La ley prometida para acelerar la recuperación tras catástrofes contiene tres mecanismos que erosionan los ingresos locales —y ninguna compensación automática.
En los pasillos de la Asociación Chilena de Municipalidades circula una lectura que el gobierno preferiría que no trascendiera: el proyecto de ley de reconstrucción, presentado como la respuesta definitiva a las catástrofes naturales, contiene una bomba silenciosa para los gobiernos locales. Mientras el país observa las imágenes de puentes caídos y viviendas devastadas, los alcaldes han comenzado a leer la letra pequeña. Y lo que encuentran no es alentador.
El texto, cuyo objetivo declarado es agilizar la reactivación de zonas afectadas por emergencias, incluye tres mecanismos que, de forma acumulativa, reducirán los ingresos propios de las municipalidades. El más evidente es la exención de contribuciones para adultos mayores —una medida en apariencia loable, pero que merma la base del impuesto territorial que alimenta el Fondo Común Municipal (FCM). El proyecto reconoce este impacto y promete compensación… con un asterisco del tamaño de un estadio: la compensación quedará sujeta a lo que decida cada año la Ley de Presupuestos. No es automática, no es permanente, no es confiable.
“Ya aprendí a no presupuestar con promesas de Santiago.”
Un alcalde oficialista de la Región del Biobío lo sintetizó así, bajo condición de anonimato. La frase vale como epitafio para décadas de relación entre el nivel central y sus municipios.
Pero el golpe fiscal más severo viene por dos flancos menos comentados. El primero es la autorización para condonar deudas municipales —intereses, multas e incluso el capital— sin ninguna obligación de que el gobierno central reponga esos recursos. El segundo son las facilidades de pago que permiten aplazar ingresos por meses o años. En el papel, suena a alivio para los contribuyentes afectados por catástrofes. En la práctica, los municipios verán cómo su flujo de caja se desploma justo cuando más necesitan liquidez para reparar veredas, reinstalar alumbrado público y reforzar la atención social. La ironía es flagrante: se pide a los alcaldes que hagan más con menos, mientras el Estado central se lava las manos.
El problema de fondo no es solo económico, sino de diseño institucional. El proyecto no toca los criterios de distribución del FCM, no crea un mecanismo compensatorio automático y no integra a los municipios como socios territoriales de la reconstrucción. Los alcaldes, una vez más, quedan reducidos a gestores de emergencias con una mano atada a la espalda. Y la ciudadanía, que acude a la municipalidad cuando el puente se cae o la posta se inunda, no sabe que quien firma los cheques —el nivel central— ha decidido no hacerse cargo del costo real de su propia generosidad legislativa.
Hay una lección que la política chilena parece empeñada en no aprender: ningún proyecto de reconstrucción es sostenible si se construye sobre la fragilidad fiscal de los gobiernos locales. Los alcaldes, que suelen ser los primeros en llegar a las zonas de desastre y los últimos en irse, necesitan algo más que buenas intenciones. Necesitan reglas claras, compensaciones automáticas y un FCM que funcione como un verdadero estabilizador, no como una variable de ajuste. De lo contrario, la reconstrucción será solo otro eslogan —y los municipios, otra vez, pagarán la cuenta.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
