(Lima) La aprobación de una nueva ley agraria que prolonga hasta 2036 subsidios tributarios a las grandes empresas agroexportadoras, motivó hoy opiniones adversas de organizaciones de agricultores y economistas de diversas tendencias.
La Asocación de Gremios Agrarios y la Federación de Trabajadores de la Agroindutria, criticaron la decisión del parlamento de mayoría neoliberal que en días pasados aprobó, contra sólidas objeciones técnicas que advierten que la legislación significará una importante merma de ingresos al fisco, según opinión inicial del Ministerio de Economía.
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), Florentino Mallma, señaló que el lobby (cabildeo) de las empresas beneficiadas con la reducción a la mitad del impuesto a la renta, se impuso al bien común.
“La posición de los trabajadores es que la ley se vaya al archivo, aunque eso parezca poco posible”, dijo y añadió que en el supuesto negada de que la presidenta Dina Boluarte observe la ley y plantee cambios, el Legislativo la ratificará por insistencia.
El diario La República calificó la ley como “un regalo tributario” para diez grandes empresas, que el año pasado aumentaron sus exportaciones en un 36 por ciento, lo cual no hubiera sido posible sin el apoyo y el respaldo de los partidos neoliberales y sus aliados en el parlamento.
También atribuye la decisión congresal a las gestiones del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, cuya esposa, según versiones de prensa no desmentidas, es ejecutiva de una de las empresas beneficiadas por la norma que rebaja el impuesto a la renta de 29,5 a 15 por ciento para las citadas empresas.
Mallma criticó también el acápite de la norma que debilita la fiscalización laboral a las empresas del rubro, desampara a los derechos laborales, ya mermados por al trato especial que recibe la agroexportación desde hace 25 años.
La Convención Nacional del Agro (Conveagro), que agupa a las centrales campesinas y organizaciones del agro, la nueva ley constituye un retroceso histórico al dañar a las cooperativas agrarias a ignorar a la valiosa agricultura familiar o tradicional.
El economista y profesor universitario Fernando Cuadros precisó que el trato tributario especial otorgado a la agroindustria significará una merma de ingresos al fisco de mil 888 millones de soles anuales, lo que se mantendrá hasta 2026, es decir en una década.
Los empresarios beneficiados y los parlamentarios que apoyaron la ley alegan que es necesaria para que las exportaciones mantengan y mejoren la posición lograda como uno de los pricipales proveedores de vegetales y frutas del mundo, gran éxito que, según los críticos, significa, por el contrario, que ya no necesita subsidios.
El economista Eduardo Recoba compara a las grandes empresas de agroexportación con “el hijo cuarentón que vive en casa de los padres y les pide dinero no obstante ganar el suyo”.
Fernando Cuadros, por su parte, señaló que mientras las utilidades del sector crecen incesantemente, los salarios de sus trabajadores han caído 30 por ciento desde 2018, lo que confirma, dice, que “los regalitos tributarios y la degradación de derechos laborales no generan desarrollo”.
“El lobby por encima de la discusión técnica, el rentismo por sobre la competitividad, la nueva ley es otra más en esta larga lista de normas hechas a pedido de intereses privados por la coalición mafiosa Congreso/Gobierno”, dijo el experto en desarrollo agrario Eduardo Zegarra.
Los técnicos del Ministerio de Economía plantearon el año pasado que la ley, entonces bajo análisis, no era conveniente para la economía nacional porque significaría una grave rebaja de ingresos al fisco, pero el nivel gubernamental no tomó eso en cuenta.
Y un economista considerado neoliberal, Waldo Mendoza, advirtió que todos sus colegas dicen que «la ley es mala e innecesaria. Ministro de economía que se respete debería observala”.
El Maipo/PL
