El descenso de la natalidad y el acelerado envejecimiento poblacional han trascendido la esfera de lo marginal para erigirse como un desafío estructural de primer orden. Desde la izquierda progresista, a menudo hemos observado con recelo las políticas pronatalistas, asociándolas a visiones conservadoras que buscan confinar a la mujer al ámbito doméstico; sin embargo, es imperativo abordar este tema con valentía, guiados por nuestros principios innegociables: la justicia social, la sostenibilidad del camino hacia el Estado del Bienestar y, ante todo, la autonomía plena de las mujeres.
Ignorar esta problemática constituye un lujo inasumible. Un declive demográfico acentuado somete a una tensión límite los pilares de nuestra convivencia, desde las pensiones hasta la sanidad pública, pasando por la educación y los servicios sociales. Es, fundamentalmente, un problema de solidaridad intergeneracional, ya que una base de contribuyentes cada vez más reducida resulta incapaz de sostener de forma indefinida los derechos y servicios de una población crecientemente longeva. La cuestión central no reside en si debemos actuar, sino en cómo hacerlo de un modo que fortalezca, en lugar de socavar, nuestros valores progresistas.
La respuesta genuina no radica en apelaciones a supuestos “deberes patrióticos” o en la coartación del derecho al aborto y a la planificación familiar, un camino éticamente inaceptable y políticamente estéril. El principio irrenunciable debe ser la autonomía de la mujer, pues ellas no son herramientas al servicio de un objetivo demográfico, sino ciudadanas libres cuyas decisiones reproductivas deben ser respetadas y, crucialmente, facilitadas. La baja natalidad no es un capricho, sino la consecuencia lógica de obstáculos materiales y sociales concretos. La incuestionable emancipación femenina ha colisionado con unas estructuras sociales y laborales que no han sabido adaptarse: la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda, la asfixia derivada de la carga de los cuidados y la penalización profesional de la maternidad actúan como potentes anticonceptivos sociales. Por consiguiente, una política pronatalista de izquierdas no puede limitarse a una mera transferencia económica; debe ser concebida como una revolución de los cuidados y un nuevo contrato social.
En este horizonte, el programa Chile Crece Contigo representa una de las políticas públicas más valiosas y visionarias implementadas en las últimas décadas. Su enfoque integral —que acompaña a niñas, niños y familias desde la gestación hasta la primera infancia— encarna una noción avanzada de bienestar, centrada en la igualdad de oportunidades desde el inicio de la vida. Lejos de ser un simple programa asistencial, Chile Crece Contigo constituye la columna vertebral de una política progresista de natalidad, al reconocer que cuidar a la infancia es cuidar el futuro colectivo. Su continuidad y fortalecimiento deben ser prioridad estratégica del Estado: ampliar su cobertura, profundizar su coordinación interministerial y garantizar su financiamiento estable permitiría consolidar una base institucional sólida sobre la cual desarrollar políticas de conciliación, igualdad de género y sostenibilidad demográfica. En vez de reinventar la rueda, el desafío consiste en profundizar y expandir lo que ya funciona como una política de justicia intergeneracional efectiva.
Proponemos un enfoque robusto que se articula sobre cuatro pilares esenciales:
1. Corresponsabilidad Estado-Familias y Hombres-Mujeres:
Es indispensable consolidar una red pública, universal y de calidad de escuelas infantiles (0-3 años) con precios accesibles, pero esto no es suficiente. Debemos impulsar permisos de paternidad intransferibles e igualitarios a los de maternidad, transformando así la dinámica en los hogares y las empresas para que el cuidado no sea una carga que únicamente lastre la carrera profesional de la mujer.
2. Lucha contra la precariedad y la pobreza infantil:
Las ayudas universales por hijo a cargo son una herramienta de probada justicia y eficacia. Combinadas con una política de vivienda que priorice a las familias jóvenes y el establecimiento de un salario vital, se crea un colchón de seguridad que disminuye el riesgo asociado a la decisión de tener hijos.
3. Conciliación real, no retórica:
Medidas como la jornada laboral de 37 horas y el fomento del teletrabajo bien regulado son clave. Además, debe promoverse la flexibilidad para poder tener semanas laborales de más de 40 horas, compensando este esfuerzo con más días de vacaciones o salarios más altos. Se trata de devolver tiempo a las personas para que puedan vivir sus vidas más allá del trabajo remunerado, incluyendo el tiempo para la familia.
4. Fomento de una cultura del cuidado:
Desde las instituciones, es crucial promover activamente, mediante la educación y la comunicación, un modelo de masculinidad que se implique en la esfera doméstica y afectiva. Una sociedad que valora y distribuye equitativamente los cuidados es aquella donde la maternidad y la paternidad se convierten en una opción más viable y deseable.
Esta agenda, más que una “política de natalidad” tradicional, es una política de justicia social y de género cuyo deseado efecto colateral es la estabilización demográfica. No se trata de incentivar la natalidad a expensas de la libertad de las mujeres, sino de eliminar los obstáculos materiales y sociales que impiden que esa libertad se ejerza plenamente. En este sentido, Chile Crece Contigo ofrece una base institucional y cultural que puede y debe proyectarse hacia una nueva etapa, articulando desde la primera infancia una visión coherente de Estado cuidador, inclusivo y corresponsable. El objetivo es construir una sociedad donde tener hijos no represente un acto de fe incierto en el futuro, sino una decisión tomada desde la seguridad, la igualdad y la ilusión compartida. Esta es la única vía para asegurar un mañana próspero, justo y, sobre todo, habitado.
Por Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), colaborador de El Maipo.
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