No, no se trata del sueldo del lector o lectora de esta columna. Tampoco del de un gerente exitoso ni del de un alto ejecutivo del sector privado. Se trata del sueldo del futuro Presidente de la República, José Antonio Kast, que pasará desde los actuales 7 millones de pesos a 11 millones, lo que equivale a un incremento del 57,14%. Un aumento que, dicho sin rodeos, resulta difícil de conciliar con el discurso político que lo acompaña.
La contradicción es evidente. El mismo gobierno que ha hecho de la austeridad fiscal una bandera identitaria, y que ha anunciado un recorte del gasto público del orden de los 6.000 millones de dólares, inicia su mandato con una señal que va exactamente en la dirección opuesta. No es solo un problema de cifras, sino de coherencia política y de señales simbólicas en un país marcado por salarios estancados, endeudamiento estructural y precariedad laboral.
Pero el punto central no es —o no debiera ser— el sueldo de una sola persona. El problema real es que el sueldo presidencial no opera de manera aislada. En el Estado chileno existe una escala salarial indexada, de modo que cuando sube el ingreso del Presidente, suben automáticamente los sueldos de ministros, subsecretarios, directores de servicio, seremis y otros altos funcionarios cuyos ingresos están vinculados jerárquicamente al del primer mandatario. No es un aumento individual: es un efecto dominó en la cúspide del aparato estatal.
Esta dinámica profundiza una paradoja difícil de explicar a la ciudadanía. Mientras se pide “apretarse el cinturón”, se ajustan programas, se racionaliza el gasto social y se invoca la disciplina fiscal como virtud republicana, la élite política-administrativa ve mejorar sustantivamente sus ingresos. Todo ello en un contexto donde los salarios reales de la mayoría de la población no crecen al mismo ritmo, y en muchos casos ni siquiera logran compensar el costo de la vida.
La pregunta de fondo no es legal —probablemente el aumento se ajusta a la normativa vigente—, sino política y ética. ¿Qué tipo de liderazgo se ejerce cuando el ajuste comienza siempre por abajo y la holgura se preserva arriba? ¿Qué noción de austeridad es compatible con un incremento salarial de esta magnitud en la cúspide del poder?
En democracias tensionadas por la desconfianza, los símbolos importan tanto como las políticas públicas. Y en este caso, el símbolo es claro: la distancia entre el discurso y la práctica, entre la austeridad proclamada y los privilegios efectivamente resguardados. Una distancia que no se mide en millones de pesos, sino en legitimidad.
