Por Michelle Carrere
En el extremo sur de Chile, donde los fiordos de la Patagonia se abren hacia el Pacífico entre glaciares y bosques submarinos, habitan ballenas jorobadas, focas leopardo y cuatro especies de delfines. También operan salmoneras: decenas de centros de engorda de salmones, instalados al interior de reservas nacionales que, en muchos casos, llevan décadas sin el documento oficial que debería regular qué actividades se pueden realizar en ellas: el plan de manejo.
Esa ausencia es el centro de uno de los conflictos más recientes entre el sector ambiental y el salmonero. Desde que en 2023 Chile aprobó la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) —el primer organismo estatal dedicado exclusivamente al cuidado de sus áreas naturales— quedó establecido que no se pueden entregar nuevas concesiones a empresas salmoneras en zonas protegidas sin plan de manejo vigente. Para la industria, que tiene más de 70 solicitudes en trámite dentro de esas áreas, la norma equivale a un bloqueo indefinido. Para los defensores de la conservación, es simplemente la ley.
Aunque la industria intentó frenar la norma por vía administrativa y perdió, la empresa Salmones Islas del Sur Ltda., filial de Australis Mar SA, perteneciente al grupo Australis Seafoods, ha vuelto a intentarlo, pero esta vez por la vía judicial. El 23 de marzo pasado, ingresó al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago una reclamación pidiendo dejar sin efecto la obligatoriedad de que las áreas protegidas cuenten con un plan de manejo que establezca que es correcto realizar producción acuícola. Busca, así, que se otorguen nuevas concesiones en estas zonas naturales resguardadas.
«Están intentando usar todas las vías posibles para eliminar las restricciones ambientales que costó tanto construir», dice Roxana Núñez, de Greenpeace Chile, quien ha seguido de cerca el proceso de construcción del plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar. «Se esperó al traspaso de administración y ahí ingresaron esta reclamación intentando invalidar esta restricción.»
Salmones Islas del Sur Ltda ya opera dentro de la misma reserva donde pide expandirse —la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes— y tiene allí un proceso sancionatorio abierto por sobreproducción, calificado como falta grave por la Superintendencia del Medio Ambiente. Su empresa controladora acumula 40 procesos sancionatorios, 30 de ellos dentro de áreas protegidas, y protagonizó en 2022 uno de los mayores escándalos ambientales del sector: la autodenuncia de una política sistemática de sobreproducción de más de 80 000 toneladas de salmones.
La reclamación llega en un momento considerado de retroceso para la institucionalidad ambiental. El gobierno de José Antonio Kast, que asumió en marzo de 2026 con la promesa de desregularizar el sector salmonero, ya retiró de la Contraloría al menos 10 decretos vinculados al SBAP, entre ellos el que debía establecer las reglas para elaborar los planes de manejo.
El veredicto de Contraloría en 2023
Unas semanas después de que la ley 21.600 entró en vigor y se creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la Subsecretaría de Medio Ambiente emitió un oficio circular dirigido a todos los organismos del Estado con facultad para otorgar concesiones. El mensaje era claro: mientras un área protegida no cuente con plan de manejo aprobado, los procedimientos de concesión quedan suspendidos de pleno derecho.
En el sector salmonero saltaron las alarmas. Había entonces 71 solicitudes de concesiones en trámite al interior de áreas protegidas, concentradas principalmente en dos reservas nacionales del sur del país — la Kawésqar y Las Guaitecas — que no tienen plan de manejo aprobado.
Expertos en conservación respondieron que el oficio no hacía más que recordar lo que la ley ya establecía. «El oficio nada más viene a fijar lo que dice la ley SBAP respecto a que no se otorgarán concesiones en áreas protegidas si es que éstas no cumplen con el plan de manejo», señaló Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA.
Sin embargo, la industria llevó el conflicto ante la Contraloría General de la República pidiendo que se pronunciara sobre la validez del oficio. «Cuando un país requiere inversiones y crecimiento económico, no se entiende que en paralelo se dicten normas que inyectan incertidumbre a un sector productivo que aporta el 2 % del PIB», protestó SalmonChile, el principal gremio del sector.
En agosto de 2024, la Contraloría respaldó a la Subsecretaría: la ley rige desde su entrada en vigor sin excepciones, y todas las solicitudes de concesión pendientes deben cumplir la nueva normativa.
Cerrado ese camino, la empresa Salmones Islas del Sur Ltda decidió escalar a la vía judicial. El 23 de marzo de 2026 presentó una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, el organismo judicial especializado en conflictos ambientales para la zona central del país.
La empresa señaló a Mongabay Latam que está ejerciendo los derechos que legítimamente le entrega el sistema jurídico de someter a revisión judicial el oficio de la Subsecretaría del Medio Ambiente.
“Consideramos que el oficio contiene errores de forma y fondo que nos obligan a recurrir ante instancias establecidas. En efecto, es un oficio que excede las competencias y facultades de la Subsecretaría del Medio Ambiente e incurre en abierta ilegalidad al ordenar la suspensión general de la tramitación de todos los procedimientos de obtención de concesiones sectoriales”, señaló (ver aquí la respuesta completa de la empresa).
Una autorización ambiental como defensa
Para entender qué reclama exactamente la empresa ante el tribunal, hay que distinguir dos tipos de permisos que en Chile son independientes entre sí.
El primero es la Resolución de Calificación Ambiental (RCA): la autorización que otorga el sistema de evaluación ambiental del Estado y que certifica que un proyecto cumple con los requisitos ambientales vigentes. Sin ella, no se puede comenzar a tramitar otros permisos.
El segundo es la concesión acuícola: el permiso que otorga específicamente la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y que habilita a una empresa a usar un espacio marino determinado para cultivar salmones. Es el título definitivo de operación.
Ambos son obligatorios, pero son trámites distintos. Tener el primero no garantiza el segundo.
En este caso, aunque Salmones Islas del Sur ya opera dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes, lleva casi 20 años buscando otra concesión para un centro de engorda en el Canal Muñoz, al interior de la misma reserva. Ingresó la solicitud en octubre de 2007 y en 2015 obtuvo su RCA favorable, tres años antes de que se creara el área protegida. En enero de 2022, la Subsecretaría de Pesca recomendó formalmente la aprobación de la solicitud. Sin embargo, la concesión nunca se otorgó, primero por demoras que no se precisan en la reclamación, y luego por la ley SBAP de 2023 que paralizó el trámite, al menos hasta que la reserva logre tener su plan de manejo.
En la reclamación presentada ante el tribunal, la empresa argumenta que la propia Ley 21.600 establece que la creación de un área protegida no debe obstaculizar el desarrollo de aquellas actividades que se desarrollan en su interior y que ya cuentan con una RCA favorable. La Reserva Nacional Kawésqar fue creada en 2018, tres años después de que la empresa obtuviera su RCA. Según la empresa, esa secuencia temporal es decisiva: si su proyecto ya tenía autorización ambiental antes de que existiera la reserva, la creación posterior del área protegida— y cualquier exigencia que se derive de ella, como el plan de manejo — no puede bloquear su actividad.
Lo que no consideró la empresa en su argumento es que la norma asegura la continuidad de las actividades que ya existen dentro del área. Salmones Islas del Sur, sin embargo, nunca alcanzó a desarrollar ninguna actividad en la concesión adicional que está solicitando en el Canal Muñoz, porque nunca llegó a obtenerla formalmente, a pesar de contar con una RCA, explicaron las expertas consultadas a Mongabay Latam.
Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, no cree que el argumento de la empresa prospere. «No se pueden entregar concesiones en reservas nacionales si no hay plan de manejo. Eso está en la ley. En su momento [el oficio que comunicaba esta norma ya aprobada] fue cuestionado y la Contraloría le dio el visto bueno. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el tribunal es decir: esto ya lo dijo la Contraloría”. Roxana Núñez coincide: «Me atrevería a decir que tienen pocas posibilidades. Es más bien una forma de presionar».
Kawésqar: el plan que nadie termina
La Reserva Nacional Kawésqar — el área protegida donde opera la empresa y donde espera su concesión en el Canal Muñoz— protege casi 3 000 000 de hectáreas de fiordos, glaciares y bosques submarinos en el extremo sur de la Patagonia. En sus aguas, además, habitan ballenas jorobadas, focas leopardo y cuatro especies de delfines.
Según el catastro elaborado por la Fundación Terram en 2024, hay más de 60 concesiones salmoneras en su interior, y aunque la mayoría fueron otorgadas antes de la creación del área protegida, la industria pretende expandir en ella sus operaciones. De hecho, hay otras 49 solicitudes en trámite.
La reserva fue creada en enero de 2018 cuando el Gobierno recategorizó la antigua Reserva Forestal Alacalufe. La zona terrestre pasó a ser el Parque Nacional Kawésqar — la categoría de protección más estricta—, mientras que el área marina quedó como reserva nacional, con un nivel de protección menor que permite ciertas actividades productivas bajo condiciones.
El Anuario de Derecho Público 2023 de la Universidad Diego Portales, que estudió la situación de esa reserva, concluye que en la decisión de no establecer el área marina como un parque nacional, el factor que pesó fue la relevancia económica de la industria: “No es difícil advertir el efecto e impacto evidente que tenía una recategorización de la Reserva ‘Alacalufes’ como Parque Nacional, sin excluir sus aguas marinas”, se indica en ese documento.
Desde entonces, han pasado más de siete años y la Reserva Nacional Kawésqar sigue sin tener un plan de manejo. “En el área protegida más relevante donde se operativiza tanto la salmonicultura como la pesca, que es la Reserva Nacional Kawésqar, se está por lo menos hace unos siete u ocho años a la espera de la elaboración de ese plan de manejo, que todavía está en curso”, indicó a Mongabay Latam la directora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en Magallanes, Ximena Gallardo. Ello, aunque el Ministerio de Medio Ambiente aseguró que, para la aprobación de este documento, “no deben pasar más de dos años” desde que se crea el área protegida.
En marzo de 2024, un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago detuvo la consulta indígena que se había iniciado. Este es el primer paso para avanzar hacia la elaboración del plan de manejo. Dirigentes kawésqar denunciaron en ese momento la supuesta intervención por parte de la industria salmonera y pidieron a las autoridades “cumplir con su deber” y “hacer lo necesario” para reanudar la consulta. Sin embargo, hasta ahora eso no ha ocurrido, asegura Núñez.
Los antecedentes de la empresa
El pasado abril, Mongabay Latam elaboró una base de datos de procesos sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). A partir de ella concluyó que, desde la creación de la SMA, el 30 % de las infracciones ambientales de la industria salmonera ocurrió en parques y reservas nacionales.
Uno de esos procesos sancionatorios, abierto en abril de 2023, es contra Salmones Islas del Sur Ltda. La SMA reportó que la empresa había sobreproducido más salmones que lo autorizado en el permiso ambiental de su centro de engorda de salmónidos (CES) “Muñoz Gamero 3”, ubicado al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. La infracción fue calificada como una falta grave.
La geografía no es un detalle menor: el CES Muñoz Gamero 3 está en el mismo sector del Canal Muñoz, donde la empresa solicita la nueva concesión que el tribunal deberá decidir si puede tramitarse sin plan de manejo. La empresa pide, en otras palabras, ampliar su presencia en una zona donde ya opera y donde ya excedió los límites de producción autorizados en su permiso ambiental.
La sobreproducción es una de las infracciones más comunes. De los 235 procesos sancionatorios abiertos por la SMA a empresas salmoneras, al menos 118 fueron por esa infracción, lo que representa casi la mitad de los casos (47 %). Además, de esos 118 procesos, 60 ocurrieron en centros de cultivo o engorda de salmones que se encuentran funcionando en áreas protegidas, como la Reserva Nacional Las Guaitecas, la Reserva Nacional Kawésqar, el Parque Nacional Isla Magdalena o el Parque Nacional Alberto de Agostini.
Investigaciones científicas han demostrado que cuando los límites de producción se exceden, se acumula bajo las balsas-jaula una mayor cantidad de heces y alimento no consumido, lo que alimenta floraciones de bacterias que agotan el oxígeno del agua. Los fondos se transforman en zonas anaeróbicas — sin oxígeno — donde la vida marina desaparece. Por ese impacto, la SMA califica estas faltas como «graves» o «gravísimas».
El antecedente de Salmones Islas del Sur no es un caso aislado dentro de su grupo empresarial. Su empresa controladora, Australis Mar S.A. — filial del grupo Australis Seafoods, hoy propiedad del conglomerado chino Joyvio — acumula 40 procesos sancionatorios en la base de datos de la SMA, de los cuales 30 corresponden a infracciones cometidas dentro de áreas protegidas: 17 en la Reserva Nacional Kawésqar y 13 en la Reserva Forestal Las Guaitecas. El más reciente, iniciado en enero de 2025, es por sobreproducción en el CES Estero Retroceso, dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, y está calificado como «gravísimo» por parte de las autoridades.
El historial de Australis remite a uno de los escándalos regulatorios más grandes de la industria salmonera chilena. En octubre de 2022, tras una auditoría interna que siguió a la compra de la empresa por Joyvio en 2019, Australis Mar presentó ante la SMA una autodenuncia admitiendo una política sistemática de sobreproducción vigente al menos desde 2016. El exceso total alcanzó más de 80 000 toneladas de salmones, según los antecedentes presentados por la propia compañía.
*Imagen principal: trabajador alimentando a los salmones. Foto: cortesía WWF Chile/Meridith Kohut
El Maipo/Mongabay
