El diputado peronista Guillermo Michel presentó una iniciativa para que el Gobierno argentino denuncie dos acuerdos bilaterales sobre inversiones e impuestos. La propuesta surgió tras el anuncio de una conexión marítima entre Punta Arenas y el archipiélago cuya soberanía disputan Argentina y Reino Unido, en medio de las tensiones por las actividades comerciales en la zona.
Una nueva controversia se abrió entre Argentina y Chile a raíz de la reanudación de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. El diputado argentino Guillermo Michel impulsó un proyecto para que el Ejecutivo de su país deje sin efecto dos acuerdos bilaterales que otorgan garantías y beneficios económicos y tributarios a empresas chilenas con inversiones en territorio argentino.
La iniciativa surgió después del anuncio de un próximo viaje del buque mercante Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, cuya navegación está prevista para noviembre. El objetivo es abastecer a los habitantes del archipiélago y restablecer una conexión comercial regular con Puerto Argentino.
Michel, integrante del bloque peronista Unión por la Patria, cuestionó esta operación y sostuvo que representa una falta de solidaridad de Chile con la reivindicación argentina sobre las islas, cuya soberanía se encuentra en disputa con Reino Unido.
“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país”, planteó el parlamentario en una publicación difundida en su cuenta de X.
Sin embargo, la propuesta corresponde a una iniciativa legislativa y no a una decisión ya adoptada por el Gobierno argentino. Su eventual implementación dependerá de los procedimientos institucionales correspondientes.
Los dos acuerdos que Argentina busca denunciar
El proyecto presentado por Michel solicita que el Poder Ejecutivo argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, avance en la denuncia formal de dos instrumentos que regulan las relaciones económicas entre ambos países.
El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado en Argentina mediante la Ley 24.342. Este instrumento establece garantías para las inversiones realizadas entre ambos territorios.
El segundo es el convenio para eliminar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio y prevenir la evasión y elusión fiscal, aprobado mediante la Ley 27.274. Su propósito es regular el tratamiento tributario de determinadas rentas y evitar que estas queden sujetas a una doble carga impositiva.
La eliminación de estos instrumentos podría modificar las condiciones tributarias y las garantías aplicables a compañías chilenas que mantienen inversiones u operaciones en Argentina.
Michel argumenta que no corresponde conservar esos beneficios mientras, a su juicio, Chile facilita actividades comerciales que contradicen la posición argentina sobre las Malvinas.
Pese al tono de sus declaraciones, el diputado afirmó que la iniciativa no busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino revisar los beneficios económicos que reciben las empresas chilenas.
El conflicto por la conexión marítima entre Punta Arenas y las Malvinas
La controversia se produce en torno al restablecimiento de una ruta comercial que conectaría Punta Arenas, en la Región de Magallanes, con las Islas Malvinas, territorio administrado por Reino Unido y reclamado por Argentina.
El viaje previsto para noviembre busca recuperar una conexión marítima destinada al abastecimiento de los habitantes del archipiélago. La operación involucra al buque Danstar, perteneciente a Easter Island Naviera.
Para Michel, esta actividad no constituye únicamente una operación logística o comercial, sino que también tiene implicancias políticas en el marco de la histórica disputa de soberanía.
El legislador sostiene que Argentina debe revisar los instrumentos económicos que benefician a empresas de países que, desde su perspectiva, contribuyen a desarrollar actividades en el territorio disputado.
La discusión también se relaciona con las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur, particularmente los hidrocarburos y la pesca, materias que forman parte de las diferencias entre Argentina y Reino Unido.
No obstante, el cuestionamiento político del diputado no implica por sí solo que la operación marítima haya sido declarada ilegal por una autoridad competente. La controversia debe distinguirse de las eventuales infracciones que puedan establecerse mediante los procedimientos jurídicos correspondientes.
La posición de Chile sobre la soberanía de las islas
La discusión se produce pese a que el Gobierno chileno ha reiterado su respaldo a los derechos de soberanía reclamados por Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En el comunicado conjunto difundido tras la reunión entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei, el 3 de septiembre, Chile reafirmó su apoyo a la reivindicación argentina y a la necesidad de que Buenos Aires y Londres retomen las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa.
El mismo documento incluyó el compromiso de Chile de evitar la consolidación de actividades logísticas unilaterales en la zona disputada relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros, en referencia a las preocupaciones expresadas por Argentina.
Este antecedente permite entender por qué la conexión comercial genera tensiones: mientras se mantiene el respaldo diplomático chileno a la reivindicación argentina, la operación marítima anunciada abre interrogantes sobre sus implicancias logísticas y políticas.
La iniciativa de Michel busca trasladar esa controversia al ámbito económico mediante una revisión de los acuerdos que regulan las inversiones y los impuestos entre ambos países.
Una controversia con posibles efectos económicos
Si Argentina avanzara en la denuncia de los dos acuerdos, las empresas chilenas con inversiones en ese país podrían enfrentar cambios en las condiciones que actualmente regulan parte de sus operaciones.
Entre los aspectos potencialmente afectados se encuentran las garantías para las inversiones y el tratamiento tributario de rentas transfronterizas, incluidos determinados pagos por dividendos, intereses y regalías.
Sin embargo, los efectos concretos dependerían del alcance jurídico de una eventual denuncia, de los procedimientos establecidos en cada instrumento y de las normas que continuaran aplicándose en ambos países.
Malvinas es una causa nacional. La defensa de su territorio y sus recursos naturales es una prioridad. El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas. Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas. Por ese motivo, proponemos dejar sin efecto los Convenios que dan beneficios económicos y fiscales a las empresas chilenas que invierten en Argentina: 1. Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones suscripto entre la República Argentina y la República de Chile, aprobado por la ley 24.342. 2. Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la ley 27.274.
— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) October 10, 2026
El Maipo
