Un reciente estudio de la Universidad de León (ULe) ha puesto de manifiesto una verdad incómoda sobre el cambio climático y la respuesta que la sociedad le está dando: la transición hacia una economía verde, lejos de ser un camino automáticamente equitativo, podría agravar las desigualdades sociales si no se implementa con un firme enfoque en la justicia y la protección de los colectivos más vulnerables.
La investigación, llevada a cabo por la profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Ana Castro Franco, bajo la supervisión de las catedráticas Susana Rodríguez Escanciano y Henar Álvarez Cuesta, se enmarca en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El trabajo, que ha sido publicado en la revista ‘Justicia & Trabajo’, subraya que los fenómenos climáticos extremos, como las olas de calor, las sequías o las inundaciones, no impactan a todos por igual. Sus efectos son desproporcionadamente más severos sobre grupos como las mujeres, los migrantes climáticos, los menores, las personas mayores, las personas con discapacidad, los desempleados o aquellos en situación de exclusión social.
Transición verde
La profesora Castro Franco advierte de manera contundente que “la transición verde no genera automáticamente trabajo decente”. Si bien los empleos verdes representan una oportunidad para la sostenibilidad, el estudio recalca que también pueden replicar y profundizar las desigualdades existentes. La clave, según el informe, reside en garantizar la calidad del empleo, ofrecer la formación adecuada y proporcionar una protección social robusta. La investigación diferencia entre aquellos empleos que son verdaderamente verdes y decentes, y aquellos que, a pesar de su contribución ambiental, se desarrollan en condiciones de precariedad, una realidad que se observa en sectores como la agricultura o la instalación de energías renovables.
Uno de los aspectos más destacados del trabajo es su enfoque interseccional, una perspectiva que analiza cómo la crisis climática afecta de forma diferenciada a diversos grupos sociales y propone medidas adaptadas a cada uno. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la autora resalta la necesidad de integrar la perspectiva de género en todas las políticas climáticas, así como de fomentar su acceso a la formación en disciplinas científicas y tecnológicas (STEM). Además, el informe aboga por el reconocimiento del valor del trabajo de cuidados, una labor históricamente invisibilizada que recae predominantemente sobre ellas y que se ve afectada por los impactos climáticos.
Migraciones climáticas
El estudio también pone el foco en el creciente fenómeno de las migraciones climáticas, que ya se manifiestan en regiones como el delta del Ebro, Murcia o Canarias. “Las personas que menos han contribuido al cambio climático son las que más sufren sus consecuencias”, señala la autora. Por ello, reclama un marco legal que reconozca los derechos de quienes se ven forzados a desplazarse a causa de las transformaciones ambientales.
En el ámbito laboral, la investigación propone una revisión del concepto de “trabajadores especialmente sensibles” para incluir a aquellos que, por motivos de edad, salud o condiciones sociales, están más expuestos a los riesgos derivados del cambio climático. Adicionalmente, se alerta sobre la aparición de nuevos riesgos asociados a los empleos verdes, como la exposición a nuevas sustancias químicas, la externalización de riesgos o la llamada «ecoansiedad».
Aunque el estudio valora positivamente medidas adoptadas en España, como los convenios de transición justa, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático o la reciente normativa sobre la interrupción del trabajo al aire libre en episodios de calor extremo, la autora insiste en la necesidad de una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El objetivo es que esta normativa incorpore la sostenibilidad, la diversidad y los desafíos inherentes a la digitalización. En conclusión, el estudio subraya que “la transición ecológica debe ser también una transición social”, y para lograrlo, se necesita reforzar el diálogo social, garantizar la participación de los colectivos afectados en la toma de decisiones y diseñar políticas públicas que aseguren que nadie se quede atrás.
El Maipo/PL
