El ministro de Justicia señaló que la entrega de los documentos se realizará “cuando corresponda”, sin establecer un plazo concreto. La falta de antecedentes mantiene dificultades para la labor de la Defensoría de la Niñez y complica a los parlamentarios que preparan una acusación constitucional.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, evitó este lunes comprometer una fecha para entregar los decretos que concedieron rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La autoridad sostuvo que la información se dará a conocer “cuando corresponda”, sin precisar cuándo estarán disponibles los documentos.
La declaración se produjo en los pasillos del Congreso, en Valparaíso, después de que Rabat participara en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Consultado por los plazos para transparentar los antecedentes, el secretario de Estado afirmó que el Gobierno debe resguardar la información reservada y la identidad de las víctimas.
“Yo no he dicho que no lo sean (de conocimiento público), hay que tener cierto resguardo. Nosotros queremos velar siempre por la indemnidad de las víctimas y, por lo tanto, se trata de entregar información resguardando antecedentes que son reservados”, señaló.
Sin embargo, el ministro no entregó un calendario para liberar los actos administrativos. Su postura generó cuestionamientos entre parlamentarios, especialmente porque hace alrededor de diez días había señalado ante legisladores que estos documentos tenían, en esencia, carácter público.
Falta de documentos dificulta la protección de las víctimas
La ausencia de los decretos también afecta el trabajo de la Defensoría de la Niñez, que ha advertido que no cuenta con los antecedentes necesarios para identificar a las víctimas y evaluar las medidas de protección que requieren.
La institución necesita conocer los casos involucrados para determinar eventuales riesgos y coordinar acciones de resguardo para los niños, niñas y adolescentes afectados.
La controversia se relaciona con 56 decretos de rebaja de condenas concedidos a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La discusión se ha centrado en los fundamentos jurídicos de esas decisiones y en las responsabilidades de las autoridades que participaron en su tramitación.
Oposición avanza en acusación constitucional
La falta de información también complica a los parlamentarios que preparan una acusación constitucional contra Fernando Rabat. Los equipos jurídicos de la oposición ya trabajan en la redacción del libelo y consideran que los decretos y sus antecedentes son fundamentales para sustentar la presentación.
El presidente del PPD, Raúl Soto, confirmó que los abogados se encuentran trabajando en el proceso y adelantó que esperan realizar una reunión de coordinación durante esta semana.
Por su parte, el diputado socialista Raúl Leiva sostuvo que los documentos son necesarios para contrastar los antecedentes y fundamentar la acusación.
“Uno de los elementos fundamentales son los antecedentes que nos pueda entregar el Gobierno respecto de esos decretos”, señaló.
El parlamentario agregó que el Ejecutivo tiene la obligación de entregar la información solicitada por la Cámara de Diputadas y Diputados, en su calidad de órgano fiscalizador.
Mientras tanto, Rabat mantiene su respaldo político en el Gobierno y ha descartado dejar el cargo. La oposición, en cambio, insiste en exigir su renuncia y cuestiona la falta de transparencia sobre los decretos que permitieron las rebajas de condenas.
El Maipo
