Buenos Aires, 10 junio. Ante la Corte Penal Internacional (CPI) se presentó una denuncia por “hostigamiento sistemático y coordinado” contra la expresidenta argentina Cristina Fernández, sobre quien pende una condena a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua.
En lo que parece más un enjuiciamiento político que un proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia de Argentina deberá fallar sobre si avala o no una sentencia de un tribunal menor en contra de la actual líder del Partido Justicialista y aspirante a una banca en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
La imputación ante la CPI la hizo el abogado Gregorio Dalbón dado el inminente fallo del máximo tribunal en la causa Vialidad que podría dejar detenida y proscrita a la exmandataria, reportó el Ámbito Financiero.
En un “lawfare” parecido al que fue sometido Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, o Rafael Correa en Ecuador, los tiempos judiciales se apresuraron luego que Cristina presentó su candidatura hace una semana a diputada provincial.
Dalbón explicó en su presentación que distintos medios de comunicación de alcance nacional anticiparon la inminente orden de detención contra la exdignataria, en el marco de causas cuya tramitación “se ha acelerado de modo inusual tras el anuncio de su candidatura a legisladora provincial”.
“La amenaza no puede considerarse abstracta ni jurídica en sentido técnico: se trata de una reacción del sistema de poder ante el resurgimiento electoral de una figura política de enorme legitimidad popular”, argumenta el jurista.
Concretamente, el escrito presentado ante la Corte Penal Internacional en base al Estatuto de Roma alude a la persecución contra la ex jefa de Estado y actual referente de la oposición política, quien “se encuentra hoy bajo amenaza real e inminente de detención arbitraria por causas judiciales manifiestamente viciadas”.
“El intento de encarcelar a Cristina Fernández no es un acto aislado. Es la pieza final de un engranaje de persecución sistemática y sofisticada. El silencio ante este caso puede sentar un precedente de retroceso democrático en toda América Latina”, advierte la presentación que hizo Galbón.
El letrado se presentó ante la CPI para ampliar una denuncia “con legítimo interés en la protección del Estado de Derecho”. Anticipó que también se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, amplió Ámbito Financiero.
Esta nueva escalada se enmarca en un patrón reiterado de actos coordinados por agentes estatales y paraestatales, “típicos del crimen de persecución por motivos políticos, cometido en el marco de un ataque generalizado y sistemático”, especifica la exposición internacional.
La presentación remarca que Cristina Fernández ha sido objeto de al menos 12 causas penales iniciadas en forma simultánea, muchas de ellas sin fundamentos probatorios, y con graves irregularidades procesales, como la violación del principio del juez natural, designaciones irregulares y manipulación del sorteo judicial.
Además, Galbón menciona sentencias dictadas en tiempos electorales, con intención manifiesta de incidir en el proceso democrático y restricción efectiva de su derecho a ejercer cargos públicos, mediante estrategias de “inhabilitación de hecho”.
Fuente: El Maipo/PL
