El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dijo esta semana en CNN Chile que las agencias de su país concluyeron que las movilizaciones de octubre de 2019 se originaron en la izquierda: “nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda”. Añadió que hay un análisis específico ya realizado, que no ha sido entregado a la justicia chilena y que podría compartirse si el gobierno lo solicitara. Aclaró, eso sí, que sus palabras no suponían agentes estadounidenses operando en territorio nacional. Días antes, la subsecretaria para la Diplomacia Pública, Sara Rogers, había atribuido el estallido a militantes progresistas en el Foro de Madrid.
La Convención de Viena de 1961 le reconoce a un embajador la facultad de enterarse por medios lícitos de las condiciones y la evolución de los acontecimientos del país donde sirve, y de informar de ello a su gobierno. Está en el artículo 3, y ampara buena parte del oficio: leer prensa, conversar con dirigentes de todos los sectores, encargar estudios, escribir cables reservados con juicios ácidos sobre los gobernantes locales. Ninguna cancillería se escandaliza por eso. El artículo 41 del mismo tratado agrega la contrapartida, el deber de respetar las leyes del Estado receptor y de abstenerse de inmiscuirse en sus asuntos internos.
La actividad de inteligencia queda fuera de ese marco, aunque a veces se la nombre con el mismo vocabulario. Produce conocimiento operativo, destinado a decidir sobre otro sin su concurso, y por eso admite mal la reciprocidad: quien lo posee sabe algo que el observado no está en condiciones de contrastar. Entre Estados que se reconocen, comercian y mantienen tratados vigentes, esa actividad existe de hecho y ningún gobierno finge ignorarlo. Declararla en una entrevista de televisión, y ofrecerla como si fuera un servicio al país anfitrión, es un paso distinto.
Judd no denunció una injerencia ajena ni respondió a una pregunta sobre la CIA. Ofreció por iniciativa propia el resultado de un trabajo de inteligencia sobre la política interna chilena, con una conclusión que coincide punto por punto con la tesis que un sector del sistema político local viene sosteniendo desde 2019. Lo que la embajada puso en circulación fue un juicio sobre los responsables de un episodio que en Chile todavía está judicializado, respaldado en la autoridad prestada del secreto.
Al ser consultado por la fuente, el embajador no mencionó únicamente a las agencias estadounidenses. Habló también de inteligencia chilena. Si eso es exacto, el problema deja de residir en la torpeza de un embajador sin carrera diplomática y pasa a ser nuestro. La ley 19.974 creó la Agencia Nacional de Inteligencia para asesorar al Presidente de la República y a los niveles superiores de conducción del Estado, y define la contrainteligencia como la tarea de detectar y neutralizar las acciones de inteligencia de otros Estados dirigidas contra la seguridad nacional. Si el análisis se produjo en Washington, corresponde exactamente al tipo de actividad que la contrainteligencia chilena debería haber advertido. Si hubo insumos locales, alguien entregó a una potencia extranjera apreciaciones sobre la militancia política de ciudadanos chilenos. La pregunta admite respuesta, y alguien en el Congreso debería formularla.
El ofrecimiento de compartir los antecedentes a solicitud del gobierno merece párrafo aparte. Los tribunales chilenos no se abastecen de ese modo. Existen tratados de asistencia jurídica mutua, cartas rogatorias y procedimientos que permiten a una defensa conocer el origen de aquello que se le opone. Un informe de inteligencia no cumple ninguna de esas condiciones, porque no revela su método ni sus fuentes y no puede someterse a contradicción. Aceptarlo como insumo judicial equivaldría a reemplazar el proceso por un acto de confianza en quien lo firma.
Sobre el fondo del asunto han transcurrido casi siete años, con investigaciones penales, comisiones parlamentarias, informes de organismos internacionales y una producción académica considerable. La tesis del estallido dirigido, con central de mando, financiamiento externo y ejecución organizada, se ensayó desde la primera semana y nunca llegó a acreditarse. Que hayan marchado millones de personas no convierte en organización lo que fue un desborde, ni transforma en conspiración un malestar que las propias encuestas venían midiendo desde bastante antes de octubre.
Vale la pena detenerse en el adverbio. “Categóricamente” es una palabra que un analista de inteligencia entrenado evita, porque el oficio trabaja con grados de confianza, hipótesis en competencia y estimaciones que se corrigen a medida que llega nueva información. Invocar a la comunidad de inteligencia para clausurar una discusión, y no para abrirla, es emplear el prestigio del secreto como argumento de autoridad. Se reclama con ello un acceso privilegiado a la verdad que los demás no podemos auditar, y frente al cual solo queda creer o callar.
Una parte del comentario ha leído el episodio como demostración de fuerza. Yo veo ahí una carencia. Una diplomacia con recursos discute con argumentos, invierte, negocia aranceles, ofrece cooperación científica y disputa influencia con las herramientas que le sobran. Cuando en lugar de eso ofrece expedientes sobre la izquierda del país anfitrión, muestra que perdió confianza en su capacidad de persuadir. El gesto, además, está calculado: se hace porque no tendrá costo, en el supuesto de que en el Chile de hoy nadie va a reclamarlo.
Queda por ver si ese supuesto es correcto. Sin necesidad de un gesto rupturista, la Cancillería puede hacer lo que haría cualquier Estado que se respeta: una consulta formal, una solicitud de precisiones sobre el alcance de lo declarado, una pregunta sobre qué quiso decir el embajador con inteligencia chilena. Nada de eso pone en riesgo una relación bilateral de doscientos años, más bien la ordena. El silencio, en cambio, dejaría instalado que existe un tramo de la política interna chilena aceptado como materia opinable desde fuera, y que la afinidad ideológica con Washington pesa más que la soberanía.
Chile tiene archivos desclasificados que describen con detalle qué ocurrió la última vez que las agencias estadounidenses decidieron que entendían mejor que nosotros de dónde venía la política chilena. Sería una ironía cerrar ese ciclo pidiéndoles el informe.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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