Por estos días hemos podido ser testigos del ejercicio laboral de profesionales con múltiples títulos y grados académicos, pero con un bagaje cultural insuficiente y desempeños que preocupan. No es casualidad: es el resultado de un sistema que iguala credenciales, pero no exige formación equivalente.
En Chile hemos llegado a un punto incómodo de la discusión pública: se puede cuestionar casi todo, salvo la ficción de que todos los títulos profesionales valen lo mismo porque la ley así lo permite. Y, sin embargo, basta mirar con un mínimo de honestidad intelectual la arquitectura de ciertos programas para advertir que no estamos frente a trayectorias equivalentes, sino ante credenciales formalmente homologadas que descansan sobre experiencias formativas profundamente disímiles.
La ley, es cierto, define el título profesional como aquel que confiere la formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño, y el grado de licenciado como el que acredita haber cursado un programa que comprenda los aspectos esenciales de una disciplina. En el papel, eso parece razonable. El problema empieza cuando esa promesa normativa convive con un mercado universitario que, amparado en la flexibilidad, la continuidad de estudios y el reconocimiento de aprendizajes previos, ha terminado por naturalizar itinerarios extraordinariamente abreviados que desembocan en grados y títulos con idénticos efectos jurídicos.
No se trata de negar que existan segundas oportunidades, reconversiones o trayectorias no lineales. Eso sería mezquino. El punto es otro: una cosa es reconocer experiencia previa, y otra muy distinta es banalizar el espesor académico de una licenciatura o de una profesión cuya calidad depende, precisamente, de la amplitud de su formación. Cuando una universidad ofrece una Licenciatura en Artes en modalidad online, vespertina, de apenas cuatro trimestres, diseñada para “reconocer la experiencia y trayectoria” de artistas y postulantes con estudios previos o 1.600 horas certificadas, lo que queda abierto no es solo un camino alternativo, sino una pregunta de fondo sobre qué significa hoy, en Chile, “licenciarse” en una disciplina.
A esa tensión se suma otra dimensión, más silenciosa pero igualmente decisiva: el acceso. Porque mientras el sistema tradicional exige atravesar una secuencia de filtros —rendimiento escolar sostenido, puntajes de selección, competencia por cupos limitados en carreras altamente demandadas—, buena parte de la oferta privada flexibiliza o directamente prescinde de esos umbrales, trasladando el eje desde el mérito académico hacia la capacidad de pago. No se trata de demonizar la educación privada, que ha ampliado oportunidades y diversificado trayectorias. Pero sí de reconocer que, en ciertos casos, esa apertura opera como una forma de acceso preferente que descomprime las exigencias iniciales del sistema tradicional. En la práctica, el mensaje que se instala es incómodo: no todos recorren el mismo camino para llegar al mismo lugar.
La pregunta se vuelve todavía más urgente cuando el mismo ecosistema ofrece programas de Periodismo en modalidad comprimida, también online, de seis trimestres para carreras afines o nueve con nivelación. Un plantel los promociona como una vía para obtener “el mismo grado académico y título profesional que en una carrera de pregrado tradicional”, aclarando que el horario es vespertino, con clases sincrónicas y actividades asincrónicas, y agregando -sin pudor- que la modalidad no se indicará en el certificado de título. Es decir: el sistema no solo acorta; además, borra la huella del acortamiento.
A estas alturas, la discusión ya no es moralista. Es curricular. Compare cualquier malla tradicional de Periodismo de diez semestres con una ruta abreviada y la diferencia salta a la vista. La Universidad Católica del Norte, por ejemplo, mantiene una carrera de cinco años que declara una formación integral y en terreno, y cuya malla incorpora cursos como Historia de las Ideas, Realidad Histórica Contemporánea, Teoría Política y Gobierno, Relaciones Internacionales, Sociología de la Comunicación, Semiótica, Teoría de la Comunicación Social, Proyectos de Investigación y Trabajo de Titulación, además de talleres periodísticos progresivos y práctica profesional. Ese tipo de trayecto no solo enseña a redactar o a producir contenido: construye criterio, contexto y espesor analítico.
En contraste, la malla Advance de Periodismo de la UGM —también conducente a la licenciatura y al título profesional— concentra su recorrido en seis a nueve trimestres, con una estructura donde aparecen asignaturas como Introducción al Periodismo, Taller de Redacción y Géneros Periodísticos, Taller de Líneas Editoriales, Ética Periodística y Libertad de Expresión, Entorno Social, Entorno Económico y Corporativo, Entorno Político, Dirección de Comunicaciones, Gestión Estratégica de Stakeholders, Inglés I a V y Práctica Profesional. No es una malla vacía; sería injusto afirmarlo. Pero sí es una malla comprimida, orientada a la funcionalidad inmediata y apoyada en la lógica de continuidad, muy distinta de una formación extensa donde el piso humanista y de ciencias sociales no opera como adorno, sino como columna vertebral del oficio.
Y ahí está, precisamente, el nudo del problema. Las comunicaciones no son una técnica neutra. No basta con aprender formatos, plataformas, géneros y gestión reputacional. Un profesional del área que no haya sido obligado a pasar por historia, filosofía, sociología, antropología, teoría política, derecho, relaciones internacionales y lectura crítica de procesos sociales podrá quizá desempeñarse operativamente, pero difícilmente desarrollará la densidad cultural mínima que el oficio exige cuando se trata de interpretar fenómenos, jerarquizar hechos, leer conflictos o representar instituciones ante la opinión pública. Eso no se improvisa. Se estudia. Se discute. Se madura. Y, sobre todo, toma tiempo.
Por eso resulta tan revelador el caso —que no es uno, sino un síntoma— de ciertas figuras públicas que han acumulado, en plazos muy acotados, grados y títulos obtenidos al alero de este modelo. No hace falta nombrarlas. Basta observar el resultado práctico: desempeños pobres, fragilidad argumental, carencia de bagaje cultural y dificultades evidentes para sostener vocerías o lecturas complejas del entorno. No corresponde aquí hacer una imputación personal sobre la validez legal de sus diplomas, que existe. Lo que sí corresponde es preguntarse qué dice del país que el sistema considere intercambiables trayectorias formativas tan distintas cuando de ellas dependen funciones de alta responsabilidad pública.
Más aún: el agravio no es solo simbólico. También es social. Chile arrastra hace años un fenómeno de “cesantes ilustrados” y subempleo profesional que ya dejó de ser anécdota. Un informe del OCEC-UDP mostró que, en el trimestre mayo-julio de 2025, había 322.905 personas desocupadas con educación superior completa y 1.204.053 ocupadas en empleos de mediana o baja calificación, es decir, subempleadas por calificaciones; en conjunto, un 35,7% de la fuerza laboral con educación superior completa estaba desocupada o subempleada. Otra medición reportó que la tasa de desempleo entre personas con educación superior completa llegó a 7,5% en septiembre-noviembre de 2025, uno de los niveles más altos para ese período desde que hay registro. Ninguna de estas cifras prueba por sí sola que los programas abreviados sean la causa única del problema, pero sí vuelven completamente legítimo preguntarse cuánto aporta a la saturación profesional un sistema que multiplica credenciales sin diferenciar suficientemente trayectorias, exigencias ni profundidad formativa.
Ese es el verdadero escándalo: no que existan programas flexibles, sino que el país haya renunciado a discutir sus consecuencias. Porque cuando la equivalencia legal se convierte en equivalencia cultural, académica y laboral, lo que se degrada no es solo el prestigio de una carrera. Se degrada la confianza pública en la formación superior, se precariza el esfuerzo de quienes siguieron el camino largo, se licúa el valor del trabajo de titulación, de la práctica seria, del estudio riguroso y del tiempo invertido en adquirir una visión del mundo. Y se instala, además, una pedagogía perversa: que todo puede acelerarse, comprimirse, homologarse y venderse, incluso aquello que por definición requiere maduración intelectual.
La educación superior no puede reducirse a una maquinaria de certificación. Menos todavía en profesiones cuyo insumo central no es un procedimiento, sino el juicio. Licenciarse en Artes en cuatro trimestres (como ofrece otro establecimento) o titularse de periodista en una ruta extremadamente comprimida podrá ser legal. El punto es si también nos parece sensato. Si todavía creemos que una licenciatura debe abarcar “los aspectos esenciales” de una disciplina, como dice la ley, entonces ha llegado la hora de decir algo incómodo: en Chile no solo se expandió la educación superior; también se expandió la industria de las credenciales. Y el precio de esa inflación lo están pagando, primero, los profesionales formados con rigor; después, el mercado laboral; y finalmente, la calidad misma de nuestra conversación pública.
Constanza Schaub, periodista y colaboradora de elmaipo.cl
