(Ciudad de Panamá) Integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida marcharán hoy hacia la Asamblea Nacional (parlamento) de Panamá para exigir el fin de la criminalización de las protestas contra una ley del seguro.
Según los organizadores de la manifestación, la caminata partirá desde el céntrico parque Urracá, en esta capital, para rechazar además las crecientes violaciones de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza en la occidental provincia de Bocas del Toro, epicentro del conflicto.
En ese territorio fronterizo con Costa Rica rige hasta el domingo un estado de urgencia que permite al Ejecutivo restricciones constitucionales, entre ellas los servicios de internet y telefonía móvil, medida criticada por diversos sectores.
La víspera, la Defensoría del Pueblo denunció ante la Fiscalía la posible muerte de un bebé de un año y medio en la localidad de Pueblo Nuevo, presuntamente por los gases lacrimógenos lanzados por agentes policiales para sofocar la revuelta en esa zona bananera.
Sobre este hecho la ONG Aldeas Infantiles SOS indicó en un comunicado que no puede quedar en el silencio ni en la impunidad, al tiempo que adelantó que lo llevaría ante la comunidad internacional para exigir el cese inmediato de toda acción violenta en territorios indígenas.
Por su parte, Transparencia Internacional advirtió que el extendido “estado de urgencia” en la provincia bocatoreña tras una escalada de la violencia durante las protestas y que suspende algunos derechos constitucionales así como las telecomunicaciones, “no autoriza suprimir garantías esenciales”.
“Declarar un estado de urgencia para restablecer el orden es legítimo si se usa dentro de las formas y límites del artículo 55. Pero la urgencia no autoriza suprimir garantías esenciales como el habeas corpus, la supervisión judicial o la privacidad de las comunicaciones, ni cortar la conectividad de toda la población, pero sobre todo la información veraz y objetiva”, precisó en un mensaje el capítulo panameño de esa organización.
Según ese documento, el estado de urgencia “solo autoriza a las fuerzas del orden público a actuaciones que protejan y nunca pongan en peligro a la ciudadanía, y no justifica abusos de ningún tipo”.
El Ejecutivo decretó el “estado de urgencia” el pasado 20 de junio en Bocas del Toro, tras una escalada de disturbios y violentas protestas desde hace una semana en el marco de las manifestaciones contra la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social.
La medida, prorrogada por otros cinco días más, suspendió garantías constitucionales como la libertad de tránsito, reunión, expresión y corte de las telecomunicaciones.
Al respecto, el Consejo Episcopal Latinoamericano y organismos de Derechos Humanos de la región solicitaron solidaridad con el pueblo panameño ante la crisis económica, social, política y del sistema de justicia.
Los activistas señalaron evidencias sobre abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza, vejaciones, amenazas con armas, incursiones a viviendas con gases lacrimógenos, y ataques directos a la población civil -incluyendo a niños, adultos mayores y personas que no participaban de las protestas.
El Maipo/PL
