ntre el 8 de junio y el 10 de agosto se encuentra abierta una nueva consulta pública del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para realizar observaciones al proyecto de resolución que establece requisitos para la comercialización de semilla corriente en el mercado interno.
El texto de la consulta ha generado una alerta en el vasto y diverso movimiento de defensa de la semilla y la soberanía alimentaria. Por ejemplo, la Red de Semillas Libres, con integrantes de norte a sur del país, se está reactivando, llamando a participar en la consulta. ANAMURI y otras organizaciones están analizando la resolución. El Colectivo Ecológico de Acción hizo un llamado a informarse, organizarse y participar.
La propuesta prohíbe la comercialización de toda semilla no inscrita en la Lista de Variedades Oficialmente Descrita (LVOD), lo cual invalida su libre circulación en mercados locales, ferias o incluso intercambios de semillas. Para el SAG el comercio de semillas es “la venta, tenencia destinada a la venta y toda cesión, entrega o transmisión con fines de explotación comercial de semillas, a título oneroso o no.” El final de esa definición implicaría una ilegalización de los intercambios de semilla, una práctica tradicional no onerosa (sin fin de lucro) de las comunidades indígenas y extendida a muchos territorios.
El trasfondo político: TPP-11 y UPOV 91
“Años de resistencia, años dando charlas, años en la calles. Criminalización, amenazas de todo tipo, no nos creyeron, muchos no escucharon, nuestros gritos decían ya van a ver, ya van a ver, cuando sin semillas no tengan que comer. Nos miraban incrédulos, se reían. Aquí están la aprobación del TPP-11 y la elección de este Kastigo, veamos cuánto aguantaremos”
Patricia Dedos Verdes, guardadora de semillas.
Hay una larga historia de lucha ciudadana en defensa de la soberanía alimentaria, ligada a sucesivos intentos de los gobiernos para derogar la actual Ley de Semillas, abrir el mercado interno a los cultivos transgénicos e imponer el convenio internacional UPOV 91 de privatización de la semilla vía los Tratados de Libre Comercio.
La lucha más reciente fue contra el TPP-11 que en uno de sus artículos plantea que los productos de la biotecnología son una mercancía y no requieren evaluación de riesgo. Y hoy el gobierno ajusta las normativas a fin de avanzar hacia una nueva ley de semillas a la medida de las grandes empresas semilleras. Mientras tanto, a nivel internacional el hambre se dispara por el aumento en el precio de los alimentos y las guerras en curso.
Este tipo de normativas no es nuevo, y el movimiento por la defensa de la semilla cuenta con un importante precedente a su favor: durante el año 2024 una masiva campaña logró la derogación de una resolución exenta similar a la actual, que el SAG elaboró sin abrir canales de consulta a la ciudadanía.
Aquel triunfo sirve como insumo para enfrentar hoy el actual proceso de discusión que desconoce la existencia de las variedades de semilla tradicional, criollas y locales; cultivos que son la base de la alimentación en Chile, y están en manos de los pequeños productores, así como de comunidades indígenas, huerteras y huerteros a lo largo del país.
El doble estándar regulatorio del SAG
La propuesta SAG incluye requisitos como la etiqueta amarilla y análisis de laboratorio, entre otras, que no consideran las particularidades de las semillas campesinas y le atribuyen las mismas exigencias que las semillas certificadas. En cambio ya hay luz verde para las semillas genéticamente manipuladas con la técnica de edición genética, como ocurre con el trigo y otros cultivos editado genéticamente en laboratorio.
Esta nueva propuesta de resolución exenta del SAG, que no pasa por Contraloría, es la continuidad de la reciente consulta pública donde asume la “edición génica” como equivalente al mejoramiento convencional, y la califica dentro de las “nuevas técnicas de fitomejoramiento”. Este es un razonamiento utilizado para desregular el cultivo de organismos genéticamente modificados sin pasar por el Congreso.
En ese marco, el SAG propone el cultivo y la comercialización de los nuevos OGM sin evaluaciones de riesgo, sin zonas de exclusión, trazabilidad ni mucho menos etiquetado. En cambio, en esta nueva consulta sobre “semilla corriente” impone a la agricultura campesina, a las y los huerteros y comunidades indígenas, requerimientos inalcanzables por su costo y complejidad, favoreciendo así el monopolio comercial de grandes corporaciones como Bayer/Monsanto y Syngenta junto sus aliados nacionales, entre los cuales destacan Semillas Baer y Neocrop Technologies.
Finalmente, esta propuesta del SAG entra en contradicción con los compromisos derivados de leyes y convenios internacionales relacionados con la semilla y la biodiversidad firmados por Chile. Entre ellos destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 1.2 establece que “todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales” y “en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”. Asimismo, la resolución vulnera la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, instrumento que Chile suscribió durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
*Carolina Agurto Flores, nutricionista, investigadora y activista chilena en defensa de la soberanía y seguridad alimentaria.
*Lucía Sepúlveda Ruiz, periodista, ambientalista y activista de la defensa de los derechos humanos.
El Maipo/Le Monde Diplomatique
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