Nunca antes un oficio había generado tanto rechazo con tan pocas líneas. El documento número 16, emitido el pasado 21 de abril por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, contiene una “recomendación” que debería helarle la sangre a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad social: eliminar de un plumazo el Programa de Alimentación Escolar (PAE), las becas Vocación de Profesor y Puntaje PSU, el plan PACE, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, y decenas de iniciativas más. Todo, en nombre de la “estrechez fiscal”.
Antes de que el propio Quiroz saliera a decir que “no hay ninguna decisión tomada”, ya el daño estaba hecho. Porque cuando desde Hacienda se “recomienda” terminar con un programa, en la práctica se está dando una orden. Y la orden es clara: sacrificar la educación de los más vulnerables en el altar del ajuste.
El caso más aberrante es el del PAE. Este programa entrega alrededor de dos millones de raciones diarias en todo el país. Para miles de niños y niñas en sectores rurales y urbano-marginales, esa no es “una ayuda extra”: es la única comida completa que reciben en el día. ¿Alguien en La Moneda ha pensado qué significa eliminar eso? No es un número en una planilla. Es un niño intentando estudiar con el estómago vacío. Es una madre que ya no sabe cómo reemplazar lo que el Estado le garantizaba.
Pero la “recomendación” no se detiene ahí. Quitar la Beca Vocación de Profesor es enviar un mensaje demoledor: “No nos interesa atraer a los mejores talentos a las aulas”. En un país con una crisis docente profunda, donde las matemáticas y las ciencias se imparten cada vez más por profesionales sin formación pedagógica, esta decisión es simplemente una declaración de guerra contra la calidad de la educación pública.
Y qué decir del PACE, el Programa de Acceso a la Educación Superior. Durante años nos llenamos la boca con la “equidad” y el “fin al lucro”, pero resulta que el único mecanismo que realmente logró nivelar la cancha para estudiantes de liceos municipales está en la lista de los condenados. Lo mismo ocurre con los planes de Lectura y Escritura: ¿acaso alguien cree que los índices de comprensión lectora en Chile están tan altos como para recortar justo ahí?
El ministro Quiroz puede argumentar “cambio de paradigma” y “eficiencia”. Pero cortar programas de reinserción escolar o el Fondo de Apoyo a la Educación Pública no es eficiencia: es abandono. Es decirle a los liceos más golpeados por la violencia y la deserción que se las arreglen solos.
La oposición ha reaccionado pidiendo sesiones especiales y oficios de respuesta, y tiene toda la razón. Pero aquí el problema no es solo político: es ético. Un gobierno que se precia de ordenar las finanzas no puede ordenarlas sobre los lomos de los que menos tienen. Mucho menos cuando el debate presupuestario recién comienza y ya se filtran estas “recomendaciones” como globos de ensayo.
Si algo ha quedado claro en los últimos años, es que la ciudadanía ya no tolera estos ajustes a costa de la infancia y la educación. El oficio N°16 debería ser archivado de inmediato, y el ministro Quiroz debería explicar con nombres y números por qué su “estrechez fiscal” no puede resolverse tocando partidas menos sensibles, como las asesorías, los viáticos de altas autoridades o las innumerables “asesorías” que pueblan el presupuesto nacional.
Mientras tanto, millones de familias quedan con la angustia de saber que, para este gobierno, un niño que come en la escuela es un gasto, no una inversión.
Y eso, señor ministro, no es un ajuste: es una vergüenza.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
