El Gobierno de EEUU permitió a las autoridades venezolanas pagar a los abogados del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran bajo custodia en el país norteamericano, reporta el diario ‘The New York Times’ (NYT). La medida elimina el primer gran obstáculo del proceso judicial.
“En una carta presentada ante el Tribunal Federal de Manhattan, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señaló que el Departamento del Tesoro había emitido licencias modificadas que permitirán a los abogados de Maduro (…) y de su esposa, Cilia Flores, recibir pagos del Gobierno de su país”, comunica el medio.
El Departamento del Tesoro bloqueó antes esos pagos, lo que provocó fuertes protestas por parte de la defensa.
El cambio se produce tras una audiencia en la que el juez encargado del caso, Alvin K. Hellerstein, cuestionó duramente al Gobierno estadounidense por impedir el acceso a esos fondos e incluso sugirió que, de no modificarse la situación, podría considerar la desestimación del caso, tal como había solicitado uno de los abogados de Maduro, Barry J. Pollack, conocido por haber logrado la liberación de Julian Assange.
En su escrito, Clayton indicó que los abogados de Maduro aceptaron que la última decisión del Tesoro deja sin efecto, por el momento, su petición de desestimar la acusación, por lo que retiraron dicha solicitud.
El asunto salió a la luz en febrero pasado, cuando Pollack informó a Hellerstein que el Gobierno estadounidense estaba impidiendo que Venezuela le pagara, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Tesoro. El abogado argumentó que esta restricción impedía al mandatario financiar su defensa y vulneraba su derecho constitucional, recogido en la Sexta Enmienda, a elegir su abogado.
En una audiencia posterior, Hellerstein mostró receptividad a este argumento, señalando que el derecho a una defensa es “fundamental” y sugiriendo que las sanciones podrían haber quedado desactualizadas tras la reanudación de relaciones entre EEUU y Venezuela.
Cuando el juez dejó entrever que podría fallar en contra del Gobierno, el fiscal principal del caso, Kyle Wirshba, indicó que la Administración podría reconsiderar la cuestión.
En su carta del 24 de abril, Clayton añadió que las nuevas licencias establecen condiciones específicas, como que los pagos provengan de fondos disponibles del Gobierno venezolano a partir del 5 de marzo de 2026, fecha en la que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas, luego de una ruptura ocurrida en 2019.
El restablecimiento ocurrió casi dos meses después de que EEUU ejecutara, el 3 de enero, un ataque militar sin precedentes, que concluyó con el secuestro de Maduro y Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico.
Dos días después del ataque, la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia destinada a “garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”. Desde entonces, EEUU y Venezuela han negociado una agenda binacional que incluye el desbloqueo de fondos venezolanos, la venta de crudo y la normalización del diálogo diplomático.
El Maipo/Sputnik
