Luego de la presentación de la Estrategia Nacional del Litio, el gran empresariado criollo se declaró “consternado”, y reclama por lo que estiman que es una baja consideración, falta de protagonismo y que se les otorga un rol secundario en la iniciativa presidencial. Incluso algunos han dicho ser objeto de “falta de confianza”, como si ellos no hubieran hecho nada para merecerla, y ahí están los casos de La Polar, las colusiones de farmacias, papel, supermercados y pollos, o el financiamiento ilegal de la política en la historia reciente, como mudos testigos de la falta de memoria de algunos… Paralelamente, el mundo económico internacional ha reaccionado declarando, no sin razón, que “Chile nacionaliza su riqueza básica del Litio”.
Pero contrariamente a lo que puedan decir, los privados tienen un lugar en la iniciativa presidencial.
En su propuesta de Estrategia Nacional del Litio, el Presidente de la República, Gabriel Boric, planteó cinco elementos fundamentales:
- El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una Empresa Nacional del Litio.
- El esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de la colaboración virtuosa público-privada.
- Avanzar hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares.
- Todo este desarrollo se hará con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras.
- Promover no solamente la extracción, no solamente la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado.
Especial interés reviste el segundo punto de la propuesta, que abre a privados la participación en la industria del litio nacional. Y es que cuando un Estado -no sólo en Chile- no cuenta con los recursos necesarios para desarrollar una fuente de riquezas propia, de manera competitiva y sostenible, recurre al capital privado, como fuente de financiamiento y tecnología, conservando la propiedad nacional de la fuente natural, reservando la generación de beneficios para el país y asegurando en el tiempo la sustentabilidad del recurso.
La fórmula señalada por el presidente para la participación privada en el litio, es parecida a la que hace años (casi 20) se utiliza en la exploración y explotación de hidrocarburos: los Contratos Especiales de Operación Petroleros (CEOP). Esto le ha permitido a ENAP, empresa estatal que tiene por ley el mandato de explorar y explotar los hidrocarburos nacionales presentes en el subsuelo -activos o por descubrir-, asociarse con empresas privadas, nacionales e internacionales, a través del mecanismo de contratos especiales de operación para el descubrimiento y beneficio de esa riqueza natural, en asociación con el Estado chileno. Así, la inversión y el riesgo económico es de los privados, la propiedad y el beneficio es del Estado, y el privado recibe una retribución por su inversión y riesgo.
En el caso de los hidrocarburos (petróleo y gas), Chile declaró que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los depósitos de hidrocarburos en cualquier terreno en que se encuentren” (Art 1, Ley 9.618, del 16 de junio de 1950, que creó ENAP).
Posteriormente, en sus en sus estatutos renovados en 2018, se estableció que ENAP, la empresa estatal mandatada para hacerlo, podrá ejercer actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos, dentro o fuera del territorio nacional, ya sea directamente o por intermedio de sociedades en las cuales tenga participación o en asociación con terceros. Si ejerciere dichas actividades dentro del territorio nacional por intermedio de sociedades en que sea parte o en asociación con terceros, deberá hacerlo por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, cumpliendo con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije en el respectivo decreto supremo” (Art.4, Estatutos ENAP, 1 febrero 2018, DS #24 Ministerio de Energía), consagrando así el mecanismo de los CEOP, que le ha permitido a ENAP desarrollar sus negocios en Chile y en el extranjero.
Más aún, los países con riquezas básicas naturales y que no cuentan con el financiamiento y/o tecnologías para aprovecharlas, recurren a mecanismos de este tipo, sin perder la propiedad y el control de sus riquezas básicas no renovables, abriéndose a la participación de privados, nacionales y extranjeros, para su explotación. El fee que los privados pagan por explotar dichas riquezas básicas en muchas naciones es muy alto, a pesar de lo cual el negocio para ellos continúa siendo atractivo:
A continuación se muestra la distribución de la renta petrolera en países de la región:
En México prácticamente el 100% de la renta generada se queda en poder del Estado y/o de la empresa estatal. En efecto, la estatal Pemex posee el monopolio de la explotación del petróleo; asimismo, la política tributaria en México establece mecanismos de recaudación especial para Pemex, que hace que la empresa le entregue al fisco prácticamente el total de la renta generada.
En Brasil si bien a partir de 1998 el Estado empezó con una política de licitaciones internacionales de nuevos bloques petroleros, la mayor parte ha sido generada por Petrobras. Así, actualmente la producción nacional es realizada casi totalmente por Petrobras, y sólo una parte marginal es realizada por actores privados. Más del 50% de la renta permanece en Petrobras como utilidades y excedentes, mientras que el resto va al fisco a través de impuesto a la renta, regalías y participaciones especiales. Es importante tomar en cuenta que la mayor parte de la renta de Petrobrás corresponde a los accionistas privados, pues esta es una empresa mixta con una participación mayoritariamente privada en las acciones preferenciales, que no tienen derecho a voto (en el capital ordinario, con derecho a voto, la participación del Estado sí es mayoritaria).
En Venezuela y Ecuador, la renta petrolera que queda en poder del Estado es de 74% y 59%; respectivamente (ver tabla). En estos países los mecanismos más importantes para capturar la renta petrolera son el pago de impuesto a la renta y las regalías. En ambos países ha habido iniciativas gubernamentales que han incrementado los ingresos por regalías en los últimos años.
En Argentina la renta que queda en poder del Estado es el 47%, la misma que se capta por regalías e impuesto a la renta. Adicionalmente, desde el 2002, las empresas privadas deben pagar un impuesto a las exportaciones de crudo que rinde ingresos similares a los otros dos impuestos mencionados.
En Venezuela, Ecuador y Argentina, una parte de la renta petrolera beneficia a los consumidores, pues los combustibles se venden en el mercado interno a valores menores que los precios internacionales.
Si bien Chile no es un gran competidor en la industria del petróleo, sí lo es en la industria del cobre, donde los resultados muestran que la dependencia del sector cuprífero llega a ser de alredor del 20% de los ingresos fiscales.
En Chile las empresas mineras privadas con ventas anuales sobre valor equivalente a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año, pagan en base a una tasa progresiva y ascendente que se calcula a partir del Margen Operacional Minero (MOM): si el MOM es de hasta 35, la tasa es del 5%. Sobre 35 y hasta 40, la tasa es del 8%. En otras palabras, comparando el fee que obtienen los países señalados por concepto de explotación petrolera con el que nuestro país obtiene por la explotación cuprífera, nuestro royalty minero resulta más que modesto. Y no se trata de una comparación antojadiza, a pesar de las diferencias naturales entre los hidrocarburos y el cobre, pues ambas son materias primas naturales no renovables, estratégicas, críticas y esenciales para la humanidad, tanto para el desarrollo de la industria energética y del transporte unos, y para el desarrollo de la industria tecnológica, la construcción, las comunicaciones o la industria manufacturera, el otro.
Un CEOP es un contrato administrativo de prestación de servicios petroleros, donde el riesgo es asumido por el contratista, cuyo fin es permitir al Estado explotar los recursos hidrocarburíferos indirectamente a través de un tercero. Las empresas suscriben un CEOP a través de una negociación directa entre ambas partes o mediante una licitación nacional o internacional, abierta o cerrada, del Ministerio de Energía.
Conceptualmente un CEOP le permite al consorcio realizar actividades de exploración y explotación en un área (bloque), sujeto a una serie de condiciones, las cuales deben ser realizadas por la empresa operadora, que debe ser parte del contratista. En el caso que las actividades de exploración resulten exitosas y se pase a una etapa de explotación, el CEOP faculta al contratista a recibir una retribución por la producción obtenida, la cual corresponde a un porcentaje de la misma. Paralelamente, le corresponde al Estado una regalía que equivale al porcentaje complementario de la retribución, también aplicado sobre la producción o su valoración.
Dentro de las principales características del CEOP destacan los plazos y vigencia del contrato, los compromisos mínimos asociados a cada uno de los períodos de exploración debidamente garantizados, el tamaño de las áreas y el cálculo de la retribución del contratista. En términos generales un CEOP distingue entre una Fase de Exploración y una Fase de Explotación del recurso.
Con todo, tanto en la responsabilidad nacional como en la apertura hacia los privados, se debe actuar con un sentido de oportunidad estratégica, pues nada asegura la vigencia en el largo plazo de recursos naturales que hoy aparecen atractivos para el mundo tecnológico y digital (en la historia quedó el salitre natural de nuestro país). Tampoco podemos inhibirnos de aprovechar en forma sostenible y sustentable, con cuidado ambiental y participación de las comunidades, las riquezas que Chile necesita para su desarrollo, para sus proyectos y programas sociales, como salud, vivienda, educación, pensiones, infraestructura, entre otros, que contribuyan a la superación de la pobreza y mejor distribución de la riqueza nacional. No hacerlo sería actuar como el perro del hortelano y mirar pasivamente cómo otras naciones capturan, ponen en marcha el valor y aprovechan sus ventajas comparativas en la industria del litio (como Australia, China o Argentina).
En suma, y como dijo el presidente, se trata de capturar “la mejor chance que tenemos para transitar hacia una economía sostenible y desarrollada. No podemos darnos el lujo de desaprovecharla”.
Por Aldo Siro Frites – Psicólogo, experto en Recursos Humanos y Comunicación Estratégica. Colaborador de El Maipo
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
