Igual que España, Italia ha regularizado a varios cientos de miles de trabajadores extranjeros, pero el relato interno habla de control y no de derechos
Desde hace varios años, el debate europeo sobre la inmigración se presenta como una oposición simple entre apertura y cierre, humanismo y nacionalismo, izquierda buenista y derecha responsable. Sin embargo, las políticas migratorias realmente llevadas a cabo por los gobiernos europeos cuentan una historia mucho más compleja. Detrás de los enfrentamientos ideológicos aparece una paradoja cada vez más visible: ciertas políticas de apertura migratoria parecen mejor aceptadas cuando son impulsadas por gobiernos nacionalistas que cuando emanan de coaliciones progresistas o socialdemócratas. El último sondeo de 40dB. para El País, publicado el 3 de mayo, revela así una fractura ya clásica en nuestro país: mientras que la medida es apoyada por los electores de izquierda, es rechazada masivamente por los de derecha.
La comparación entre Italia y España ilustra a este respecto una realidad más matizada. Mientras Giorgia Meloni desarrolla desde su llegada al poder una retórica muy dura sobre la inmigración, su gobierno ha abierto paralelamente varios cientos de miles de permisos de trabajo para responder a las necesidades de la economía italiana. En España, por el contrario, la propuesta de regularización de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular provoca una polarización política y cultural mucho más fuerte, a pesar de necesidades económicas comparables. Este contraste sugiere que los sectores populares no reaccionan únicamente a los flujos migratorios en sí mismos, sino también al marco narrativo y político en el que estos se presentan.
Desde 2023, el Gobierno italiano ha aprobado la entrada de varios cientos de miles de trabajadores extranjeros a través del Decreto Flussi
La Italia de Meloni ofrece en este ámbito un caso particularmente revelador. Desde 2023, el Gobierno italiano ha aprobado la entrada de varios cientos de miles de trabajadores extranjeros a través del Decreto Flussi con el fin de responder a la escasez de mano de obra en la agricultura, la construcción, la industria o los servicios personales. En muchos otros países europeos, una política semejante habría suscitado probablemente una fuerte contestación dentro del electorado popular de derecha.
Las declaraciones de Bruno Retailleau en Francia el pasado mes de abril, candidato de derechas de gobierno (lo equivalente de nuestro PP) a las presidenciales, que en plena pugna por captar parte del electorado popular del Rassemblement National criticó duramente a España por la regularización de alrededor de 500.000 inmigrantes en situación irregular, amenazando con “poner a España al margen de las naciones europeas”, van por ejemplo en ese sentido. Sin embargo, Fratelli d’Italia ha seguido estando muy alto entre las clases obreras y populares, como lo mostraba el sondeo SWG de 2024 postelecciones europeas: el 39 % de los obreros mantenían su apoyo a la jefa del ejecutivo de extrema derecha que gobierna el país.
Pero lo que podría parecer una paradoja en realidad no lo es. Meloni nunca presenta esta inmigración como una política de apertura moral o universalista. La inscribe, por el contrario, en un relato de soberanía nacional: la inmigración debe ser “controlada”, decidida por el Estado italiano y subordinada a las necesidades de la economía nacional. El gobierno italiano opone constantemente inmigración legal e inmigración irregular, trabajadores necesarios y flujos incontrolados, soberanía y caos migratorio. En este marco, la llegada de trabajadores extranjeros deja de aparecer como una amenaza para la cohesión nacional; se convierte, por el contrario, en la expresión de su autoridad, aunque esta puesta en escena del control no borre las tensiones sociales y culturales que el discurso de derecha radical contribuye él mismo a alimentar.
Esta distinción es esencial para comprender la evolución de las opiniones populares europeas. Los datos italianos muestran que las clases obreras y populares siguen estando entre las más hostiles a la inmigración irregular y a las políticas percibidas como permisivas. Pero esta hostilidad disminuye cuando los flujos migratorios son presentados como económicamente necesarios, estrictamente encuadrados y compatibles con una lógica de control nacional. Dicho de otro modo, una parte importante de los sectores populares parece menos opuesta a la inmigración en sí misma que a la supuesta pérdida de soberanía que esta simbolizaría. Lo que se rechaza no es tanto al inmigrante en sí mismo como la impresión de un Estado incapaz de jerarquizar, controlar y decidir.
Sánchez se enfrenta a Vox directamente en el terreno ideológico, negándose a dejar a la extrema derecha el monopolio de las cuestiones vinculadas a las fronteras
El contraste entre la España e Italia actuales resulta aún más interesante porque España constituyó durante mucho tiempo una relativa excepción europea. Comparada con Francia o Italia, la sociedad española, desde su entrada en la era democrática, parecía menos atravesada por las tensiones identitarias vinculadas a la inmigración y más inmune a los discursos de extrema derecha, incluso dentro de las clases populares.
La clara ruptura histórica en las urnas con las derechas durante la Transición explica en parte esta singularidad, pero no únicamente. Otros factores estructurales menos señalados por los analistas políticos, como por ejemplo la relativa debilidad del PCE a comienzos de los años ochenta en comparación con otros partidos comunistas europeos, también desempeñaron un papel más indirecto y desapercibido en nuestro país. Así pues, las transferencias de votos observadas en Francia o Italia entre las antiguas extremas izquierdas y las nuevas extremas derechas se produjeron mucho menos en España precisamente porque el PSOE supo captar desde la transición una gran parte del electorado obrero en detrimento del PCE. Este fenómeno de desplazamiento debido a un cierto “rojipardismo” sigue siendo así relativamente marginal en España, donde una parte importante del mundo obrero ha conservado posiciones más moderadas y centristas desde la transición democrática.
Es en este contexto europeo donde Pedro Sánchez parece haber tomado una clara decisión estratégica al apoyar la regularización de cientos de miles de migrantes. El jefe del Gobierno asume querer enfrentarse a Vox directamente en el terreno ideológico, negándose a dejar a la extrema derecha el monopolio de las cuestiones vinculadas a las fronteras, la soberanía o la identidad nacional. Sánchez da la impresión de considerar que el peligro no es únicamente electoral, sino también cultural y hegemónico: si la izquierda abandona completamente la cuestión migratoria por timidez ideológica, deja entonces a la extrema derecha el monopolio simbólico de la soberanía y del sentimiento nacional. Parece sacar las lecciones de la mala experiencia de la izquierda francesa sobre estas cuestiones, que por miedo a entrar en una deriva semántica de tipo étnico-nacionalista nunca supo dirigirse a clases populares enfrentadas a las mutaciones inducidas por la globalización.
Aunque el camino emprendido por el presidente del Gobierno sea el correcto en el plano político y económico (siempre que la regularización vaya acompañada de garantías sociales reales y no se limite a satisfacer las necesidades de los empleadores), esta apuesta sigue siendo, no obstante, arriesgada aunque necesaria. En primer lugar, porque los datos sociológicos muestran que los sectores populares españoles evolucionan rápidamente desde 2019 sobre la cuestión migratoria, especialmente entre las jóvenes generaciones obreras. La fuerte penetración de Vox en el segmento obrero de los 25-34 años, detectable en las series estadísticas largas del barómetro CIS desde 2023, sugiere una significativa aculturación política en proceso hacia la extrema derecha dentro de esa categoría de edad.
Las inquietudes vinculadas a la vivienda, a la presión sobre los servicios públicos o a la competencia en el mercado laboral que estas poblaciones inmigradas podrían supuestamente ejercer progresan fuertemente. Y en segundo lugar, porque la experiencia danesa muestra que la estrategia de reapropiación del discurso soberanista no garantiza forzosamente un éxito político duradero. Dinamarca constituye probablemente el ejemplo más avanzado de una socialdemocracia europea que decidió reapropiarse de las cuestiones de soberanía y control fronterizo para frenar el ascenso de la extrema derecha. Durante varios años, esta línea permitió contener parcialmente a la derecha radical y recuperar segmentos populares perdidos. Pero las últimas elecciones mostraron también sus límites: los socialdemócratas daneses obtuvieron uno de sus peores resultados históricos, mientras la extrema derecha recuperaba terreno. El caso danés sugiere así que la reapropiación de un discurso soberanista puede ralentizar temporalmente la progresión de la derecha radical, pero no basta necesariamente para neutralizar las dinámicas profundas a las que asistimos en Europa.
La verdadera cuestión para la socialdemocracia española no reside únicamente en reapropiarse del relato de la soberanía democrática frente a la extrema derecha. Depende también de su capacidad para articular esta nueva narrativa con una política efectiva de integración social, urbana y laboral. La experiencia francesa muestra que cuando la inmigración termina concentrándose en los segmentos más precarizados del mercado de trabajo y en espacios urbanos segregados, las antiguas estructuras sociales heredadas de la historia colonial tienden a reproducirse bajo nuevas formas dentro de la división social del trabajo. El riesgo no es únicamente cultural o identitario; es también el de una progresiva etnización de las desigualdades sociales. España no se encuentra todavía exactamente en esa situación, pero la evolución reciente de ciertas fracturas territoriales y generacionales sugiere que esta cuestión podría volverse central para el futuro de la cohesión democrática.
Las derechas radicales ya no buscan siempre suprimir totalmente la inmigración. Buscan sobre todo reafirmar simbólicamente el control nacional sobre esta
Sea como fuere, las diferencias de marcos narrativos son probablemente más decisivas de lo que parecen, porque muestran que las políticas migratorias nunca son percibidas únicamente a través de su contenido concreto; funcionan también como objetos simbólicos a través de los cuales las sociedades interpretan cuestiones más amplias vinculadas a la autoridad política y a la soberanía.
La paradoja Meloni arroja así luz sobre una realidad más profunda de las democracias europeas contemporáneas. Las derechas radicales ya no buscan siempre suprimir totalmente la inmigración. Buscan sobre todo reafirmar simbólicamente el control nacional sobre esta. Su éxito se debe quizá menos a su capacidad para reducir los flujos migratorios que a su capacidad para producir una impresión subjetiva de dominio político y cultural. Ahí reside en adelante todo el desafío de la apuesta emprendida por Pedro Sánchez, que deberá ahora convencer de su capacidad para encarnar esta imagen de dominio de los flujos migratorios ante varias categorías sociales a priori adquiridas a la izquierda, pero también tentadas por la vía nacional populista.
El fin de la excepción española frente a su extrema derecha podría así no ser tal si la izquierda de gobierno logra imponer un nuevo eje en su narración del ejercicio del poder relativo al control de los flujos migratorios y a la eficacia económica. Ni multiculturalismo ingenuo, ni discurso identitario duro, sino una especie de izquierda soberanista-democrática: en este punto intermedio diferenciador de las derechas se encuentra seguramente la clave del nuevo consenso político y social español. Porque esta izquierda soberanista-democrática que queda por hacer no puede limitarse tampoco a un nuevo marco discursivo. Su eje central debe ser el de los derechos sociales plenos como condición no negociable de la regularización.
Si miramos el fondo del problema, lo que hace de la inmigración irregular un problema para los sectores populares no es la presencia del inmigrante en sí misma, sino su vulnerabilidad jurídica, que lo convierte en una poderosa herramienta de presión a la baja sobre los salarios y las condiciones de trabajo. Ahí reside la diferencia esencial con Meloni: ella reafirma simbólicamente la soberanía nacional manteniendo a los inmigrantes en una precariedad que sirve al mercado. La izquierda debe reafirmar esa misma soberanía protegiéndolos, porque protegerlos es proteger a fin y cabo a todos los trabajadores de nuestro país.
*Marcos Alagna Morales, sociológo español.
El Maipo/CTXT
