La fiscalización detectó la tala rasa de 110 hectáreas en el predio fiscal Río Pescado. Además, una investigación de la PDI terminó con siete detenidos por presunta sustracción de madera, comercio clandestino y usurpación de terrenos.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) confirmó la tala ilegal de 110 hectáreas de bosque nativo en el predio fiscal Río Pescado, en Puerto Varas. El organismo propuso multas que superan los $8.300 millones por la intervención realizada sin un plan de manejo aprobado.
La fiscalización comenzó formalmente el 13 de julio de 2023, luego de denuncias de terceros y patrullajes aéreos. La Oficina Provincial de Llanquihue realizó distintas inspecciones para determinar la superficie afectada y calcular el volumen de madera extraída.
Para dimensionar el daño, CONAF utilizó muestras de tocones y análisis de imágenes satelitales. Con estos antecedentes, estimó la extracción de 69.168 metros estéreos de leña elaborada.
El metro estéreo corresponde a una medida utilizada para comercializar leña. Equivale a un metro cúbico de madera apilada, incluidos los espacios entre los trozos.
Según la estimación realizada por el organismo, el valor de la madera extraída supera los $1.300 millones.
Extracción de madera
Los antecedentes recopilados indican que la madera era retirada a través de un predio colindante denominado Los Canelos. Desde allí, los vehículos utilizaban una huella que conectaba ambos terrenos.
Durante las inspecciones también se detectó la presencia de ocupantes ilegales en los accesos al camino interior. Estos mantenían mecanismos de control para permitir el paso de los camiones que transportaban la madera.
La infracción corresponde al artículo 5° de la Ley 20.283, que regula la recuperación del bosque nativo. Debido a que la multa propuesta supera las 5.000 UTM, los antecedentes fueron remitidos al 1° Juzgado de Policía Local de Puerto Montt.
Siete detenidos
A este procedimiento administrativo se suma una investigación penal desarrollada por la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt de la PDI.
El martes 18 de agosto, siete personas fueron detenidas en Puerto Varas durante la denominada Operación “Alerta Forestal”, investigación que se extendió por cerca de dos años.
Los imputados son investigados por delitos relacionados con la sustracción de madera, comercio clandestino, usurpación de terrenos e infracciones a la Ley 20.283.
Según los antecedentes de la PDI, grupos familiares habrían participado en la tala y extracción de bosque nativo. Además, existiría una presunta ocupación de terrenos particulares y fiscales.
Durante el operativo se incautaron cuatro camionetas, un camión, tres tractores, un coloso y diez motosierras. También se encontraron 77,56 metros cúbicos de leña nativa y otras partidas de madera aserrada.
El avalúo de las especies y vehículos incautados supera los $78 millones. Los siete detenidos quedaron en calidad de imputados y será la justicia la que determine sus eventuales responsabilidades.
La superficie afectada sería mayor
CONAF aclaró que las 110 hectáreas corresponden al área incluida en la fiscalización administrativa iniciada en 2023. Sin embargo, el organismo estima que la tala en el sector se desarrolla desde 2014.
De acuerdo con el director regional de CONAF, Fernando Gebhardt, la afectación total alcanzaría aproximadamente 165 hectáreas. Además, el volumen de madera extraída llegaría a unos 89.000 metros cúbicos.
El perjuicio económico para el Estado superaría los $1.300 millones.
La querella presentada por CONAF permitió, además, dar origen a la investigación penal que terminó con los siete detenidos. De esta manera, el caso contempla dos vías: una administrativa por la tala sin autorización y otra penal por los posibles delitos asociados a la extracción y comercialización de la madera.
Bosque siempreverde afectado
Entre las especies identificadas por CONAF se encuentran luma, tiaca, canelo, ulmo, avellano, tepa, coihue y mañío, todas características del bosque siempreverde de la zona.
El canelo tiene además una especial importancia cultural para el pueblo mapuche, al ser considerado un árbol sagrado.
El caso vuelve a poner en el centro la protección del bosque nativo en el sur de Chile y el impacto que genera la extracción ilegal de madera. Mientras CONAF busca establecer las responsabilidades administrativas, la investigación de la PDI deberá determinar la eventual participación de los detenidos y de otras personas en la extracción y comercialización de las especies.
El Maipo
