El 11 de septiembre de 1973 marcó el quiebre de la democracia en Chile, pero sus consecuencias también se extendieron por las comunidades rurales del Maipo. En Paine, Isla de Maipo, Talagante y otras localidades se registraron detenciones, ejecuciones y desapariciones que todavía forman parte de la memoria del territorio.
Este 11 de septiembre se cumplen 53 años del golpe de Estado de 1973, jornada en que las Fuerzas Armadas y Carabineros derrocaron al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende.
Durante aquella mañana, tropas militares rodearon el Palacio de La Moneda, mientras el país comenzaba a quedar bajo control de las Fuerzas Armadas. Allende llegó hasta la sede de Gobierno y desde allí realizó sus últimos mensajes a través de las radios.
Cerca del mediodía comenzó el bombardeo de La Moneda. Horas después, las fuerzas militares ingresaron al edificio y se confirmó la muerte del mandatario.
La Junta Militar asumió entonces el poder y comenzó una dictadura que se extendió por 17 años, período marcado por la persecución política, las detenciones, las ejecuciones, la desaparición forzada, la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos.
Pero las consecuencias de ese quiebre institucional no quedaron concentradas en Santiago.
En el territorio del Maipo, especialmente en comunidades agrícolas, trabajadores, campesinos, dirigentes y vecinos fueron detenidos y perseguidos durante las semanas posteriores al golpe.
Paine: campesinos ejecutados pocos días después del golpe
Uno de los primeros episodios de violencia que marcó al territorio ocurrió en Paine, apenas una semana después del golpe.
El 17 de septiembre de 1973, cuatro integrantes del asentamiento Paula Jaraquemada, correspondiente al ex fundo San Francisco de Paine, se presentaron en la Subcomisaría de Carabineros de la comuna luego de una citación.
Se trataba de Carlos Chávez Reyes, Raúl Lazo Quinteros, Orlando Pereira Cancino y Pedro Ramírez Torres, todos agricultores.
Los cuatro quedaron detenidos y, durante la madrugada del día siguiente, fueron sacados del recinto y trasladados hacia el sector de Collipeumo. De acuerdo con los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, fueron ejecutados por agentes del Estado acompañados por civiles.
Los cuerpos fueron encontrados posteriormente en el río Collipeumo y las autopsias establecieron que la causa de muerte fueron heridas de bala.
El episodio forma parte de una historia más amplia de represión contra trabajadores agrícolas y habitantes de los asentamientos de Paine, donde durante 1973 se produjeron numerosas detenciones.
Paine y los desaparecidos de los asentamientos
La violencia no terminó con las primeras ejecuciones.
El 16 de octubre de 1973 se realizó un operativo en los asentamientos Campo Lindo, 24 de Abril y Nuevo Sendero, en Paine. En esa jornada fueron detenidas 23 personas, de las cuales 22 permanecen desaparecidas, según los antecedentes del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
El operativo fue realizado por efectivos del Regimiento de Infantería de San Bernardo, acompañados por Carabineros y civiles de la zona.
Los antecedentes oficiales establecieron que las víctimas fueron detenidas por agentes del Estado y trasladadas a recintos bajo su dependencia, desde donde posteriormente desaparecieron.
Estos hechos permiten observar una dimensión particular de la represión en Paine: el impacto sobre el mundo campesino y la organización de los asentamientos agrícolas, en un período en que la vida rural de la zona estaba atravesada por profundas transformaciones sociales y políticas.
Lonquén: los 15 campesinos que permanecieron desaparecidos
A pocos kilómetros de allí, en Lonquén, otro episodio se transformaría en uno de los símbolos más conocidos de la memoria de la dictadura en Chile.
El 7 de octubre de 1973, quince personas fueron detenidas por funcionarios de Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo.
Se trataba de campesinos y trabajadores de la zona. Después de su detención, sus familias comenzaron una búsqueda que durante años no entregó respuestas sobre su paradero.
Los antecedentes recopilados posteriormente establecieron que los detenidos fueron trasladados y asesinados, y que sus restos fueron ocultados en los hornos de una antigua mina de cal en Lonquén.
El hallazgo ocurrió en noviembre de 1978, cuando un lugareño informó a un sacerdote sobre la existencia de osamentas humanas en el lugar. La Vicaría de la Solidaridad verificó la denuncia y presentó los antecedentes ante la justicia.
La investigación permitió confirmar que los restos correspondían a los 15 detenidos el 7 de octubre de 1973.
El caso se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos en Chile, al hacer visible públicamente la existencia de personas detenidas cuyo destino había sido ocultado durante años.
Isla de Maipo y Talagante: otras historias de desaparición
Lonquén no fue el único caso ocurrido en el territorio.
El Museo de la Memoria registra, por ejemplo, la detención de Guillermo Bustamante Sotelo, obrero agrícola y presidente del Sindicato del Fundo El Gomero, y Juan de Dios Salinas Salinas, también trabajador agrícola.
Ambos fueron detenidos el 14 de septiembre de 1973 por funcionarios de Carabineros en Isla de Maipo. Testigos los vieron en la Tenencia de la comuna y sus familiares fueron informados posteriormente de un supuesto traslado al Estadio Nacional. Desde entonces permanecen desaparecidos.
En este caso, además, existe una sentencia de la Corte Suprema que condenó por secuestro calificado a un responsable por los hechos.
Otro caso corresponde a Nelson Ricardo Orellana Tapia, obrero de 30 años detenido el 15 o 16 de septiembre de 1973 en Padre Hurtado.
Según los antecedentes oficiales, fue detenido por Carabineros en la casa de unos familiares, llevado posteriormente a la Comisaría de Malloco y luego a la de Talagante. Desde ese recinto se perdió su rastro.
Los casos muestran que la represión posterior al golpe también atravesó las localidades del Maipo, alcanzando a trabajadores y familias que desarrollaban su vida en comunidades agrícolas y rurales.
Una memoria que permanece en el territorio
A 53 años del golpe, estos episodios continúan formando parte de la memoria de las comunidades.
Lonquén y Paine son hoy lugares estrechamente ligados a la memoria y los derechos humanos, pero también lo son las localidades donde vivieron las víctimas, las calles por donde fueron detenidas y los lugares donde sus familias comenzaron a buscarlas.
En Lonquén, distintas organizaciones y comunidades continúan realizando actividades para recordar a las víctimas y transmitir estas historias a nuevas generaciones.
Este tipo de iniciativas adquiere especial relevancia en un territorio donde muchas familias todavía conservan testimonios y recuerdos vinculados a aquellos años.
53 años después, las huellas siguen presentes
La historia del 11 de septiembre no termina con el bombardeo de La Moneda ni con la muerte de Salvador Allende. Para numerosas familias del Maipo, el golpe significó el comienzo de una búsqueda que en algunos casos nunca tuvo respuesta.
Pero estas historias tampoco pertenecen únicamente a este territorio. Lonquén, Paine, Isla de Maipo y Talagante forman parte de una memoria que atraviesa todo Chile, desde las grandes ciudades hasta los pueblos, fundos y comunidades rurales donde también se vivieron detenciones, ejecuciones, torturas, desapariciones y persecuciones políticas.
Durante los 17 años de dictadura, miles de personas fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, dejando familias marcadas por la ausencia y comunidades que debieron convivir durante décadas con preguntas sin respuesta. En muchos casos, la verdad y la justicia llegaron lentamente y, en otros, continúan siendo una tarea pendiente.
Por eso, recordar el 11 de septiembre no implica solamente volver sobre lo ocurrido en La Moneda en 1973, sino también reconocer las historias de quienes fueron perseguidos y asesinados en distintos rincones del país. La memoria se construye también desde esos lugares donde una familia esperó a un detenido que nunca regresó, donde una comunidad buscó a sus vecinos y donde durante años se intentó ocultar lo ocurrido.
A 53 años del golpe, recordar sigue siendo una forma de enfrentar ese pasado y de preguntarse qué sociedad se quiere construir hacia el futuro. Porque conocer lo ocurrido, reconocer a sus víctimas y mantener viva su memoria no es solo mirar hacia atrás: también es una manera de defender la democracia, los derechos humanos y la convivencia en el Chile de hoy.
El Maipo
