La política no existe porque los acuerdos sean fáciles. Existe porque no lo son. El desacuerdo es el estado normal de cualquier sociedad donde conviven intereses y proyectos de vida distintos, y el acuerdo es la excepción que le arrancamos a ese desacuerdo con esfuerzo. Quien piensa que la política consiste en producir consensos ha entendido mal el asunto: la política empieza cuando reconocemos el desacuerdo como punto de partida, no cuando lo eliminamos.
Si el desacuerdo es la regla, ¿cómo logramos acordar algo alguna vez? Ahí sirve distinguir tres planos.
Los acuerdos de primer orden son los sustantivos: qué impuesto sube, qué reforma se aprueba, cómo se reparten los recursos. Es la parte visible de la disputa, y es normal que ahí falte acuerdo, porque ahí chocan intereses reales.
Los acuerdos de segundo orden son las reglas con que se procesa ese desacuerdo: cómo se vota, con qué quórums, en qué plazos. Son la infraestructura que evita que un desacuerdo sustantivo termine en bloqueo o en violencia, y que permite que quien pierde una votación acepte el resultado como legítimo aunque no lo comparta.
Pero esas reglas no se sostienen solas. Necesitan un tercer plano previo: el reconocimiento mutuo de quiénes tienen derecho a estar en la mesa donde se definen las reglas. Antes de acordar cómo se decide, hay que reconocer al otro como interlocutor válido, alguien cuya palabra cuenta y cuya existencia como actor político no está en cuestión. Es el nivel menos visible de los tres, porque normalmente lo damos por hecho. Solo se nota cuando falta.
Y ahí está el problema con la actual administración. No es que fallen los acuerdos de primer orden: eso sería lo esperable, la política funcionando con normalidad. El problema está más abajo, en el tercer orden. Este gobierno no reconoce como interlocutor legítimo a buena parte de quienes debieran sentarse a negociar. No los escucha porque antes no los ve como existentes en tanto sujetos políticos con derecho a incidir. Con quien se mira como adversario a suprimir, o como ruido a ignorar, no hay mesa posible, por bien diseñadas que estén las reglas procedimentales.
La megarreforma tributaria aprobada este año lo muestra con claridad. No fue una negociación en el sentido fuerte —un proceso donde las partes se reconocen mutuamente el derecho a modificar lo que propone la otra—, fue una tramitación con los votos justos, en jornadas maratónicas, frente a una oposición tratada como obstáculo a vencer y no como parte legítima de la discusión. El gobierno la aprobó porque tenía los votos. Pero tener los votos no es haber construido un acuerdo. Ahí se nota la diferencia entre ganar una votación y construir una decisión legítima: lo primero basta con la aritmética; lo segundo exige haber reconocido antes, en el otro, a alguien con quien vale la pena entenderse.
Mientras ese reconocimiento no exista, vamos a seguir viendo votaciones, no acuerdos. Y vamos a seguir confundiendo la fuerza de un número con la legitimidad de una decisión. Esa confusión no es un detalle técnico: es la que este gobierno necesita mantener para poder gobernar sin negociar, y tiene un costo que no se paga de inmediato, sino después.
Gobernar por aritmética, sin reconstruir nunca el reconocimiento de tercer orden, no acumula legitimidad: la va gastando. Cada ley aprobada así queda con una fragilidad de origen que no desaparece por haber sido promulgada; queda ahí, disponible para ser revertida en cuanto cambien los números, porque nadie construyó en el camino una razón compartida para sostenerla. Es la misma lógica, aplicada al revés, que ya vivió la izquierda con la Constitución del 80: una regla impuesta sin reconocimiento mutuo no pacifica nada, solo pospone el conflicto y lo hace más amargo cuando vuelve. Un país que se acostumbra a que gobernar sea imponer con los votos disponibles, y no construir con quienes piensan distinto, no está resolviendo su conflicto: lo está acumulando para la próxima vez que cambie la mayoría. Y esa próxima vez, con el precedente ya puesto, la tentación de responder con la misma moneda va a ser mucho más difícil de resistir.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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