Al menos cinco firmantes de los Acuerdos de Paz y líderes sociales de la región colombiana del Catatumbo, al noreste del departamento Norte de Santander, fueron asesinados este 16 de enero, en medio de cruentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
“Expreso mi más firme condena por asesinato de 5 firmantes de paz y líderes en Catatumbo. Urge proteger a población civil y comunidades. Llamo a los grupos armados a cesar acciones violentas. La verdadera voluntad de diálogo para por respetar la vida de quienes optaron por la paz“, señaló el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, en la red social X.
Yuri Camargo, negociador de paz e integrante del Partido Comunes, fundado por excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) tras la firma de los Acuerdos de Paz de 2016, hizo un llamado a las autoridades para proteger a los firmantes de paz.
Horas antes, el Ejército del país sudamericano informó que se encontraba en alerta máxima por el estallido de intensos enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo.
Según un comunicado de las Fuerzas Armadas, los enfrentamientos armados se sitúan en la zona rural de los municipios de Teorama, Convención, Tibú y La Gabarra, atentando contra la vida y la integridad de la población civil.
“Estos hechos terroristas son una flagrante violación a los derechos humanos e infringen el derecho internacional por parte de los grupos armados organizados que atentan contra la vida e integridad de la población civil, incluyendo niños, niñas y adolescentes”, aseveró el ente castrense.
Tras el inicio de las confrontaciones, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación y aseguró que, debido al conflicto armado, se esperan desplazamientos masivos de las comunidades que habitan en la región.
“Desde esta mañana se reportan actos de violencia que ya han dejado víctimas mortales y se prevé un desplazamiento masivo de comunidades enteras, lo que agudiza la crisis humanitaria en esta región“, ponderó la institución.
Recordó que, en noviembre de 2024, advirtió sobre el riesgo de esta situación e hizo un llamado urgente a que las autoridades “actúen de manera inmediata y efectiva para garantizar la protección y los derechos fundamentales de las personas afectadas por esta confrontación”.
De igual manera, la Defensoría del Pueblo instó a los actores armados a cesar los enfrentamientos, que ponen riesgo la vida, la integridad y el bienestar de la población civil.
El Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN mantenían diálogos de paz desde la llegada al poder del mandatario colombiano en 2022, pero el proceso se suspendió en septiembre pasado, tras un atentado guerrillero contra una unidad militar en Arauca.
En noviembre, los diálogos fueron retomados y el Ejecutivo anunció el inicio de una nueva etapa de las negociaciones para enero.
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