Empresas vinculadas a la industria de tierras raras mantienen 327 concesiones de exploración en trámite en Ñuble, Maule y Biobío. Mientras el Gobierno promueve el potencial económico de estos minerales estratégicos, comunidades y organizaciones ambientales buscan conocer el alcance de los proyectos y los riesgos que podrían representar para el agua, los suelos y los ecosistemas.
Casi 100 mil hectáreas de las regiones de Ñuble, Maule y Biobío están comprendidas en solicitudes de concesiones de exploración minera vinculadas a empresas relacionadas con el negocio de las tierras raras. El avance de estas peticiones ha despertado preocupación entre organizaciones vecinales, que comenzaron a realizar encuentros informativos para conocer qué se proyecta en sus territorios y cuáles podrían ser las consecuencias ambientales de una futura explotación.
Según antecedentes de Sernageomin citados por El Desconcierto, tres empresas vinculadas a esta actividad acumulan 327 concesiones de exploración en trámite, distribuidas en al menos 16 comunas cercanas al borde costero. A estas se suman solicitudes de explotación minera en Penco y Concepción.
Las peticiones no equivalen, por sí mismas, a proyectos de extracción aprobados ni significan que todas las superficies serán intervenidas. Sin embargo, su extensión territorial y la concentración de solicitudes han impulsado a comunidades y organizaciones ambientales a buscar información antes de que eventuales iniciativas avancen hacia otras etapas administrativas.
El escenario también refleja una tensión entre dos objetivos: el interés por desarrollar una industria asociada a minerales demandados por las nuevas tecnologías y la necesidad de evaluar sus efectos sobre los territorios, sus recursos hídricos y las actividades económicas locales.
Las empresas detrás de las solicitudes mineras
Los antecedentes recopilados por El Desconcierto identifican a tres sociedades que concentran buena parte de las solicitudes en trámite: REE UNO SpA, Prospecciones Greenfield SpA y Neore SpA.
REE UNO está controlada por Aclara Resources, empresa vinculada al proyecto de tierras raras de Penco, en la Región del Biobío. Por su parte, Prospecciones Greenfield es una filial de REE UNO, mientras que Neore fue fundada por Arturo Albornoz Wegertseder, exgerente del proyecto Biolantánidos.
De acuerdo con los datos publicados, la distribución de las solicitudes mencionadas incluye:
- REE UNO SpA: 62 solicitudes de concesiones de exploración en trámite.
- Prospecciones Greenfield SpA: 130 solicitudes.
- Neore SpA: 84 solicitudes.
Estas cifras suman 276 solicitudes, por lo que no representan la totalidad de las 327 concesiones en trámite atribuidas al conjunto de las empresas vinculadas a esta actividad.
Además de las peticiones pendientes, las sociedades cuentan con concesiones ya constituidas en distintas comunas. Prospecciones Greenfield registra concesiones de exploración en Hualqui y Santa Juana; Neore mantiene concesiones en Cobquecura, mientras que REE UNO concentra buena parte de sus derechos mineros en Penco.
Neore también presenta el proyecto denominado La Marigen, que contempla cinco áreas y una superficie aproximada de 22.800 hectáreas a lo largo de la costa entre las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
El conjunto de estos antecedentes muestra que el interés por las tierras raras va más allá de un solo proyecto y se extiende a una amplia franja del centro-sur del país.
Comunidades se organizan para conocer el alcance de los proyectos
La expansión de las solicitudes ha llevado a juntas de vecinos y organizaciones territoriales a organizar conversatorios y reuniones informativas. El propósito es comprender la dimensión de las peticiones, identificar a las empresas involucradas y conocer los procedimientos mediante los cuales las comunidades pueden plantear sus observaciones.
La preocupación se relaciona tanto con la superficie solicitada como con la incertidumbre sobre el destino de algunos derechos mineros y las condiciones en que podrían desarrollarse futuros proyectos.
En el caso de Penco, la discusión sobre la explotación de tierras raras ya ha generado oposición de vecinos y autoridades locales, que han planteado inquietudes por posibles efectos sobre la salud, la contaminación y el atractivo turístico de la comuna.
Ese antecedente ha llevado a organizaciones de otras localidades a seguir de cerca las solicitudes en sus territorios. No obstante, una concesión de exploración no implica automáticamente que se vaya a ejecutar una mina, ni que exista autorización ambiental para explotar los recursos.
El desafío para las comunidades consiste en acceder a información clara y oportuna, conocer quiénes están detrás de las solicitudes y participar en las instancias correspondientes si los proyectos avanzan.
Qué son las tierras raras y por qué crece el interés por ellas
Las tierras raras corresponden a un grupo de 17 elementos químicos utilizados en diversas aplicaciones industriales y tecnológicas. Algunos son importantes para fabricar imanes permanentes empleados en vehículos eléctricos, aerogeneradores, equipos electrónicos y otros dispositivos de alta tecnología.
La demanda internacional por estos materiales ha aumentado el interés por identificar nuevos yacimientos y reducir la dependencia de las cadenas de suministro concentradas en pocos países.
En Chile, el Gobierno ha destacado el potencial geológico de Ñuble, Maule y Biobío como una oportunidad para diversificar la actividad minera, atraer inversión y generar empleo. El Ministerio de Minería ha presentado estos minerales como parte de una estrategia para ampliar las actividades productivas y aprovechar la demanda asociada a las tecnologías emergentes.
Sin embargo, el potencial económico no elimina la necesidad de evaluar los impactos de cada proyecto. Las características del yacimiento, el método de extracción, el procesamiento del mineral y la disponibilidad de agua son factores que pueden modificar considerablemente los riesgos ambientales.
Agua, residuos y contaminación: las principales preocupaciones ambientales
La extracción y el procesamiento de tierras raras pueden implicar el uso de sustancias químicas y generar residuos que requieren un manejo riguroso. Dependiendo de la composición del depósito y de la tecnología empleada, también puede ser necesario gestionar elementos como el torio y el uranio, que pueden aparecer asociados a determinados minerales.
Entre los riesgos identificados en la literatura especializada se encuentran la posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la alteración de los suelos y la generación de residuos que requieren sistemas adecuados de tratamiento y almacenamiento.
Uno de los métodos utilizados en algunos depósitos de arcillas iónicas es la lixiviación in situ, que introduce soluciones químicas en el subsuelo para extraer los elementos de interés sin realizar una excavación convencional. Aunque la industria presenta este tipo de técnicas como una alternativa para reducir ciertas intervenciones físicas, su impacto depende de las condiciones geológicas, las sustancias utilizadas y la eficacia de los sistemas de control.
Por ello, no basta con conocer la superficie solicitada para determinar el impacto de una futura operación. También será necesario evaluar los estudios ambientales, el consumo de agua, la gestión de residuos y los mecanismos de prevención y fiscalización que correspondan a cada iniciativa.
En territorios donde el acceso al agua y la conservación de los ecosistemas son relevantes para las comunidades, estos antecedentes resultan fundamentales para analizar los beneficios y los costos potenciales de una actividad extractiva.
Las solicitudes de concesiones abren un debate sobre el uso del territorio
La investigación publicada por El Desconcierto también recoge antecedentes del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), que identificó otras 210 solicitudes de concesiones de exploración en las mismas tres regiones, presentadas a nombre de una abogada vinculada a la minera Pampa Camarones, controlada por Minera Activa.
Se trata de un registro separado que amplía el panorama de las peticiones mineras en el centro-sur. Sin embargo, las solicitudes identificadas en distintas investigaciones no deben sumarse automáticamente, ya que es necesario comprobar si existen coincidencias entre ellas y establecer sus relaciones jurídicas y empresariales.
OLCA ha planteado interrogantes sobre el papel de los derechos mineros como activos que pueden adquirir valor en el mercado y sobre la necesidad de transparentar quiénes están detrás de las solicitudes y qué proyectos podrían desarrollarse posteriormente.
Estos antecedentes no acreditan por sí solos que todas las peticiones respondan a una estrategia común ni que cada una vaya a convertirse en una operación extractiva. Sí muestran la importancia de conocer la titularidad de los derechos, sus objetivos y las etapas administrativas que deberá cumplir cada iniciativa.
La expansión de las solicitudes de exploración en Ñuble, Maule y Biobío instala así una discusión que va más allá de la minería: cómo compatibilizar el desarrollo de una industria estratégica con la protección del agua, los ecosistemas y la capacidad de las comunidades para decidir informadamente sobre el futuro de sus territorios.
El Maipo
