Chile se convirtió hoy de manera oficial en el décimo miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), un acuerdo que requirió más de cinco años de negociaciones y desató una polémica interna.
El pacto reúne a varias economías de la región Asia-Pacífico y al principio estuvo impulsado por Estados Unidos hasta su salida en febrero de 2017, durante la administración de Donald Trump.
Lo integran en estos momentos Australia, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Brunei, que está pendiente de su ratificación.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, los miembros del TPP-11 representaron en 2021 el 6,7 por ciento de la población mundial, el 12,2 del Producto Interno Bruto global y el 14,8 del intercambio comercial mundial.
El año pasado Chile exportó hacia ese grupo de naciones el 14 por ciento del total de sus ventas al exterior y compró allí el 8,6 por ciento de sus importaciones.
La vigencia del tratado confirma o agrega en total unas dos mil 930 líneas arancelarias con algún tipo de preferencias, de ellas 100 con Canadá, mil 52 de Japón, 663 de Malasia y mil 115 de Vietnam.
Sin embargo se mantiene vigente uno de los puntos más controvertidos del acuerdo y que causó mucha polémica en Chile antes y después de su aprobación por el Congreso Nacional, y es el mecanismo de solución de controversias.
Tal y como está redactado, una empresa o corporación transnacional puede demandar a cualquiera de los Estados miembros si, a su juicio, este adopta decisiones que impidan sus posibilidades de hacer negocios y obtener ganancias en su territorio.
Esto implica una erosión de la soberanía nacional y limita los programas públicos de desarrollo económico e industrial a la voluntad o intereses de firmas foráneas.
Chile es un país con abundantes recursos naturales, entre ellos grandes reservas de litio que quedarían expuestos debido a esta regulación.
El presidente Gabriel Boric, quien se opuso al TPP-11 cuando era diputado, prometió negociar cartas laterales con los otros socios con el propósito de impedir la aplicación de este mecanismo, pero sólo México, Perú y Nueva Zelanda aceptaron esa vía.
Canadá, Vietnam y Australia acordaron firmar una declaración de intenciones para revisar en el futuro ese aspecto.
Fuente: El Maipo/PL
