La democracia no se fortalece sola: exige transparencia, control civil y voluntad política frente a la corrupción institucional.
No soy experta en defensa ni en seguridad nacional. Esta columna nace desde la inquietud y el sentir de una ciudadana común que observa con preocupación como se acumulan hechos que no solo dañan la imagen de nuestras Fuerzas Armadas, sino que minan la confianza que la ciudadanía deposita en ellas.
El reciente caso de tráfico de drogas en un avión militar no puede ser visto como una anécdota aislada. Se suma a una serie de escándalos que han afectado a distintas ramas de las instituciones armadas en Chile. Después del millonario fraude en Carabineros y los casos de corrupción en el Ejército, ahora una aeronave institucional habría sido utilizada para actividades ilícitas. Ante esto, la pregunta es inevitable: ¿qué hacemos ahora? Pero el problema no se limita a delitos de gran impacto. Semanalmente se conocen conductas que, aunque menos vistosas, evidencian una cultura institucional deteriorada: vacaciones en el extranjero con licencias médicas activas, abusos de poder, ocultamiento de información y beneficios irregulares. A esto se suma la bochornosa disputa entre Carabineros y un guardia municipal en una comuna de la Región Metropolitana, una escena que refleja una preocupante tensión entre las policías y otras autoridades civiles. Todo ello erosiona progresivamente la ética pública y la legitimidad de instituciones claves para el país.
La desconfianza de la ciudadanía no surge al azar. Durante las últimas décadas, las Fuerzas Armadas se mantuvieron mayormente al margen del escrutinio público, y eran percibidas como estructuras alejadas de prácticas ilícitas. Hoy, esas barreras se han resquebrajado y las fisuras se hacen visibles. Ya no bastan las declaraciones de “tolerancia cero” ni la indignación momentánea desde los micrófonos del Congreso. Lo que está en juego es la credibilidad del Estado y la solidez de nuestra democracia.
La Constitución es clara: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile son esencialmente obedientes y no deliberantes. Están sujetas a la autoridad del presidente de la República como jefe Supremo” (1). La subordinación al poder civil no es un detalle menor, es el pilar fundamental del orden democrático. Y en Chile lo sabemos bien: la historia nos ha mostrado las consecuencias devastadoras de romper este principio. Cuando sectores dentro de las instituciones actúan con autonomía o impunidad, esa subordinación se desdibuja y con ella, la esencia misma de la democracia.
Más preocupante aún es cuando las propias autoridades militares no condenan con claridad estos hechos, sino que tienden a relativizarlos. Así ocurrió con las desafortunadas declaraciones del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, quien minimizó el caso de tráfico de drogas en un avión institucional al compararlo con situaciones que —según dijo— “ocurren en todas partes del mundo”. Esa actitud no solo debilita la condena pública, sino que también envía una señal ambigua frente a un hecho de extrema gravedad.
Es claro que este escenario no se resuelve simplemente castigando a responsables individuales. Se requiere reconstruir la confianza entre estas instituciones y la ciudadanía, lo que exige fiscalización efectiva, transparencia y, sobre todo, un liderazgo político decidido. La política, muchas veces paralizada por el temor a “meterse” con los uniformados, debe asumir una responsabilidad que ya no puede postergar.
Este año electoral será una prueba clave. En esa cancha se definirá quién está dispuesto a abordar el problema con compromiso real. No bastan las frases hechas para los debates televisados; se requiere convicción democrática, capacidad de liderazgo y propuestas concretas que aseguren que la subordinación militar se traduzca en prácticas institucionales sostenibles.
Sí, vivimos un momento incómodo. Pero también es una oportunidad concreta para modernizar las Fuerzas Armadas, fortalecer el control civil y recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones. El desafío es mayúsculo, y postergarlo solo agrava sus consecuencias. La integridad y la confianza pública son la base sobre la que se sostiene nuestro Estado de Derecho. Ahora que conocemos la situación, la pregunta es urgente y clara: ¿qué vamos a hacer?
[1] Artículo 101, inciso tercero, de la Constitución Política de la República de Chile.
Columna publicada por Le Monde Diplomatique el 10 de julio de 2025.
Por Rossana Carrasco Meza. Cientista Política PUC; Magister en Gestión y Desarrollo Regional y Local de la Universidad de Chile.
Nota: EL contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial de El Maipo
