La Segunda Sala del máximo tribunal del país ratificó, en un fallo unánime, las sentencias dictadas previamente por la Corte Marcial contra cuatro miembros en retiro del Ejército. Los involucrados fueron hallados culpables del delito continuado de falsedad en materia de administración militar, ilícito perpetrado en 2013 en el marco del caso conocido como “Fraude en el Ejército”.
Las condenas ratificadas
El tribunal desestimó los recursos de casación presentados tanto por la defensa de los acusados como por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), manteniendo las siguientes penas:
- Jozo Aurelio Santic Palomino: 5 años y un día de presidio efectivo.
- Clovis Montero Barra, Claudia Morales Pinilla y Yanira Valdebenito Arce: 3 años y un día de reclusión. En estos tres casos, la pena fue sustituida por el beneficio de libertad vigilada intensiva.
El “Modus Operandi”: Compras ficticias y facturas falsas
La investigación, liderada en su etapa de primera instancia por la ministra Romy Rutherford, reveló un esquema de defraudación que ascendió a $34.001.256. El mecanismo operaba de la siguiente manera:
- Documentación espuria: Funcionarios de la Tesorería del Estado Mayor General (TEMGE) solicitaban facturas falsas a la proveedora Tecnodata S.A. por supuestos insumos computacionales (tóneres y cartuchos) que jamás ingresaron a la institución.
- Simulación de recepción: Los militares firmaban actas de recepción y daban el “visto bueno” a las facturas para generar una apariencia de legalidad y asegurar el pago estatal.
- Retorno del dinero y especies: Una vez que el Ejército pagaba a la proveedora, el representante de Tecnodata devolvía parte del dinero en efectivo a los militares o, en su defecto, entregaba artículos tecnológicos de uso personal (televisores, tablets, celulares y cámaras) en lugar de los insumos facturados.
Fundamentos del fallo
La Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa de Santic Palomino, que buscaba la absolución alegando falta de participación. El tribunal aclaró que el recurso de casación es de derecho estricto y que la defensa no logró demostrar cómo los supuestos errores en la valoración de la prueba influyeron en la sentencia de condena.
Asimismo, se rechazó la pretensión del CDE de aumentar las penas, señalando errores técnicos en la formulación de su recurso al intentar calificar los hechos como delitos reiterados en lugar de delito continuado a través de una vía procesal inadecuada.
El Maipo
