Por Ana Cristina Alvarado
El decreto que crea los parques marinos Juan Fernández II y Nazca Desventuradas II fue retirado de Contraloría por el gobierno de Kast. La propuesta plantea proteger 359 855 kilómetros cuadrados adicionales, llevando a Chile a tener el 54 % de su Zona Económica Exclusiva protegida. Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente, dijo en el Senado que están revisando y corrigiendo la propuesta y que sería reingresada a Contraloría antes de fin de año. Aunque la propuesta tiene apoyo de sectores ambientales, regionales e incluso pesqueros, también tiene oposición por parte de las pesquerías de pez espada y jurel.
Parecería contradictorio que un grupo de pescadores busque crear áreas marinas donde no se pueda pescar. Pero en el archipiélago de Juan Fernández, en Valparaíso, Chile, no hay ninguna contradicción. La comunidad de Juan Fernández tiene una larga tradición de conservación ambiental y, desde hace varios años, pescadores y pobladores están comprometidos con el objetivo de lograr la declaración de dos parques marinos protegidos: el Mar de Juan Fernández II y Nazca-Desventuradas II
En marzo de 2026, pensaron que habían finalmente alcanzado la meta, cuando el entonces presidente Gabriel Boric firmó el decreto que estableció los dos parques marinos. La alegría, sin embargo, duró poco. Al inicio de su mandato, el gobierno de José Antonio Kast retiró de Contraloría el decreto que ordenaba su creación. La Contraloría es la última instancia que debe aprobar la constitución de las áreas marinas protegidas.
“No es algo que se nos antojó a última hora y no es algo que viene del Gobierno anterior”, aclara Pablo Manríquez, alcalde de Juan Fernández, para enfatizar que la decisión de conservar estos espacios marinos no es reciente.
Manríquez relata que la protección de la totalidad de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los archipiélagos de Juan Fernández y de las islas Desventuradas es una decisión comunitaria que se convirtió en política de Estado y ha estado trabajándose a través de diferentes instrumentos desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, que comenzó en 2006. “Esperamos que el gobierno de Kast tenga la sinergia para continuar con un compromiso de Estado”, añade.
Tras ocho meses del retiro, los habitantes de Juan Fernández no se han quedado quietos. Manríquez señala que han solicitado a Francisca Toledo Echegaray, ministra de Medio Ambiente, el reingreso del decreto. En agosto pasado, la funcionaria dijo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado que están corrigiendo errores en el decreto, relacionados, por ejemplo, con la forma en la que se presentaron las coordenadas de los parques marinos propuestos, y que espera que todos los procedimientos pendientes se concreten durante el segundo semestre del año.
Un pedido de reingreso del decreto a la Contraloría, dirigido al presidente Kast el 28 de septiembre pasado, al que accedió Mongabay Latam, cuenta con firmas de apoyo de senadores de la Comisión de Medio Ambiente y de senadores por la Región de Valparaíso, de diputados del Distrito 7-Región de Valparaíso e incluso de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.
Más de 100 años de tradición en conservación ambiental
En la comunidad de Juan Fernández el deseo por buscar la sostenibilidad ambiental puede rastrearse cien años atrás. Aunque la economía insular gira en torno a la pesca de langosta (Jasus frontalis), hace más de un siglo los pescadores promovieron la creación de medidas de protección a la pesca de la especie, según cuenta Maximiliano Bello, especialista global de áreas marinas protegidas de la organización no gubernamental Blue Marine.
A pesar de sus precauciones, hubo otras amenazas que no pudieron detener. Entre 1999 y 2006, la pesca de arrastre del orange roughy (Hoplostethus atlanticus) y del alfonsino (Beryx splendens) destruyó la superficie de los montes marinos de Juan Fernández. Atestiguar esto motivó a los habitantes insulares a proteger toda la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los archipiélagos, de acuerdo con su alcalde.
El proceso ha sido largo y cuenta avances y retrocesos. A través de los gobiernos de los últimos 20 años y con el apoyo de distintas organizaciones dedicadas a la conservación ambiental, la comunidad ha logrado que se declaren los parques nacionales Nazca-Desventuradas, con 300 035 kilómetros cuadrados, y Mar de Juan Fernández, con 262 000 kilómetros cuadrados. Se suman el Parque Nacional Montes Submarinos Crusoe y Selkirik, con 1078 kilómetros cuadrados, y un Área de Conservación de Múltiples usos (ACMU) de 24 000 kilómetros cuadrados, donde sí se pesca. Unos 587 000 kilómetros cuadrados ya están protegidos.
Las áreas se gestionan a través del Consejo Local de Gestión, una mesa público-privada con representantes de seis organismos del Estado y de la comunidad, señala Julio Chamorro, presidente del Consejo.
“Normalmente se crean áreas protegidas muy pequeñas. Ellos están haciendo lo contrario, pero en línea de lo que los científicos dicen: si cuidas un área mayor, vas a tener más recursos”, resalta Bello.
Una consulta comunitaria puerta a puerta realizada en 2025 registró un respaldo del 99 % de los residentes de Robinson Crusoe -donde se concentra alrededor del 90 % de los habitantes del archipiélago- a la propuesta que busca proteger prácticamente todo el mar jurisdiccional alrededor de los territorios insulares.
Con la propuesta de los dos nuevos parques marinos se sumarían 359 855 kilómetros cuadrados, cubriendo la totalidad del objetivo inicial. De concretarse la declaratoria, Chile pasaría de proteger el 44 % de su ZEE al 54 %.
El objetivo es resguardar ecosistemas con una biodiversidad y un endemismo excepcionales. El 87.5 % de los peces de Juan Fernández y el 72 % de los de Desventuradas son endémicos regionales, de acuerdo con el informe técnico para la creación de las áreas marinas protegidas a la que accedió Mongabay Latam. Las oceanógrafas Victoria Salas y Josefa Pino son las autoras del documento.
La importancia de los corredores marinos y los montes submarinos
La propuesta de la creación de los parques marinos Juan Fernández II, con 216 527 kilómetros cuadrados, y Desventuradas II, con 142 928 kilómetros cuadrados, complementa la protección ya establecida por los parques Juan Fernández I y Desventuradas I. Las nuevas áreas se enfocan en la protección de un corredor marino por donde transitan y cumplen sus ciclos vitales especies de importancia comercial, incluida la langosta, el jurel (Trachurus murphyi) y el pez espada (Xiphias gladius), y especies centinelas del bienestar oceánico, como tiburones, ballenas y aves marinas.
Otro objetivo para el establecimiento de estas dos áreas es proteger los montes submarinos, destacados por la gran biodiversidad y endemismo que albergan. Aunque en 2015, Chile prohibió la pesca de arrastre en 117 de estas elevaciones, recientemente se han descubierto nuevos montes submarinos en la ZEE de ambos archipiélagos. Uno de ellos es el Solito, que tiene “un ecosistema único” y “especies endémicas recién descubiertas por la ciencia”, dice Manríquez.
Para los habitantes de Juan Fernández, la protección se conecta con la sostenibilidad. Chamorro explica que viven del mar, mayoritariamente de la pesca, pero también de actividades turísticas, que dependen de que haya especies y paisajes que avistar.
De acuerdo con el informe técnico, la protección de las nuevas áreas “podría generar importantes co-beneficios para las pesquerías mediante el efecto ‘spillover’, incluyendo incrementos en el stock de peces, volumen de capturas, capturas por unidad de esfuerzo, fecundidad y exportación de larvas”. Es decir, debido a que las especies no se restringen a las áreas protegidas, las pesquerías comerciales de jurel o de pez espada podrían salir beneficiadas, explican las fuentes consultadas.
La oposición de la pesquería de pez espada y jurel
La Mesa Nacional de la Pesquería de Pez Espada y el Comité de Manejo del Jurel manifestaron su desacuerdo con la ampliación propuesta por la comunidad de Juan Fernández, según un informe público de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) de enero de 2026.
No obstante, de acuerdo con la carta dirigida al presidente Kast para defender la creación de las áreas protegidas, las capturas legalmente reportadas en las áreas a conservar representan el 2 % de los desembarques nacionales de pez espada. El informe de la Subpesca señala también que el uso histórico de la flota de pez espada del área propuesta tiene “baja intensidad”.
De acuerdo con el mismo documento de Subpesca, en los últimos cinco años, las capturas de jurel se concentraron dentro de la ZEE continental y en zonas cercanas a la costa. Sin embargo, se señala, existen antecedentes de actividad pesquera al interior de la ZEE del archipiélago de Juan Fernández, que, en determinados ciclos oceanográficos, puede constituir “un área estratégica para la actividad pesquera nacional”.
Por esos argumentos, el decreto firmado por el gobierno anterior dejó fuera de las áreas a proteger unos 22 000 kilómetros cuadrados, explica Manríquez. Esa sería el área donde, aunque en baja intensidad, se realiza la pesca comercial.
Subpesca le dijo a Mongabay Latam que la modificación del polígono «no ha sido sometida a evaluación técnica formal de Subpesca ni presentada a las instancias de gobernanza pesquera señaladas». Además, la entidad reiteró que «la baja actividad [pesquera] reciente no necesariamente refleja la importancia histórica ni el potencial futuro de estas áreas, aspectos que deben considerarse al evaluar decisiones de protección marina de carácter permanente».
Sergio Hernández, presidente de la Asociación Gremial de Armadores Pesqueros Artesanales de Lebu y miembro de la Mesa Nacional de la Pesquería del Pez Espada, le dijo a Mongabay Latam que su gremio se opone a la creación de los dos nuevos parques marinos porque ya existen áreas protegidas en la zona, que se crearon en acuerdo con los pescadores, y que ahora el resultado sería contraproducente para la actividad pesquera. “Nos oponemos porque con eso nos quitan más áreas de pesca donde hemos pescado históricamente”, aseguró.
Mientras tanto, la comunidad de Juan Fernández sí aceptó el nuevo polígono, aseguran los dos líderes consultados.
En su informe, Subpesca concluye que es posible avanzar con la creación de las áreas protegidas, pero que el Estado debería considerar “mitigación o compensación para las flotas afectadas”. Debido a las bajas capturas en la zona y al apoyo de la Confederación de Pescadores Artesanales para la creación de los parques marinos, para Bello, los pescadores de pez espada “buscan pescar a río revuelto” y exigir una compensación.
Subpesca aseguró a Mongabay Latam que «la referencia a eventuales medidas de mitigación o compensación responde a la necesidad de considerar preventivamente los posibles efectos de restricciones permanentes sobre la actividad pesquera».
Contrario al informe anterior, en octubre de 2026 Subpesca planteó crear un área de conservación de múltiples usos (ACMU) en Juan Fernández y Desventuradas en lugar de ampliar los parques marinos. La institución le dijo a Mongabay Latam que la propuesta «responde a la necesidad de avanzar hacia una protección efectiva de los ecosistemas marinos, considerando también las características ambientales, sociales y productivas del territorio».
Hernández, el líder pesquero, apoya la creación del ACMU. «Nosotros queremos que se haga un área de múltiples usos donde se proteja el medio ambiente y nosotros podamos seguir trabajando», afirmó.
La comunidad de Juan Fernández se opone a esta propuesta, aseguraron los líderes consultados.
Con la mira en la protección de un área en altamar
Entre las ZEE de Juan Fernández y las Desventuradas hay una franja que corresponde a aguas internacionales, es decir, es un área que no está bajo la jurisdicción chilena. Entre el 1° de enero de 2012 y el 1° de julio de 2025, Global Fishing Watch detectó allí 133 buques que sumaron 42 604 horas de aparente actividad pesquera. La zona acumuló 26 veces más horas de aparente actividad pesquera que lo registrado en el nuevo polígono de los dos parques que se quieren crear.
La mayoría eran embarcaciones chinas poteras, que llegan hasta estas aguas para pescar calamar gigante. También hubo palangreros españoles y japoneses y solo dos buques chilenos.
Para proteger esta zona, el primer paso es lograr la creación de los dos parques marinos nacionales. Pero las fuentes consultadas confirman que tienen la mira puesta en empujar la creación de un área protegida en altamar. Esto sería posible gracias a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, más conocido como Tratado de Altamar.
“No es casualidad que Chile esté postulando a Valparaíso como sede mundial de la secretaría del Tratado”, dice Chamorro.
Bello asegura que desde Naciones Unidas hay interés en continuar con el liderazgo chileno en la protección de los océanos y, por lo tanto, de respaldar la candidatura del país como sede de la secretaría del Tratado.
En este contexto, los habitantes de Juan Fernández y las instituciones que los respaldan esperan que se reingrese el decreto antes de terminar el año y así por fin continuar con el legado de conservación y sostenibilidad que heredaron de sus bisabuelos.
*Imagen principal: ecosistema característico de Juan Fernández, con actinias coloniales (Corynactis sp.), esponjas, erizos y langostas (Jasus frontalis). Foto: cortesía Eduardo Sorensen
El Maipo/Mongabay
