Por Timothy Killeen
- Existe ambivalencia en las autoridades amazónicas: se adhieren a discursos de protección ambiental, pero también apoyan programas de infraestructura que promueven la deforestación. Según Killeen, esto se refleja en los presupuestos, planes de desarrollo y declaraciones públicas.
- En esta sección, el autor de “Una tormenta perfecta” nos muestra detalles de la experiencia en Brasil con diferentes autoridades amazónicas, desde gobernadores hasta alcaldes, quienes muchas veces se enfocan en la expansión de agronegocios para elevar el valor de las tierras.
- Entre los ejemplos presentados, destaca el caso de la carretera Binacional que se proyectó entre las ciudades de Cruzeiro do Sur (Brasil) y la frontera con Perú. Dicha obra se detuvo tras una orden judicial que exigía el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas.
Los funcionarios electos en la Amazonía brasileña suelen adherir al discurso del desarrollo sostenible y apoyar programas vinculados a modelos de producción ambientalmente responsables. Sin embargo, también respaldan proyectos de infraestructura que, como es bien sabido, promueven la deforestación.
¿Por qué optar por estrategias aparentemente contradictorias? Las razones pueden ser múltiples: una confianza en que las prácticas sostenibles se consolidarán; una subestimación del impacto ambiental de la infraestructura; escepticismo respecto al valor de las alternativas sostenibles; o, más probablemente, la intención de satisfacer a todos los sectores del electorado, actitud común entre los políticos. Esta ambivalencia queda reflejada en sus presupuestos, planes de desarrollo y declaraciones públicas.
Quizás el ejemplo más destacado de esta estrategia dual sea el actual gobernador de Pará, Helder Barbalho (2019-presente). Su agenda ambiental incluye la meta de erradicar la deforestación ilegal para 2025 y el impulso de la bioeconomía, en particular mediante el cultivo de açaí. Como anfitrión de la COP30 en Belém (2025), busca posicionar a Pará como líder en sostenibilidad. Esta visión se refleja también en el plan estratégico de desarrollo a 20 años, que plantea una economía diversificada y un firme compromiso con la conservación ambiental.
No obstante, su agenda también respalda el desmonte legal, la expansión minera y el crecimiento agroindustrial. Barbalho promueve inversiones en transporte de carga, incluyendo los ferrocarriles Paraense MINAM y Ferrogrão (EF-171), así como la ampliación de puertos en los ríos Tapajós, Tocantins y Amazonas. El plan estratégico proyecta triplicar la producción minera para 2030 y duplicar las exportaciones mediante el fortalecimiento de industrias metalúrgicas intensivas en energía. Sin embargo, esta estrategia aumentaría la participación del sector minero en el PIB estatal del 25 % al 35 %, y su presencia territorial de 55 a 89 municipios, en lugar de diversificar la economía.
En Mato Grosso, las administraciones recientes se han enfocado en expandir el agronegocio, añadir valor a las cadenas productivas y diversificar los modelos empresariales. Esto incluye la mejora de la red vial y la construcción de los ferrocarriles Ferrogrão, EF-354 y EF-364, lo que reducirá los costos logísticos y aumentará la competitividad de los productores de granos. A sabiendas del impacto de la deforestación sobre la percepción internacional, las autoridades estatales han promovido políticas para mitigar el riesgo de boicots. Tras ser uno de los estados con mayor deforestación (1977–2005), Mato Grosso logró reducir significativamente la pérdida de bosques entre 2007 y 2012 mediante el uso de teledetección para identificar deforestación ilegal. Si bien esta estrategia ha sido eficaz para detectar infracciones, la recaudación de multas y gravámenes ha tenido menos éxito.
Aplicación de la legislación ambiental y tendencias políticas en la Amazonía brasileña
La aplicación de la legislación ambiental en Mato Grosso se flexibilizó en 2019 con la elección del actual gobernador, Mauro Mendes, quien se alineó con el gobierno de Jair Bolsonaro y manifestó su apoyo al proyecto de ley PL-337, que propone excluir al estado de la jurisdicción de la «Amazonía Legal». De ser aprobada, esta ley permitiría a los propietarios de tierras deforestar una mayor proporción de vegetación nativa y eludir responsabilidades legales por infracciones ambientales anteriores.
En contraste, el estado de Acre implementó entre 2000 y 2018 políticas para fomentar una economía forestal bajo la gestión de los hermanos Viana, quienes procuraron ampliar el legado de Chico Mendes mediante la expansión de reservas de uso sostenible. Además, promovieron la demarcación de territorios indígenas y establecieron un sistema de pago por servicios ecosistémicos (PSA) que recompensaba a los propietarios por conservar los bosques remanentes. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, la ganadería continuó siendo la actividad económica dominante, con un crecimiento anual promedio del 5 % en el número de cabezas de ganado durante ese período. Aunque la deforestación disminuyó entre 2007 y 2012, siguió siendo un componente constante del uso del suelo en la región.
Eventualmente, el electorado optó por una visión más alineada con el desarrollo convencional, eligiendo en 2018 al actual gobernador Gladson Cameli, firme defensor de la industria cárnica y promotor de la Rodovia Binacional, una carretera proyectada entre Cruzeiro do Sul (su ciudad natal) y la frontera con Perú. Pese a ello, la planificación se detuvo tras una orden judicial que exigía obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas. A pesar de su orientación política, la administración Cameli mantiene programas estatales de conservación y subsidios a comunidades forestales, reflejando tanto el legado duradero de Chico Mendes como la inclinación política a complacer a todos los sectores.
En el estado de Amazonas, los funcionarios electos también procuran equilibrar políticas de desarrollo sostenible con proyectos convencionales. Entre las iniciativas sostenibles se encuentran programas de manejo forestal certificado, agroforestería, pesca, acuicultura y ecoturismo, apoyados por una trayectoria sólida en la creación de Reservas de Desarrollo Sostenible (RDS) dentro del sistema estatal de áreas protegidas. Uno de los programas más exitosos es la gestión comunitaria del pirarucú (Arapaima gigas), pez que estuvo en peligro de extinción y cuya población ha aumentado más de 600 % gracias a décadas de trabajo liderado por el Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Actualmente, el programa opera en 25 municipios, beneficiando económicamente a más de 7,500 familias.
Un proyecto más polémico es la repavimentación de la BR-319, que conectaría Manaus con el resto del país mediante una vía transitable durante todo el año. Este proyecto cuenta con el respaldo del gobernador Wilson Lima, exmiembro del Partido Verde y aliado de Marina Silva. Lima sostiene que la carretera puede ser una “vía verde”, con salvaguardias para evitar la deforestación y el acaparamiento de tierras. Sin embargo, los críticos dudan de que tales promesas se cumplan, especialmente considerando los planes para construir dos nuevas carreteras que conectarían la BR-319 con las comunidades ribereñas de los ríos Madeira (Borba/AM-3549) y Purus (Tapauá/AM-366).
Otro intento de equilibrio entre desarrollo y conservación fue la reciente aprobación de la Licencia de Instalación para una mina de potasa en Autazes, respaldada por el gobernador luego de que la empresa Brazil Potash obtuviera el apoyo de líderes indígenas locales. No obstante, opositores afirman que el proceso no respetó los protocolos para el consentimiento libre, previo e informado de todas las comunidades indígenas.
Planes y contradicciones en otros estados amazónicos
Planes y contradicciones en otros estados amazónicos
Los demás estados amazónicos tienen oficinas de planificación llenas de compromisos con la sostenibilidad, pero ninguno ha publicado un plan integrado que indique cómo se alcanzarán dichos objetivos. En Rondônia, las autoridades valoran la infraestructura logística en la hidrovía del Madeira y promueven la diversificación de la producción agrícola, junto con el rezagado proceso de regularización de la tenencia de la tierra.
Maranhão ha perdido casi toda su cobertura de bosque nativo y ahora sus paisajes del Cerrado están integrados en la región agrícola de MATOPIBA, enfocada en la producción de soja y maíz. Las autoridades de Tocantins también impulsan la expansión agroindustrial y buscan ampliar la hidrovía del río Tocantins. En Roraima, un sector significativo del electorado apoya la minería de oro ilegal, mientras que los líderes civiles fomentan el crecimiento agroindustrial. Aunque las organizaciones indígenas se oponen fuertemente al desarrollo convencional, representan menos del 15 % del electorado, cifra que podría reducirse aún más con la llegada de nuevos colonos a zonas previamente poco pobladas.
Gobiernos municipales: diversidad y contradicciones
Los municipios de la Amazonía Legal son tan diversos como la región misma. Van desde grandes zonas agrícolas como Campos de Júlio (Mato Grosso), ubicado en la frontera entre los biomas Amazónico y Cerrado, hasta localidades como Canaã dos Carajás (Pará), impulsada por la minería. También están Novo Progresso (Pará), habitado en gran parte por pioneros y acaparadores de tierras (grileiros), y Ariquemes (Rondônia), rodeado de pequeñas fincas establecidas en los años 70.
Hay municipios extensos, pero con baja densidad poblacional, como Santa Isabel do Rio Negro (Amazonas), poblado por comunidades indígenas; Gurupá (Pará), habitado por poblaciones ribeirinhas; y Xapuri (Acre), con familias asentadas en reservas extractivas.
Como en cualquier parte del mundo, los políticos locales reflejan los intereses de sus electores.
Por ejemplo, el prefeito de Itaituba (Pará), exminero, ahora dirige la oficina municipal que emite licencias ambientales para pequeños mineros de oro. Asegura que este proceso incentiva la formalización de la actividad minera y que muchos buscan convertir sus campamentos en comunidades legalmente establecidas para acceder a mejoras en educación y salud.
En São Félix do Xingu (Pará), el alcalde ha bloqueado en múltiples ocasiones la expulsión de acaparadores de tierras en la Tierra Indígena Apyterewa, con amplio respaldo de los residentes, en un municipio con algunas de las mayores tasas de deforestación y apropiación ilegal de tierras en el país.
En casos más extremos, funcionarios electos han liderado actos ilegales. En Humaitá (Amazonas), el alcalde participó en una protesta violenta de mineros que incendió oficinas del IBAMA tras la Operação Ouro Fino, que desmanteló 37 dragas en el río Madeira en 2017. Junto con concejales y legisladores estatales, logró que se suspendieran temporalmente las acciones de fiscalización. Aunque el IBAMA reanudó su labor y eliminó las operaciones ilegales en esta vía fluvial federal, las tensiones persisten, y los mineros continúan ejerciendo presión mediante actos de desobediencia civil.
Por supuesto, también hay autoridades locales comprometidas con la conservación, especialmente en municipios con alto potencial turístico como Novo Airão y Barcelos (Amazonas), Alter do Chão (Pará), o en zonas con mayoría indígena como São Gabriel da Cachoeira (Amazonas). Los habitantes de la Amazonía comprenden intuitivamente que su bienestar está ligado a la naturaleza. Sin embargo, la mayoría también respalda proyectos de infraestructura que benefician sus comunidades y los sistemas productivos convencionales de los que dependen.
El Maipo/Mongabay
Imagem destacada: La gestión comunitaria del pez pirarucú (Arapaima gigas) ha logrado la recuperación de sus poblaciones en más de un 600 % tras décadas de sobreexplotación por parte de la pesca comercial. El programa divide los lagos de las llanuras aluviales en «reservas» y «zonas de captura», lo que no solo ha estabilizado la especie, sino que también ha aumentado las capturas, ya que el tamaño promedio de los peces ha crecido casi un 50 % en las dos últimas décadas. Crédito: Bernardo Oliveira / Instituto Juruá.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
