El Senado rechazó este martes la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, poniendo término a un proceso impulsado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido Republicano, quienes buscaban atribuirle responsabilidad política por presuntas irregularidades en las proyecciones fiscales elaboradas al finalizar la administración anterior.
El libelo cuestionaba las diferencias detectadas entre las estimaciones del déficit fiscal y de la deuda pública proyectadas para los años posteriores.
Aunque la acusación había sido aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputadas y Diputados con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, su destino en el Senado se veía complejo debido a la ausencia de representantes del Partido de la Gente (PDG), cuyos votos fueron determinantes para que avanzara a la Cámara Alta.
Los cuatro capítulos fueron rechazados
Durante la sesión, el Senado desestimó cada uno de los capítulos de la acusación.
El primero fue rechazado por 25 votos en contra, 16 a favor y cuatro abstenciones.
El segundo obtuvo 32 votos en contra, nueve a favor y dos abstenciones.
El tercer capítulo también fue desechado, con 26 votos en contra, 16 a favor y tres abstenciones.
Finalmente, el cuarto apartado fue rechazado por 33 votos en contra, 10 a favor y dos abstenciones, cerrando definitivamente la tramitación del libelo.
Debate marcado por cuestionamientos jurídicos
La discusión estuvo marcada por las dudas planteadas respecto a la solidez jurídica de la acusación, ya que diversos especialistas habían advertido previamente que no se configuraban las causales constitucionales necesarias para su aprobación.
En ese contexto, varios senadores explicaron públicamente las razones de su voto.
El senador Vlado Mirosevic (PL) sostuvo que no existía una infracción constitucional que justificara la acusación y afirmó que este mecanismo “no está hecho para construir críticas sobre apreciaciones de mérito de la gestión pública”. Pese a ello, decidió inhabilitarse de la votación.
La senadora Claudia Pascual (PC) también se abstuvo de participar por mantener un vínculo familiar lejano con el exministro.
Por su parte, el senador Karim Bianchi (IND) cuestionó el costo que implicó convocar a los legisladores durante la semana regional para discutir el libelo, estimándolo en cerca de $200 millones.
En tanto, la senadora Andrea Balladares (RN) señaló que no alcanzó la convicción necesaria para acreditar una infracción constitucional, mientras que el senador Fidel Espinoza (PS) sostuvo que las acusaciones constitucionales han ido perdiendo su carácter excepcional y se han transformado en una herramienta de confrontación política.
Finalmente, la senadora Paulina Núñez (RN) manifestó que, pese a reconocer la compleja situación fiscal del país, no estimaba acreditada la responsabilidad constitucional atribuida al exministro Nicolás Grau.
El Maipo
