Una iniciativa que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades fue derivada a la Comisión de Gobierno del Senado para su análisis.
Un proyecto que busca entregar herramientas efectivas a los municipios para combatir el comercio ambulante informal e ilegal llegó al Senado para cumplir su segundo trámite legislativo. La iniciativa, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, fue derivada a la Comisión de Gobierno para su estudio, informó la sal de prensa de la Cámara Alta
Nuevas facultades para los municipios
La propuesta legislativa contempla que las municipalidades podrán adoptar acciones y medidas concretas para recuperar espacios públicos afectados por el comercio ambulante informal e ilegal. Además, fortalece la fiscalización de los permisos otorgados para ejercer esta actividad, estableciendo la obligación de que los alcaldes informen sobre estos aspectos en su cuenta pública anual.
Entre las medidas propuestas, se incluye la designación de delegados municipales encargados de prevenir y detectar el comercio ambulante o estacionado en la vía pública que no cumpla con la normativa vigente.
Fiscalización y sanciones
El proyecto establece que tanto Carabineros de Chile como los inspectores fiscales o municipales estarán facultados para fiscalizar el comercio ambulante informal e ilegal. Quienes infrinjan la normativa enfrentarán multas que van desde media unidad tributaria mensual (UTM) hasta dos UTM en primera instancia. En caso de reincidencia, las sanciones aumentarán de dos a cuatro UTM.
Adicionalmente, se dispone el decomiso y destrucción de la mercadería ilegal. Sin embargo, cuando se trate de alimentos perecibles en buen estado, estos podrán ser distribuidos entre establecimientos de caridad o asistencia de la comuna, según lo determinen las ordenanzas municipales correspondientes.
Un problema creciente
Según la Encuesta Nacional sobre el Comercio Ilícito y Contrabando en Chile del año 2024, un 37% de la población asocia de forma espontánea el comercio ambulante con la comisión de delitos, cifra que se eleva al 68% cuando se trata específicamente de comercio ilegal.
El informe de la iniciativa señala que en la actualidad la línea que diferencia al comercio informal del ilegal se ha ido desdibujando, lo que ha generado una opinión mayormente negativa de la ciudadanía respecto de estas actividades. Este tipo de comercio afecta la recaudación fiscal, la seguridad pública y deteriora los espacios públicos.
Registro y ordenamiento
Finalmente, el proyecto obliga a las municipalidades a establecer en sus ordenanzas los lugares específicos donde se podrá ejercer el comercio ambulante o estacionado. Estas ordenanzas deberán incluir, como mínimo, un sistema único de identificación personal con registro fotográfico de las personas autorizadas para ejercer dicho comercio, además de acciones de prevención y detección de actividades que no cumplan con la normativa vigente.
El Maipo
