Por Ana Cristina Alvarado
Sara Larraín lleva más de 40 años trabajando en organizaciones dedicadas a la protección de la naturaleza en Chile. Desde 1997 es directora de la Fundación Chile Sustentable, que se dedica a la formulación, incidencia y monitoreo de políticas públicas ambientales. La llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile, con medidas que afectan la gestión ambiental del país, encendió sus alarmas y asegura que desde la sociedad civil no se permitirán retrocesos.
Larraín ha participado en la formulación de una serie de políticas públicas, entre esas, de eficiencia energética, energías renovables y protección de glaciares, un proceso que empezó hace 20 años y hasta ahora no se ha concretado. En 1999 fue candidata presidencial.
Mongabay Latam habló con la especialista sobre cómo la sociedad civil chilena está enfrentando las políticas de Kast, especialmente las desencadenadas por la suspensión de 43 decretos ambientales y el debilitamiento de la administración ambiental.
Para Larraín, lo que ha hecho el nuevo Gobierno es “absurdo”. Explica que crear una norma ambiental en Chile sigue un proceso largo, altamente técnico y participativo que puede tomar años y que en algunos casos se han realizado a través de varios gobiernos, de izquierda y de derecha. Por eso, considera que retirar los decretos no tiene justificación técnica, sino política.
Las implicaciones, dice, no se limitan a los daños a la naturaleza, sino que también impactan en el derecho al acceso a agua segura y a vivir en ambientes sanos.
–¿Qué están enfrentando las organizaciones ambientales con el gobierno de Kast?
–No son solamente las organizaciones ambientales. Todos sabíamos que probablemente no van a haber avances en el área ambiental ni social, dado que todos los elementos de la campaña y las propuestas programáticas del candidato de extrema derecha están concentrados en aumentar el crecimiento económico, en las políticas de seguridad y en importantes recortes del Estado con el objeto de facilitar la inversión.
Sin embargo, nunca pensamos que el mismo día de la toma de Gobierno se iban a retirar los reglamentos que estaban para toma de razón de Contraloría, es decir, para la revisión de legalidad por parte del organismo contralor que visa que los actos administrativos del Estado sigan todos los procedimientos legales.
Todos aquellos decretos que estaban en esa situación fueron retirados porque venían del Ministerio de Medio Ambiente. Lo mismo ocurrió en temas de políticas indígenas, de índole cultural, de energía. Aunque en esas otras áreas se retiraron algunos reglamentos de toma de razón, los que provenían del Ministerio de Medio Ambiente se retiraron todos. Es una señal política de desautorización de lo que avanzó la administración anterior.
–¿Hubo cambios institucionales?
–El Estado removió a muchos funcionarios, jefes de servicio. Son nombrados en Chile con una metodología y procedimiento de excelencia y de independencia que se llama Sistema de Alta Dirección Pública, a través de una postulación a esos cargos. Esos cargos no se nombran a dedo por el nuevo Gobierno, sino que se nombran por concurso de Alta Dirección Pública. El objetivo es que aquellos profesionales de alto nivel se mantengan a través de los Gobiernos, pero vinculados a los requisitos de la calidad de su desempeño.
En la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que es la que ve las políticas indígenas, se removió al director nacional en la primera semana de Gobierno. Lo mismo ocurrió con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, donde está Fiscalización Ambiental, y con el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la institución más nueva creada por la ley que crea el Servicio de Biodiversidad de 2022.
Está todo paralizado, la institucionalidad está descabezada. En general, los representantes del Ministerio de Medio Ambiente en cada una de las regiones del país no están nombrados. Por lo tanto, tampoco hay cabezas ambientales regionales. Los tribunales ambientales tienen cinco cargos que no están llenos. Están con escasez de jueces.
–¿Cómo se ve esta institucionalidad descabezada en territorio?
–Está funcionando con los mandos medios, pero como además estamos en un cambio de Gobierno, están moviéndose como pisando huevos. ¿Qué mando medio va a querer ser muy activo si le pueden cortar la cabeza en dos minutos? Esta es una señal de que la prioridad del Gobierno no es que la protección del medioambiente funcione.
–¿Qué dice ante las críticas de que muchos de los decretos suspendidos fueron ingresados por el gobierno de Boric en el último momento?
–El nuevo Gobierno tuvo que encontrar alguna razón para justificar el retiro de la totalidad de los decretos. Entonces, la excusa es que se ingresaron el día anterior al fin del gobierno de Boric.
La mayoría de decretos estaban en Contraloría hace más tiempo. Y entiendo que 10 decretos se ingresaron el día anterior, pero no es que la ex ministra [de Medio Ambiente] hizo algo en su escritorio rápidamente con su equipo y lo ingresó el día anterior.
–¿Qué es lo que revisa Contraloría?
–La Contraloría no revisa los temas de fondo técnicos. Los temas técnicos se resuelven a través de los años en los cuales se tramita un decreto. Entonces, por ejemplo, nosotros como Fundación Chile Sustentable participamos en el decreto de emisión para centrales termoeléctricas.
Esta industria emite a la atmósfera dióxido de azufre, material particulado, óxidos de nitrógeno y en algunos casos, plomo, vanadio, níquel, etc. La norma que se suspendió es una actualización de la norma existente y tiene al menos cinco años de tramitación. Contraloría visa si el proceso se llevó a cabo de acuerdo a lo que establece la norma y el reglamento de la ley 19.300, que es la que diseñó el procedimiento.
–¿Cuáles son las implicaciones de la suspensión de los decretos?
–Los decretos ambientales no son solamente de áreas protegidas, algunos tienen que ver con proteger la salud de la población. Por ejemplo, la norma para el plan de descontaminación del Lago Villarrica. Es un área de tremendo desarrollo turístico y económico, pero entró en un estado de contaminación. En 2011 fue declarada zona contaminada.
La ley 19.300 establece un reglamento para seguir los pasos de un plan de descontaminación. Muchas veces el Estado no tiene dinero para estos planes, entonces piden plata al PNUD o a otros organismos. Se hizo todo el proceso y fue aprobado por el Consejo de Ministros, por el comité, fue a la Secretaría de la Presidencia y de ahí se mandó a Contraloría. Estaba listo para la toma de razón y el Gobierno lo retira.
También está el plan de descontaminación de Puerto Aysén, la norma de emisiones de arsénico de las refinerías de cobre, pero también de todas las otras industrias que emiten arsénico, que es un metal pesado cancerígeno. Está la norma para emisiones de plomo, otro metal pesado cancerígeno.
Estos decretos que retiró [Kast] implica normas urgentes para proteger la salud de la población, para descontaminar las zonas que están saturadas, que están superando la norma vigente y que por lo tanto, la autoridad tiene la obligación de asegurar que se cumpla la norma.
Un cuarto [de los decretos suspendidos] son normas absolutamente críticas para la protección de la salud de la población. El Ministerio de Medio Ambiente dice que va a revisar técnica y legalmente los decretos.
–¿El Ministerio de Medio Ambiente tiene esas atribuciones?
–Técnicamente el Ministerio no tiene especialistas de alto nivel y no podría pagar para revisar lo que los especialistas muy especializados hicieron durante los años que demoró el desarrollo del plan. No tiene la atribución legal de revisar porque esa atribución es de la Contraloría.
Entonces hay un intento de disfrazar una señal política de controlar y revisar absolutamente todo lo del Gobierno anterior, aunque sean medidas vigentes para la salud de la población. Hay que considerar que el proceso de Villarrica se estableció en los últimos dos Gobiernos, en el de Piñera, de derecha, y en el de Boric, de izquierda.
Se revisa todo lo que hicieron los Gobiernos anteriores. Pero el procedimiento estuvo reglado y la Contraloría lo puso en el listado de toma de razón porque estaban listos para ser aprobados en su legalidad. Eso es un poco de lo tremendamente violento de esta entrada, que es una entrada de desautorización a la totalidad de las acciones regulatorias del Gobierno anterior, que no son meramente ambientalistas [sino también de salud pública].
–¿Hay otras áreas afectadas?
–Hay otro tercio que tiene que ver con normas que están establecidas en la ley de cambio climático vigente, de 2022, y de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
No es una ley que empezó en el gobierno de Boric. Se tramitó en el Congreso durante 13 años, eso significa que pasó por más de tres gobiernos. Es una ley transversal y siguió su tramitación y siguió siendo aprobada por los gobiernos de distinto signo político. Lo mismo pasa con la ley de cambio climático, hay tres gobiernos involucrados.
El otro tercio de las normas constituye decretos que establecen reglamentos de esas dos leyes.
–¿Cuál es el mensaje que dieron al retirar los reglamentos?
–El mensaje que dieron es que el actual Gobierno no tiene interés en la implementación de esas dos leyes porque está retirando los reglamentos que permiten poner en ejecución los artículos de esa ley. Dicen estar interesados en la biodiversidad y en que salga el Servicio de Biodiversidad, pero entonces, ¿por qué retiran los decretos que permiten implementar ambas leyes?
Uno de los reglamentos establece las bases de cómo se conforma el comité científico para la implementación de la ley de cambio climático. Los reglamentos también tienen que ver con cómo establecer el mecanismo para categorizar las especies en peligro, cómo van a ser los planes de evaluación y de restauración de los ecosistemas degradados, cómo se evalúa el desempeño de los funcionarios del Servicio de Biodiversidad, áreas protegidas u otros. Son mecanismos operacionales fundamentales para implementar ambas leyes.
–El 22 de marzo hubo una marcha masiva por el agua y los glaciares. ¿Esta es una señal de cómo se está tomando la sociedad chilena las políticas del Gobierno?
–En Chile no tenemos una Ley de Glaciares, aunque hemos trabajado desde 2006 con senadores y diputados y ha habido ocho proyectos de ley. Ninguno ha pasado porque desde la minería estatal hasta la minería privada han bloqueado esos proyectos. La mayor parte de la minería es de altura, sobre 3000 metros, en la Cordillera de los Andes.
Entonces acá la elección es muy clara: seguridad hídrica o instalar minería en las cabeceras de las cuencas, donde están los glaciares. Son la única reserva de agua dulce que tenemos. Eso es lo principal para las ciudades, la salud de la población, la producción de alimentos y la agricultura, la industria y los ecosistemas.
Tenemos una sequía estructural desde 2010. Muchos lugares tienen agua en primavera y después son servidos con camiones aljibes. En el mundo rural estamos con abandono de tierras agrícolas por falta de agua. Al no utilizar la tierra para agricultura, se cede el paso a los paneles solares, que estamos de acuerdo porque es energía limpia, pero estamos usando tierra de producción de alimentos.
Vamos perdiendo el derecho humano a acceder al agua potable en la cantidad adecuada para bebida, higiene, lavar la ropa, alimentar a los animales, etc.
La marcha fue muy grande porque unió toda esta reivindicación de años por el acceso humano al agua y la exigencia de que vuelva a ser un bien nacional de uso público, porque hoy es un recurso privado. Se unió la causa del retiro de los 43 decretos y por eso la marcha fue tan masiva.
–¿Cómo cree que va a ser la relación entre la sociedad civil ambientalista y el Gobierno?
–Hay recelos por su programa de gobierno. No tenía prácticamente nada de medioambiente. Es legítimo, no es su prioridad, el presidente Kast lo dijo directamente. Respetamos eso, pero no estamos dispuestos a retroceder y eso lo decimos claramente, como primer punto.
La sociedad chilena ha avanzado en un proceso civilizatorio para compatibilizar desarrollo económico con protección ambiental, que es el mandato principal, porque es la base de la economía. Segundo punto, exigimos transparencia y, tercero, participación ciudadana y buena fe.
Un conjunto importante de organizaciones no gubernamentales hemos pedido entrevista con la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, para que diga exactamente cuáles son sus prioridades, pero todavía no nos da entrevista.
Nosotros anteponemos la convivencia y la democracia en las relaciones y en ese sentido hemos señalado declaraciones y acciones con las que no estamos de acuerdo, porque es un retroceso aunque la ministra dice que va a agilizar. Está obstaculizando la mejora de las normas de salud, de la implementación de la ley de cambio climático y la ley de biodiversidad, y de la red de salares protegidos.
Una parte de los decretos retirados tiene que ver con seis áreas protegidas en la zona del Altiplano, donde hay salares y humedales andinos, que fue la carta de negociación para la estrategia del litio, que implicaba decir: “Está bien, saquen litio, pero esta red de salares queda protegida”.
–¿Ha habido reacciones a nivel político?
–La Cámara de Diputados llamó la semana pasada a la ministra Toledo para que explique sus prioridades, por qué retiró los decretos y cuando los va a reingresar, porque no puede tener el país paralizado.
Ella explicó que el procedimiento de cómo proteger la ranita de Darwin ya se reintrodujo y que va a reintroducir otros más, entre esos, el del lago Villarrica. No se da cuenta de que está obstaculizando el cumplimiento de las reglas ambientales. Ella le decía al Parlamento que están haciendo esto para agilizar, pero es una falacia en cuanto tratan de explicar un error que han cometido con una virtud que no tienen. No planteó ninguna propuesta, salvo que lo que tiene retenido lo va a soltar lo más ágilmente posible.
Dijo que van a agilizar más aquellos decretos que sean más importantes para la gente, que es una frase popular. Y la verdad es que tiene descabezados todos los servicios ambientales de relevancia, por lo tanto ella misma está sin brazos para operar y segundo, tiene parados los decretos que le permiten operar.
–¿Cómo ve a la sociedad civil chilena ambientalista? ¿Cree que logrará hacer frente a las políticas del Gobierno de Kast?
–Vamos a hacer frente. Nosotros hemos señalado claramente que si el Gobierno no quiere avanzar, nosotros avanzaremos por el Parlamento o en los territorios con las autoridades locales. Proteger el medio ambiente y a las personas es un avance civilizatorio.
No vamos a permitir que las cosas se hagan bajo cuatro paredes. Estamos en democracia, existen normas de participación ciudadana, de transparencia. Chile también firmó el Acuerdo de Escazú, los ciudadanos tenemos derecho al acceso a la información. Tampoco vamos a retroceder en participación ciudadana.
Ahora la sociedad está bastante clara, no solamente las organizaciones no gubernamentales, sino que la sociedad civil está bastante clara: no quieren destrucción. Los políticos están en alerta, por eso en el Parlamento fueron bastante duros.
Y finalmente, hay sectores empresariales que son los que han pedido desregulación, pero ellos no saben que Chile tiene compromisos y tiene cierto estatus de buen comportamiento ambiental a nivel internacional. Si pierde ese estatus va a tener mayores dificultades de inversión y de comercio.
Hay ciertas normas, ciertas reglas en la inversión que impiden ganar competitividad o recursos haciendo dumping ecológico, es decir, escondiendo la basura debajo de la alfombra.
*Imagen principal: Larraín (tercera a la derecha) y equipo en una entrega del afiche de difusión del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) en Maipo. Foto: cortesía Chile Sustentable
El Maipo/Mongabay
