Tal como lo señaló Iván Radovic, ex Director Ejecutivo de la Oficina Coordinadora de Asistencia Campesina, OCAC, organización asociada a la Iglesia Católica de Chile: “La Hacienda en Chile es la figura institucional que ha tenido mayor tiempo de permanencia en el país, desde el siglo XVI hasta fines del siglo XX, iniciada desde los más tempranos tiempos de la colonización española a través de las encomiendas y mercedes de tierra, organizada luego para responder el primer auge triguero en el siglo XVIII, y terminando de estructurarse en el siglo XIX y alcanzando su fin ya entrada la década de los años 60 del siglo XX” ello, gracias a la promulgación de la ley 16.640 de Reforma Agraria y la ley 16.625 de Sindicalización Campesina, hecho que generó una profunda transformación de la economía y la calidad de vida de millones de chilenos y chilenas.
El entonces Subsecretario de Hacienda Andrés Záldivar Larraín (DC) señalaba que: “redistribuir esas tierras implicaba introducir una cuota de justicia social a la estructura de propiedad, dignificar a la gente del campo y modernizar la agricultura, mejorando la producción de alimentos para que el país pudiese autoabastecerse y dejara de depender de las importaciones. Sí, paradojalmente, teniendo grandes extensiones cultivables, suelos de calidad, un clima benéfico para los cultivos y mano de obra suficiente, Chile debía comprar productos agrícolas afuera para alimentar a su población”.
No obstante, estas profundas transformaciones, asociadas tanto de la Reforma Agraria como de la Ley de Sindicalización Campesina, fueron sin duda consecuencia de las innumerables y dolorosas luchas que se venían desarrollando desde inicio del siglo XX en el campo de Chile.
Resaltan en la memoria: el asesinato de Luis Reveco durante la huelga en el Fundo Lo Herrera en San Bernardo en el año 1921; mismo año en que se dio inicio a la gran marcha de los campesinos y campesinas de Culiprán – Melipilla; el alzamiento campesino mapuche de Ranquil del año 1934, el cual dejó más de 430 muertos a manos de la represión del entonces presidente Alessandri; la marcha del hambre de los campesinos y campesinas de Molina en 1958; y otras importantes experiencias de organización y lucha del mundo de los y las trabajadores del campo.
La Reforma Agraria y la Sindicalización Campesina tiñó de esperanza y dignidad los campos del país, abriendo un promisorio horizonte de oportunidades a las familias campesinas chilenas y mapuche. Este sueño, sin embargo, solo alcanzó a vivir los primeros seis años de un profundo proceso de cambio y transformaciones, el cual había sido proyectado para alcanzar su grado de madurez en un horizonte de 30 años.
Esta expectativa, llevó a las organizaciones nacionales campesinas antes del Golpe Militar crecer rápidamente, logrando asociar a más de 300 mil campesinos/as en poco menos de 10 años de existencia. Los sindicatos nacionales más representativos a esa fecha eran: la Confederación Triunfo Campesino, ligada a la Democracia Cristiana; la Confederación Nacional Sindical Campesina Libertad, vinculada a la Iglesia Católica. Ambas sumaban al 40,95% de los campesinos sindicalizados al año 1973.
Por su parte, la Confederación Campesina e Indígena Ranquil, vinculada al Partido Comunista, al Partido Socialista y a la CUT, y la Confederación Unidad Obrero Campesino, UOC, vinculada al MAPU, sumaban el 50,05% de los afiliados ese mismo año. Y junto a estas organizaciones, se desarrolla el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) vinculado al MIR, que se desplegaba en las zonas de Los Andes, Melipilla, Bio Bio, Cautín, Malleco, Villarrica, Osorno, Panguipulli, Lonquimay, etc.
Todo esto se detuvo abruptamente el 11 de septiembre de 1973 cuando las FFAA y Carabineros dirigidos por la derecha chilena y el gran empresariado del campo y la ciudad realizaron el Golpe de Estado. Juntos asaltan y destruyen el Estado de derecho y la democracia del país.
A partir de ese momento, los terratenientes dieron rienda suelta a su sed de revancha y los campos de aquella primavera enmudecieron ante el crimen de cientos de dirigentes y trabajadores del campo. Campesinos que alcanzaron a soñar y vivir una vida más digna junto a sus familias.
Así comienza el despojo y el robo de los asentamientos, el desalojo de viviendas y las tierras, el sicariato vestido de uniforme cobra víctimas.
En este marco, desde el primer, día la patronal da inicio a la inmediata persecución de los dirigentes y activistas campesinos ligados a las luchas del campo y de la Unidad Popular, estableciendo, además, un “manto de legalidad” que inhibe la capacidad organizativa de los trabajadores del campo.
En 1976 se decreta la suspensión de la entrega de fondos a todas las organizaciones sindicales y en el año 1979, mediante Código Laboral, se deroga la Ley de Sindicalización Campesina y comienza a la confiscación de los bienes y activos de las organizaciones de campo.
No obstante, y a pesar del Golpe Patronal y el DL N°32 del 4 de octubre, el DL 208 del 19 de diciembre y el DL 198 del 29 de diciembre promulgados el mismo año 1973, desde mediados de la década de los años 70, resurge el tejido social del campo, comenzando un proceso de rearticulación a pesar de los enormes riesgos que significaba a sus dirigentes, sus asociados, asesores y activistas.
Todos ellos hicieron su aporte en las tareas de recomposición del movimiento campesino que se desplegó con extraordinaria fuerza en las luchas por la recuperación de la Democracia. Es en esta etapa cuando se suma con denodada convicción, compromiso y protagonismo la mujer campesina, la temporera, la trabajadora rural.
Al cumplirse este 28 de julio 56 años de la Reforma Agraria, podemos decir que toda esta barbarie impuesta por la dictadura cívico-militar no logró borrar de la memoria de Chile aquellos surcos arados en esos seis años que hoy recordamos, los cuales aún esperan semillas de justicia y verdad.
El Maipo
