En los momentos de crisis, la política abandona sus formas rutinarias y deja ver con mayor nitidez sus tensiones estructurales. Chile atraviesa uno de esos momentos. La emergencia de un proyecto político que aspira a reorganizar el conjunto del orden social —y que encuentra en la figura de José Antonio Kast su principal articulador— obliga a preguntarse por la naturaleza de esa apuesta. Una fórmula tomada del léxico de Antonio Gramsci parece particularmente precisa para describirla: pretensión de totalidad sin hegemonía.
No se trata de una mera consigna crítica, sino de un diagnóstico. La “pretensión de totalidad” designa un proyecto que no se limita a administrar lo existente, sino que busca redefinir las coordenadas mismas del orden social: la autoridad estatal, la seguridad como principio organizador, la economía de mercado como horizonte incuestionable, la restauración de ciertos valores culturales como fundamento de la cohesión nacional. Hay aquí un impulso de cierre, de coherencia, de articulación integral de demandas dispersas bajo una misma lógica. En términos gramscianos, podría leerse como un intento —aún incipiente, pero no por eso desdeñable— de constituir un nuevo bloque histórico: una alianza entre fuerzas sociales, económicas e intelectuales capaz de imprimir dirección al conjunto de la sociedad.
Pero ese impulso tropieza con su propio límite constitutivo: la ausencia de hegemonía. Para Gramsci, la hegemonía no es la victoria electoral ni el control del aparato estatal, aunque pueda incluir ambas cosas. Es, antes que nada, la capacidad de dirigir intelectual y moralmente a la sociedad; de producir un sentido común compartido que haga aparecer un determinado orden como legítimo y deseable, incluso para quienes no se benefician directamente de él. La hegemonía no se impone: se construye, mediante la articulación paciente de intereses particulares en torno a un proyecto que logra presentarse como interés general. En este punto, el proyecto kastista revela su fragilidad estructural. Su fuerza electoral es real, pero acotada; su adhesión es intensa, pero polarizante. No ha logrado —al menos hasta ahora— desbordar su propio perímetro ideológico ni producir ese consentimiento activo que distingue la dirección de la mera dominación.
Este desajuste entre pretensión de totalidad y capacidad hegemónica no es un accidente coyuntural: se inscribe en lo que Gramsci llamaba una crisis orgánica, es decir, una situación en la que las clases dirigentes han perdido la capacidad de conducir, pero las clases subalternas aún no han logrado constituirse como alternativa. Lo viejo no termina de morir; lo nuevo no acaba de nacer. En ese interregno —la palabra es de Gramsci, pero la situación es completamente contemporánea— proliferan los síntomas: los liderazgos fuertes que prometen orden, las narrativas de restauración, la nostalgia institucional. El kastismo no es la causa de esta crisis, sino uno de sus síntomas más nítidos: una respuesta que intenta suturar el vacío de conducción, pero que confunde la intensidad del diagnóstico con la solidez de la alternativa.
En este escenario, el riesgo más inmediato es el deslizamiento hacia lo que Gramsci denominaba revolución pasiva: procesos de reorganización política “desde arriba” que introducen cambios significativos en el aparato estatal y en la regulación social sin una movilización popular constituyente y sin una transformación profunda de las relaciones de poder. La revolución pasiva absorbe demandas —especialmente aquellas ligadas a la seguridad y al orden—, las procesa institucionalmente y las devuelve neutralizadas. Reordena la forma sin alterar el fondo. La totalidad, en este caso, es programática antes que hegemónica: hay un programa coherente, pero no hay una nueva dirección cultural capaz de sostenerlo.
Cuando esa operación no logra estabilizarse, emerge otra tentación histórica: el cesarismo. En situaciones de empate o fragmentación entre fuerzas sociales, el liderazgo político puede asumir un rol arbitral que se apoya en la institucionalidad formal mientras la vacía de contenido deliberativo. No es necesariamente una deriva autoritaria en el sentido clásico del término, pero sí un desplazamiento decisivo: la política se desplaza desde la mediación social hacia la centralización del mando. Se intenta resolver por decreto lo que no ha podido resolverse por consenso. La figura del líder fuerte suplanta la construcción del bloque.
El resultado de este cuadro es una forma de dominación estructuralmente inestable: se gobierna, pero no se conduce; se decide, pero no se convence; se ocupa el Estado, pero no se transforma la sociedad. La pretensión de totalidad sin hegemonía describe así una paradoja precisa: cuanto más abarcador es el proyecto en sus aspiraciones, más evidente se vuelve la distancia entre sus ambiciones y sus bases sociales y culturales efectivas. El resultado es una política de avances rápidos pero reversibles, de reformas intensas pero frágiles, que requiere permanentemente reactivar el miedo o la indignación para mantener su cohesión interna.
Para las fuerzas de izquierda, este diagnóstico plantea un desafío que no admite atajos. No basta con señalar la debilidad hegemónica del adversario: es necesario comprender las condiciones materiales, culturales y afectivas que hacen posible su emergencia. El kastismo no crece en el vacío; crece en la frustración acumulada ante un sistema que prometió integración y entregó precariedad, ante una izquierda que demasiadas veces habló de transformación y administró continuidad. Entender eso no es conceder terreno: es el primer paso para disputarlo.
Pero la crítica al adversario no puede sustituir la tarea estratégica de fondo: la construcción de una nueva hegemonía. Eso significa, en términos gramscianos, articular un bloque histórico capaz de integrar demandas sociales diversas —trabajo, cuidado, seguridad, dignidad— bajo un proyecto que logre presentarse como interés general y no como suma de reivindicaciones sectoriales. Significa también disputar el sentido común: esa capa profunda de percepciones, valores y certezas cotidianas donde se juegan, en última instancia, las batallas políticas más duraderas.
La pregunta gramsciana sigue siendo, en el fondo, la misma: ¿quién dirige y en nombre de qué? Mientras esa pregunta permanezca abierta, la política chilena seguirá oscilando entre proyectos que aspiran a la totalidad sin haber construido hegemonía, y resistencias que denuncian sin haber articulado alternativa. El interregno se prolonga. Y en ese intervalo, como advertía Gramsci, los monstruos proliferan.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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