereses. Partidos políticos, parlamentarios, centros de estudios ligados a partidos políticos e incluso universidades, han aceptado el financiamiento de empresarios para favorecer sus intereses o, al menos, para que no se investiguen sus actividades.

Al mismo tiempo, los grandes empresarios han capturado directamente a políticos y economistas provenientes del sector público para sentarlos en sus directorios, convirtiéndolos en lobistas útiles para multiplicar sus negocios. Mientras el pueblo ha sido dejado al margen de la política, la institucionalidad estatal revela una manifiesta incapacidad para castigar a los corruptos y más bien ha inventado mecanismos (judiciales y administrativos) para perdonarlos, lo que fue manifiesto durante el gobierno de la presidente Bachelet.

Cada vez se hace más evidente que las instituciones del Estado se han debilitado por proteger actos de corrupción de políticos y empresarios, con un deterioro manifiesto en la estabilidad política y la seguridad de la sociedad. Tampoco ayuda a recuperar la moral un sistema económico que no regula adecuadamente el accionar del sector privado y lo deja a su libre albedrío.

En efecto, en la Constitución de 1980, y también con los cambios del 2005, el sector privado ha encontrado un campo indiscriminado de acción para el ejercicio de cualquier tipo de actividad mercantil, incluido el ámbito social, con un Estado reducido a un rol estrictamente subsidiario.

Al mismo tiempo, la actividad regulatoria del Estado también encuentra restricciones en la actual Constitución, con costos sociales ineludibles. En efecto, conductas empresariales monopólicas, colusiones e incluso estafas directas (como en el caso de la Polar), revelan la incapacidad del Estado para regular con efectividad. Los depredadores se sienten cómodos con los recursos judiciales de protección y amparo y cuando son sancionados, las condenas son irrisorias.

Ya no hay dudas. La corrupción está instalada en Chile y crece incesantemente. El caso del abogado Hermosilla es sólo un hito más en el deterioro de la moral pública.

Desde la instalación de la dictadura, y a lo largo de la transición, el modelo económico y las instituciones estatales han beneficiado a la minoría dominante: a los grupos económicos, sectores de la clase política que les rinde pleitesía, junto a economistas y abogados serviles a esa minoría. Y, para defender sus negocios y beneficios, esa red de relaciones de la elite ha contaminado las instituciones estatales con la corrupción.

Así, el empleado de la elite, el abogado Hermosilla, puede decir: Misión Cumplida.

Por Roberto Pizarro Hofer – Economista. Colaborador de El Maipo

Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.

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