Cuando un gobierno habla extensamente de inversión, empresarios y crecimiento, pero deja en segundo plano a quienes trabajan, la pregunta inevitable es simple: ¿para quién se gobierna realmente?
La primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast buscó instalar un relato de “orden, crecimiento, reconstrucción y esperanza”. Sin embargo, vista desde las políticas laborales, las estrategias de empleo y los derechos del trabajo, dejó una sensación incómoda: el mundo del trabajo apareció subordinado a una visión económica donde la empresa parece ocupar el centro gravitacional y las personas trabajadoras orbitan alrededor.
Diversos análisis posteriores al discurso destacaron el fuerte peso discursivo dado al empresariado y la inversión privada, mientras que las referencias explícitas al trabajo y a quienes viven de él aparecieron relegadas. Más allá de la discusión exacta sobre cuántas veces se pronunció una u otra palabra, el problema central no es semántico: es político. El foco estuvo puesto en quienes invierten, mucho más que en quienes producen, cuidan, transportan, construyen, educan, sanan o sostienen cotidianamente la economía.
El problema es que Chile no enfrenta solamente una crisis de crecimiento. También enfrenta una crisis laboral.
Porque no basta con crear empleo: importa qué empleo, cuánto paga, cuánta seguridad ofrece y cuánto futuro tiene.
En ese contexto, llama la atención la ausencia de medidas más robustas para enfrentar uno de los principales desafíos de esta década: la transformación acelerada del trabajo por efecto de la automatización y la inteligencia artificial. La sustitución tecnológica amenaza tareas rutinarias, administrativas, logísticas, profesionales e incluso creativas. La pregunta no es si habrá cambios; la pregunta es quién pagará el costo de esos cambios.
Un gobierno que dice preocuparse del empleo debiera estar impulsando una agenda mucho más ambiciosa: reconversión laboral masiva, formación continua financiada públicamente, reducción progresiva de brechas digitales, fortalecimiento de la negociación colectiva en sectores tecnológicos y políticas activas de transición ocupacional.
En ese contexto, resulta particularmente contradictorio proponer la eliminación de instrumentos como la franquicia tributaria SENCE precisamente cuando la principal necesidad del mercado laboral es gestionar la transformación productiva, reconvertir capacidades y ampliar oportunidades de capacitación permanente. Si el problema central del futuro del trabajo será la adaptación, debilitar mecanismos de formación aparece menos como una estrategia de modernización y más como un retroceso.
También sorprende la escasa centralidad otorgada a políticas estructurales que sí podrían cambiar el mercado laboral chileno.
La sala cuna universal, por ejemplo, no puede seguir tratándose como un asunto accesorio o evitar aumentar el empresarial. Debe entenderse como infraestructura económica, o -como dicen los especialistas- como actividad necesaria para producir renta. Sin una red universal, financiada públicamente vía impuestos progresivos, miles de mujeres seguirán enfrentando barreras de entrada, permanencia y desarrollo laboral. La igualdad en el trabajo no se construye con discursos meritocráticos; se construye eliminando obstáculos materiales.
Algo similar ocurre con reformas pendientes: fortalecimiento de la negociación colectiva, modernización de la protección frente a nuevas formas y tecnologías de empleo, mejoras en capacitación efectiva, reducción de la informalidad y mecanismos más robustos para distribuir ganancias de productividad.
Pero quizá la mayor contradicción apareció fuera del propio discurso.
Horas después de la Cuenta Pública, el gobierno anunció un aumento del endeudamiento por US$6.200 millones adicionales, una cifra relevante considerando el discurso previo centrado en austeridad, disciplina fiscal y críticas al endeudamiento.
La pregunta entonces es inevitable.
Si el Estado puede endeudarse por miles de millones de dólares, ¿por qué decidió traspasar íntegramente el shock petrolero a consumidores, familias y al trabajo, limitando la amortiguación del aumento de combustibles vía MEPCO? El resultado práctico fue trasladar costos hacia hogares, transporte, logística y salarios reales, justo cuando muchas familias ya enfrentaban mayores presiones económicas. Diversos análisis económicos han cuestionado precisamente esa tensión entre el discurso de austeridad y las decisiones posteriores.
La paradoja se profundiza cuando, simultáneamente, la denominada megarreforma económica mantiene como uno de sus ejes la reducción de impuestos corporativos y otros incentivos tributarios orientados prioritariamente a la inversión (como la invariabilidad a 25 años). Críticos de la propuesta han advertido riesgos fiscales importantes y beneficios inciertos si estas medidas no vienen acompañadas de políticas laborales y productivas más robustas.
La pregunta vuelve a aparecer: ¿quién absorbe los costos y quién captura los beneficios?
Porque los modelos económicos no son neutrales.
Y aquí emerge una reflexión más profunda.
Durante años, la doctrina social de la iglesia criticó reiteradamente un modelo económico que convierte a las personas en instrumentos del mercado, prioriza rentabilidad sobre dignidad humana y termina naturalizando desigualdades crecientes. Ese cuestionamiento no apuntaba únicamente a indicadores económicos; apuntaba a una forma específica de organizar la sociedad.
Más aún, tras la reciente encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV sobre trabajo, dignidad humana, desigualdad y economía, aparece una crítica persistente hacia modelos que subordinan las personas a la lógica exclusiva del mercado, debilitan la protección social y conciben el trabajo únicamente como un factor productivo y no como una dimensión esencial de la dignidad humana.
Ese cuestionamiento no apunta solamente a indicadores económicos; apunta a una forma específica de organizar la sociedad. Cuando la política pública privilegia rebajas tributarias para grandes empresas mientras posterga derechos laborales, cuando “se socializan los costos y se privatizan los beneficios”, cuando el trabajo aparece subordinado al capital, esa crítica adquiere una relevancia actual y evidente.
Y aquí aparece otra interrogante fundamental: ¿es realmente posible alcanzar la meta presidencial de reducir el desempleo a 6% únicamente o la creación de 300 mil empleos (en campañas previas eran 600 mil) con las herramientas anunciadas?
La evidencia sugiere que resulta difícil. Rebajas tributarias, incentivos a la inversión y flexibilización económica para empresarios pueden generar ciertos estímulos a la inversión y ganancias para el negocio, pero históricamente no han sido suficientes por sí solos para producir reducciones sostenidas del desempleo cuando existen problemas estructurales de productividad, informalidad, baja participación laboral femenina, desajustes de capacidades y transformaciones tecnológicas aceleradas en curso. Más aún, si simultáneamente se debilitan instrumentos de capacitación, se reducen mecanismos redistributivos y no se despliegan políticas robustas de creación de empleo, reconversión laboral y fortalecimiento del trabajo decente, la promesa de un desempleo de 6% corre el riesgo de transformarse más en una aspiración comunicacional que en una estrategia laboral consistente: una nueva metáfora (o hipérbole).
Las conquistas laborales nunca desaparecen de golpe. Retroceden gradualmente.
Retroceden cuando la seguridad social se debilita.
Retroceden cuando la negociación pierde fuerza.
Retroceden cuando el empleo se precariza.
Retroceden cuando se instala la idea de que proteger trabajadores se plantea como un obstáculo para crecer.
La primera Cuenta Pública de Kast quiso hablar de crecimiento.
Pero el verdadero debate sigue abierto: crecimiento, ¿para quién?
Porque ningún proyecto nacional sostenible puede construirse solamente con empresarios o inversionistas. Se necesitan trabajadores y trabajadoras como el motor fundamental que movilicen y valoricen los recursos. Y, sobre todo, se necesita ponerlos en el centro. Porque el capital no es simplemente un conjunto de máquinas o dinero, sino que requiere una relación social donde los trabajadores y trabajadoras, al no poseer medios de producción, den sentido a la economía con su fuerza de trabajo.
Para El Maipo, Aldo Siri Frites, Psicólogo, Lic. En Psicología, Mg. en Innovación, Gerente de Personas/RRHH, profesor MBA Industria Minera UCH, Mg. Personas y Organización UAH, Consultor de Empresas, especializado en Industria Minera, Habilidades Directivas, Desarrollo Humano y Negociación.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
