La narrativa dominante sobre el Estado ha sido la de reducir lo público a una función residual, burocrática o subsidiaria.
Así se consiguió instalar una versión que ha justificado hasta ahora la exclusión como resultado del “mérito personal”, sin considerar las condiciones estructurales que limitan el acceso a una vida más plena y segura. El resultado ha sido una sociedad debilitada y fragmentada, un Estado y una política desconectada de las demandas reales de la ciudadanía, entretejiéndose todo ello con nuevos desafíos que nos golpean a la puerta.
Los dos fallidos procesos constitucionales, abordando cada uno a su manera la cuestión del rol del Estado en la economía y la sociedad, prefiguraron el debate que recurrentemente surge acerca del Estado, que gana preeminencia en este contexto electoral. Por un lado, la rescatable propuesta del Estado social democrático de derecho que emergió de la Convención; y la propuesta de la derecha que surgió del Consejo Constitucional en la que proponía radicalizar el actual Estado subsidiario que articula las relaciones sociales desde los tiempos de la dictadura.
Son dos visiones radicalmente distintas en disputa. Así, al no haberse modificado en los pasados procesos constitucionales las condiciones que incubaron los conflictos sociales del último tiempo, ni tampoco los elementos estructurales asociados que han impedido el crecimiento de la economía y la proliferación del crimen organizado como alternativa a la sociedad y al Estado, promete proseguir por un camino incierto y escabroso independientemente incluso de quién gane la próxima elección presidencial.
Así y en el marco de un escenario electoral abierto, la continuidad del relato de las derechas compite entre sí para demostrar qué sector es el más duro ante contradicciones estructurales no resueltas, anomia social hacia la democracia y descrédito de la política. Ello acompasado por la orientación predominante en sectores políticos y empresariales del país que desearían resolver los conflictos a través de mano dura, recortar gasto social; suprimir derechos civiles y políticos básicos; gobernar por decreto y quebrar la poca solidaridad existente en el sistema de pensiones, mediante la eliminación de las 0.10 uf por año de cotización de los actuales jubilados, entre otras.
Es decir, alejarse lo máximo que sea posible de las soluciones universales y solidarias necesarias para construir cohesión social, el camino más certero para fortalecer la democracia y avanzar en igualdad. Se busca, por el contrario, reencausar el modelo neoliberal debilitando los pequeños avances en derechos básicos de las últimas décadas como salud, educación, trabajo digno, vivienda, los sistemas de pensiones solidarios, cuidados y otras medidas de bienestar.
Sin embargo, la evidencia en distintas latitudes indica que universalizar el acceso a dichos servicios, fortaleciendo su calidad y cobertura, contribuye a reducir brechas, a reconstruir confianza en el Estado, lo que otorga sentido a la vida en comunidad, que en el caso de nuestro país continua mostrando alarmantes niveles de disolución. Las medidas para concretar este tipo de soluciones son igualmente claras: recaudar más de quienes más tienen, combatir la evasión fiscal y eliminar privilegios regresivos. Simultáneamente, debe fortalecerse la institucionalidad pública, profesionalizar el aparato estatal y blindar ciertas políticas sociales frente a los vaivenes políticos.
El avance de este tipo de transformación depende en buena medida de su legitimidad social. Por eso, debe estar acompañado de mecanismos amplios de participación y diálogo. En otras palabras, no se trata solo de diseñar buenas políticas desde las más altas esferas del poder, también implica escuchar, explicar, fundamentar, deliberar y aprender de los aportes de la sociedad, algo que en nuestra realidad de predominio elitista pareciera ser de otra galaxia.
Avanzar en esa perspectiva, implica también resignificar sustancialmente el papel del Estado, siendo la forma social y democrática su más clara y avanzada manifestación. Esa forma de Estado, sin embargo, no podrá ser asimilada por las mayorías sociales si las fuerzas políticas que se proponen alcanzar mayor justicia y equidad no lo convierten en un pilar trascendente de su accionar, lo piensan, lo debaten y recogen desde sus particulares miradas, las experiencias y reflexiones que respecto a esta forma de Estado toman lugar en distintas latitudes, documentadas amplia y detalladamente por Piketty en Capital e Ideología.
La forma social del Estado es la mejor salida política estratégica para Chile. Así y todo, es pertinente aterrizarlo a nuestra realidad y su historia. Ello, porque en la constitución histórica del Estado-nación en un país como el nuestro y así también en el resto de los países latinoamericanos, el modelo importado de Europa generó particularidades o diferencias en grupos específicos de la sociedad, agudizados bajo el predominio del capitalismo neoliberal que ha disuelto los vínculos sociales.
¿Cómo se conecta lo anterior en el marco de una campaña electoral? Se conecta porque aun siendo entendible que -debido a correlaciones de fuerzas de distinta naturaleza -el recorrido por alcanzar el Estado social pueda significar avanzar por partes, sin una visión estratégica que las integre en el todo, se corre el riesgo de perder perspectiva. Y se conecta doblemente porque luego de una primaria rica en contenidos, que daba cuenta de la acumulación política e ideológica de las famosas “dos almas” del bloque oficialista, se ha pasado súbitamente a enredarse en disputas subalternas intrascendentes y a ceder terreno en el único campo en el que es posible ganarle a la derecha : una visión de país futuro que va más allá del crecimiento económico y los temas de seguridad.
Para El Maipo, Carlos Cerpa Miranda, Ex concejal y ex director laboral Banco del Estado. Colaborador de El Maipo.
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