Por Sebastián Rodríguez
- Los especialistas consultados por Mongabay Latam señalan que entre los retos a enfrentar están un sistema multilateral debilitado, planes climáticos insuficientes y embates del clima cada vez peores.
- Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), las metas de los gobiernos, han resultado insuficientes: si no se actualizan con mayor ambición, el planeta se encamina a un aumento de temperatura de entre 2.6° y 3.1° C, lejos de la meta de 1.5° C.
- El mayor progreso ha sido en la inversión en energías limpias, que desde la firma del Acuerdo de París, en 2015, aumentó diez veces: en Latinoamérica, Chile, Colombia y Costa Rica lideran el crecimiento de la inversión.
- Brasil recibirá a todos los gobiernos del mundo en Belén para la COP30, donde han anunciado iniciativas para proteger el sistema multilateral e involucrar a más actores como el sector privado, pueblos indígenas y sociedad civil.
Tras una larga caminata por el enorme recinto de Le Bourget, varios días de poco sueño y en medio del invierno decembrino, Julio Cordano —hoy jefe de la delegación chilena ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— arribó al plenario final de la COP21, donde hace diez años en París 195 países del mundo llegaron a un inédito acuerdo global para combatir la crisis climática. Según recuerda, hay “un antes y un después” en la acción climática global desde ese día.
Todo parecía listo para un resultado histórico tras un proceso de varios años, hasta que un verbo en el borrador final lo puso a sudar frío. Cada palabra en el Acuerdo se debatía con una precisión milimétrica y “cada artículo era un mundo en sí mismo”, dice Cordano. Cuando ya no se podían hacer más cambios, Estados Unidos señaló que el borrador decía que los países ricos “deberán” tomar acciones para cortar emisiones —un verbo que implica obligaciones legales— en vez de “deberían”, una opción más voluntaria. “Era una línea roja para muchos países desarrollados, especialmente para uno”, asegura Cordano.
Esto activó una crisis. El plenario se suspendió y comenzaron las consultas a las delegaciones. “La gente corría para arriba y para abajo”, recuerda Cordano. Laurent Fabius, el presidente de la COP21, terminó por indicar que el verbo fue un “error tipográfico” y ajustó el texto dejando el más laxo “deberían”. El cambio es pequeño, pero muestra que tanto países ricos como pobres asumirían compromisos voluntarios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país hoy decide su nivel de ambición.
Al no encontrar objeciones y habiendo logrado el consenso de todos los gobiernos, Fabius declaró el Acuerdo de París con un martillazo y el plenario estalló en aplausos. “Lo que se logró ahí fue fantástico porque fue un acuerdo donde todos tuvimos que ceder”, recuerda Cordano.
Diez años después, las mismas bases sentadas en la capital francesa —entre ellas el principio de acciones voluntarias— representan actualmente algunos de los mayores retos para implementar el Acuerdo de París. Los gobiernos llegarán a la COP30, por celebrarse en la ciudad brasileña de Belén en noviembre de este año, con un sistema multilateral debilitado, planes climáticos insuficientes y embates del clima cada vez peores, entre ellos sequías extremas en la Amazonía, huracanes cada vez más destructivos y pérdida masiva de corales.
La ciencia es clara: los últimos diez años, desde la firma del Acuerdo de París en 2015, han sido también los diez años más calientes registrados, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y las emisiones globales de gases de efecto invernadero continúan aumentando. La respuesta del Acuerdo ante la gravedad de la situación sigue siendo la misma: que cada país presente planes para reducir emisiones —llamados Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)—.
Sin embargo, las NDC fueron insuficientes en su primera versión presentada en 2020 y deberán ser actualizadas antes de la COP30. Algunos de los países claves de Latinoamérica como México y Argentina, que forman parte de los mayores emisores de gases de efecto invernadero de la región, aún no han presentado su actualización.
Incluso, una vez presentados, convertir los planes climáticos en realidad ha sido otro reto del Acuerdo. Estados Unidos, el principal contaminador histórico, presentó su NDC actualizado el año pasado, pero se retiró por segunda vez del Acuerdo este año bajo la administración de Donald Trump. Es más, puso en marcha políticas contrarias a la acción climática, entre ellas desmantelar los incentivos fiscales a las energías limpias y acelerar permisos para combustibles fósiles.
“Cuando las reglas son tan flexibles, es fácil atraer a los países, pero es más difícil convertir las promesas en acciones”, asegura Marcio Astrini, veterano asistente a las COP y secretario ejecutivo del Observatório do Clima, una coalición de ONG climáticas brasileñas. “Veremos qué tan resiliente es el Acuerdo ante estos retos”.
Pese a los desafíos en su implementación, Cordano argumenta que el mundo y en particular la región latinoamericana está “sin duda mucho mejor equipada” para aumentar su acción climática gracias al Acuerdo. Las negociaciones climáticas han aumentado desde la reunión de París en número de delegados y han surgido nuevas iniciativas para reducir las emisiones de metano (un gas de efecto invernadero 86 veces más potente que el dióxido de carbono), así como iniciativas para proveer fondos a países que sufren embates climáticos y para proteger los bosques.
La ex secretaria ejecutiva de la convención climática de la ONU, Patricia Espinosa, sostuvo que el Acuerdo de París “ha sido una extraordinaria contribución a la humanidad” durante un evento a finales de septiembre de este año.
La carrera por los 1.5°C
Una de las mayores virtudes del Acuerdo de París es que fijó por primera vez una meta común entre todos los países: limitar el aumento de la temperatura global a 2° C y con miras a 1.5° C, afirma Astrini. “El Acuerdo de París creó un sentido de que los países están avanzando en la misma dirección”, dice.
Aunque 1.5° C puede parecer poco, la ciencia climática advierte que cada fracción de grado implica pérdidas económicas millonarias, miles de vidas y cambios irreversibles, como, por ejemplo, el blanqueamiento masivo de corales. Hasta ahora, el planeta se ha calentado cerca de 1.2° C y si los países no actualizan sus planes con metas más ambiciosas, el destino será un drástico aumento de entre 2.6° y 3.1° C para finales de siglo.
Haciendo un balance de la situación, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, dijo en un evento conmemorativo de los 10 años de París que, sin el Acuerdo, la Tierra estaría rumbo a escenarios de hasta 5° C de calentamiento. Según dijo, vivimos en un mundo más seguro gracias al Acuerdo.
Para lograr mantener con vida la meta de 1.5° C grados, el planeta necesita cortar las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad para 2050, es decir, lograr un estado en el que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas se compensen con la misma cantidad de gases retirados de la atmósfera.
Aún así, Stiell resaltó que el Acuerdo ha servido como guía para el sector privado, que desde la firma del documento en 2015 ha invertido 10 veces más en energías limpias. Un reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) muestra que actualmente la inversión en energías renovables (2.2 billones de dólares) duplica la inversión en combustibles fósiles (1.1 billones de dólares).
En América Latina, la inversión en energías limpias aumentó un 25 % desde 2015, llegando a 70 mil millones de dólares, según la AIE. Chile, Colombia y Costa Rica lideraron este crecimiento, duplicando la inversión en energías limpias tales como vehículos eléctricos y fuentes renovables. De acuerdo con AIE, en el mismo periodo, la inversión en combustibles fósiles se redujo en 20 % en la región.
“Hay una ola de acciones positivas de gobiernos, sociedad civil y el sector privado iniciando sus propios caminos, inspirados por el Acuerdo de París. El Acuerdo tiene una acción indirecta,” dice Cordano. “La fuerza que tiene un acuerdo político de esa magnitud va mucho más allá de la mera implementación de sus disposiciones”, añade.
En la región, por ejemplo, el Acuerdo ha sido referenciado en los fallos de las cortes más altas, entre ellos una reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que urge a los países a limitar el uso y extracción de combustibles fósiles. En Brasil, la Corte Suprema del país condenó al gobierno de Jair Bolsonaro por no cumplir con sus obligaciones ante el Acuerdo de París. “Esto muestra muy claramente por qué era necesario tener el acuerdo”, dice Astrini.
Comunidades indígenas exigen acciones
Mientras que para algunos expertos el Acuerdo de París dio paso a cambios históricos durante la última década, para Levi Sucre, indígena Bribri de Costa Rica y coordinador del grupo regional Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), no mucho ha cambiado en su comunidad rural del Caribe costarricense. En el territorio, las comunidades indígenas aún enfrentan falta de acceso a la tierra, pocos fondos para proteger los bosques y hostilidades contra los defensores ambientales.
Pese a que el Acuerdo de París requirió a los países realizar nuevos planes para enfrentar la crisis climática, “las legislaciones nacionales están muy lejos de garantizar derechos”, dice Sucre. “Hay temas muy arraigados como la falta de tenencia de la tierra”.
Estas falencias han llevado a que algunos gremios de comunidades originarias como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) vayan a la COP30 en Belén con campañas globales inéditas. Buscan, entre otras cosas, posicionar los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas como una de las principales respuestas frente a la crisis climática en el mundo.
La ONIC, por ejemplo, presenta 10 demandas claras, que resumen los consensos del Movimiento Indígena Colombiano y latinoamericano, entre ellas el reconocimiento de los sistemas de conocimiento indígena como mecanismos eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático, la exigencia de aplicación inmediata del artículo 9.1 del Acuerdo de París que obliga a los Estados a financiar la acción climática global y la petición de garantizar el financiamiento climático directo, sin intermediarios, de manera que los recursos lleguen real y directamente a las comunidades indígenas.
“Las políticas climáticas impuestas desde visiones hegemónicas y coloniales continúan desconociendo nuestro papel como autoridades ambientales y gobiernos propios, reduciéndonos a simples actores sociales, cuando en realidad somos garantes de la continuidad de la vida en el planeta”, indica el Consejero Mayor de la ONIC, Rosalino Guarupe Joropa.
Hay otro escenario que no se puede dejar de lado. Durante la última década, América Latina ha registrado el mayor número de asesinatos a defensores del ambiente, muchos de ellos indígenas, según el último reporte de la ONG Global Witness. A nivel mundial, más de 1500 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas desde la firma del Acuerdo de París, según el informe.
Mientras tanto, durante la última década, los mayores sumideros de carbono – entre ellos la Amazonía – han continuado en firme retroceso por la deforestación, pese a que todos los países han presentado planes climáticos. Un reporte de ONU Ambiente muestra que las NDC -las metas de reducción de emisiones- de países latinoamericanos con mayor deforestación carecen de objetivos medibles para reducir la deforestación. América Latina es la región con mayores emisiones por la pérdida de bosques.
Algunos países han actualizado sus NDC de cara a la COP30 y han aumentado sus compromisos de reducción de deforestación. Por ejemplo, Colombia prometió bajar la tasa de deforestación a más de la mitad, pasando de las 113 000 hectáreas deforestadas en 2024 a 50 000 en 2030. Bolivia buscará reducir la deforestación al 100 % en áreas protegidas y 80 % fuera de áreas protegidas para 2035.
Con todo, la falta de fondos ha sido otra de las debilidades históricas del Acuerdo. Los países ricos prometieron movilizar 100 mil millones de dólares para la acción climática cada año a partir de 2020. Lo cumplieron dos años tarde y principalmente a través de préstamos, en lugar de donaciones. Para comunidades como la de Levi Sucre, acceder a estos fondos es fundamental para poder proteger los bosques efectivamente. Esa es, precisamente, una de las exigencias que hará la ONIC en la COP30.
Una de las herramientas del Acuerdo de París para movilizar fondos son los mercados de carbono, que permiten a comunidades vender sus reducciones de emisiones a países interesados en reducir su huella de carbono. Sin embargo, los gobiernos tardaron casi una década en definir las reglas de este mercado, adoptadas el año pasado en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán.
Actualmente, el mercado propuesto en el Acuerdo no está activo, ya que su plataforma administrativa sigue en desarrollo. En su ausencia, el vacío ha sido llenado por el mercado voluntario dirigido a actores privados, pero que ha estado lleno de denuncias por violaciones de derechos humanos contra comunidades, como ha documentado Mongabay Latam en varios reportajes.
“Estamos terminando una década con una agresión fuertísima. Ha habido engaños, estafa, incluso hemos tenido experiencias en Mesoamérica donde una comunidad perdió su derecho de propiedad del bosque por una ONG que los engañó en el mercado de carbono”, comenta Sucre.
La COP30 llama a defender el Acuerdo de París
A diez años de que el plenario estallara en aplausos en Le Bourget y el multilateralismo recibiera un nuevo impulso con el Acuerdo de París, el problema de las emisiones persiste y algunos gobiernos han comenzado a empujar en contra de las negociaciones. Por ejemplo, siguiendo las señales de la administración Trump en Estados Unidos, Argentina retiró a su delegación de la pasada COP29 por órdenes del presidente Javier Milei.
Para Adrián Martínez, director de la ONG La Ruta del Clima, “Milei también es nada más que un síntoma de la enfermedad negacionista que viene de Estados Unidos”, añadiendo que sus posturas en contra de la acción climática se han propagado por la región. “Hay un deseo de negar esta realidad y encontrar placebos con soluciones idealizadas.”
En Argentina, parece haber consenso en la expansión fósil, ya que tanto el anterior gobierno progresista de Alberto Fernández como el actual derechista de Milei han apoyado la expansión de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo.
Andrés Gómez, coordinador de campañas en Latinoamérica de la iniciativa para un Tratado de No-Proliferación de Combustibles Fósiles, destaca el trabajo de comunidades y la sociedad civil en la región para avanzar en la acción climática, entre ellos el referendo liderado por indígenas en el que Ecuador decidió eliminar la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. El Gobierno sin embargo ha fallado en implementar la decisión a dos años del referendo.
“Eso lo puedes ver en todos los países: desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, el trabajo en Ecuador para que se cumpla la sentencia del Yasuní, el trabajo en LA Amazonía de Perú por los derrames de petróleo, el trabajo anti-fracking en Argentina… Desde los pueblos es donde vemos que está la mayor ambición y eso es algo que hay que destacar”, dice Gómez.
Pero los Estados se han movido más lento, por lo que han surgido iniciativas para reformar las COP de forma en que fomenten acciones más rápidas. Un grupo de expertos conocido como el Club de Roma —conformado en parte por ex secretarios de la ONU— argumentó en una carta abierta el año pasado que las negociaciones, pese a sus virtudes, no permiten los cambios rápidos y drásticos necesarios para cumplir el Acuerdo.
En parte, la propia naturaleza voluntaria del Acuerdo ha dificultado presionar a los países a tomar acciones más drásticas, una flexibilidad por la que el Gobierno estadounidense luchó hasta el último momento de negociación en 2015.
Una de las posibles reformas más discutidas en los últimos años ha sido la regla de consenso para tomar decisiones, en la que todos los países del mundo tienen que estar de acuerdo sobre un tema, explica Astrini. Esta regla difiere de otros foros de la ONU donde se toman las decisiones por mayoría. Esto ha permitido que países productores de petróleo como Arabia Saudita bloqueen menciones a los combustibles fósiles, como sucedió el año pasado en la COP29.
En una carta preparativa para las negociaciones de este año, el presidente de la COP30, André Correa do Lago, enfatizó que una de sus prioridades será defender el multilateralismo y enfocarse en la implementación del Acuerdo de París. La presidencia brasileña ha anunciado iniciativas como convocar a todas las presidencias de las últimas diez COP en un “círculo de presidencias”, así como un “balance ético global” sobre la necesidad de tomar acciones rápidas.
“De cara al futuro, las próximas COP pueden representar una nueva generación de conferencias sobre el clima: no como eventos diplomáticos aislados, sino como plataformas sistémicas para acelerar la ejecución, medir el progreso e involucrar a un ecosistema más amplio de actores”, escribió Correa do Lago en una de sus cartas preparativas a la conferencia.
Mientras el mundo se prepara para la COP30 y a pesar de los obstáculos, el veterano negociador chileno Julio Cordano se muestra optimista y sostiene que “en estos diez años hemos logrado muchísimas cosas”. Los países negociarán un nuevo marco para que las Naciones fortalezcan su adaptación al cambio climático.
Durante París, Cordano fue justamente negociador en el tema de adaptación y sostiene que este tema se logró incluir en el Acuerdo gracias a la unidad de los países en desarrollo. “Seguimos la misma lógica, construyendo este castillo de acción climática sobre el Acuerdo de París”, dice Cordano. “Es un ejemplo de cómo el multilateralismo puede funcionar”.
El Maipo/Mongabay
Imagen principal: celebración luego de la firma del Acuerdo de París en 2015. Foto: cortesía UN Photo – Mark Garten
